Un Eurobarómetro apunta a que el 95% de los españoles considera la corrupción como una práctica generalizada entre los Veintiocho

Bruselas. (EFE).- La Comisión Europea (CE) celebró que España haya adoptado medidas para combatir la corrupción tras los casos destapados en los últimos años, y también le pidió que las aplique y vigile más de cerca la financiación de los partidos políticos, el gasto de fondos públicos y la contratación pública.
«Proseguir las reformas en curso y garantizar la aplicación efectiva de las nuevas normas sobre la financiación de los partidos políticos» es la primera de una serie de recomendaciones que la CE formuló hoy a España para combatir ese problema.
Las recomendaciones siguen a una encuesta Eurobarómetro difundida este lunes que apunta a que una media del 76 % de los europeos considera la corrupción como una práctica generalizada entre los Veintiocho.
Según esa encuesta, Grecia e Italia son los países en que sus ciudadanos tienen esa percepción en niveles más elevados, con el 99 y el 97 %, respectivamente, mientras que en Lituania, República Checa y España esa cifra alcanza el 95%.
Los países nórdicos son los únicos donde sus ciudadanos creen que la corrupción es rara: Dinamarca (el 75 % de la población piensa que la corrupción es algo excepcional), Finlandia (64 %) y Suecia (54 %), según esos datos.
«La corrupción debilita la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas y en el imperio de la ley, daña a la economía europea y priva a los Estados de muchos ingresos procedentes de los impuestos», dijo la comisaria europea de Justicia e Interior, Cecilia Malmstrom, al presentar el primer estudio de la CE sobre esa lacra.
Las prácticas de corrupción cuestan anualmente a la economía de los Veintiocho, unos 120.000 millones de euros, según datos de la CE.
El Ejecutivo comunitario dijo que en España «el marco jurídico de lucha contra la corrupción está bien implantado y la ejecución de la legislación ha mostrados buenos resultados en la investigación de las prácticas corruptas, incluso a altos niveles».
Entre las recomendaciones hechas a España, al igual que a cada uno de los socios comunitarios, se concreta que es necesario prestar más atención a la supervisión de los préstamos, así como a la consolidación de las cuentas de los partidos, incluidas las ramas regionales y locales y otras entidades vinculadas a las formaciones políticas.
La CE sugiere también que se mejoren los controles financieros internos, los del Tribunal de Cuentas y que se aplique un régimen de sanciones reforzado.
Sobre las administraciones regionales y locales, la CE propone «desarrollar estrategias a la medida» precedidas de evaluaciones del riesgo de corrupción.
«Reforzar los mecanismos de control, hacer más transparente el proceso de toma de decisiones y garantizar una supervisión coherente de la calidad de la gobernanza local y regional», es otro de los consejos.
Para garantizar la conducta ejemplar de los políticos, Bruselas cree que deberían desarrollarse «códigos de conducta exhaustivos para los cargos electos a nivel central, regional y local» y reclama una rendición de cuentas adecuada e instrumentos sancionadores de las posibles violaciones de dichos códigos.
Reforzar la capacidad de la Oficina de Conflictos de Intereses para llevar a cabo verificaciones de forma independiente y eficaz y para aplicar sanciones disuasorias, también forma parte de las recomendaciones de Bruselas.
En cuanto a la ley de transparencia, la CE pide que se garantice su marco de aplicación, incluido un mecanismo de supervisión independiente de la mano de un sistema de sanciones disuasorias.
Por último, aconseja a España que tenga en cuenta las conclusiones del Tribunal de Cuentas central y organismos similares a nivel regional en lo que respecta a las irregularidades en los procedimientos de contratación pública a nivel regional y local.
«Una evaluación independiente de los grandes contratos de obras públicas y de las decisiones de planificación urbana» es el medio que propone Bruselas para identificar los factores de riesgo de corrupción, que también se muestra partidaria de que las autoridades de control de cuentas puedan llevar a cabo «controles sistemáticos y oportunos de los contratos públicos a nivel regional y local».
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