Diario Financiero
Opinión
Aldo Cerda, economista ambiental y de recursos naturales
14 de abril de 2014
 
Una de las novedades del proyecto de ley de reforma tributaria es la incorporación de las recomendaciones de la OCDE en orden a utilizar los llamados “impuestos verdes”, para compatibilizar mayor recaudación con el desincentivo a externalidades negativas como las emisiones de gases contaminantes. Según la Dirección de Presupuestos, se aspira a que el 2018 el 2% de la mayor recaudación provenga de tributos que gravan las emisiones de CO2, material particulado, SO2 y NOx.
Para los especialistas, un impuesto verde tiene la virtud de generar lo que se conoce como un “doble dividendo”, ya que por una parte se grava una actividad contaminante -y el extra costo realinea la ecuación de beneficios y costos marginales, generando un menor nivel de emisiones respecto de la situación sin tributo-, y por otra, la recaudación que se genera permite reducir la presión de uso de otros instrumentos tributarios que gravan el ahorro o el trabajo, distorsionando la eficiencia y reduciendo dinamismo del ecosistema económico.
Lo clave entonces es si el tributo propuesto produce cambios efectivos de comportamiento de los agentes generadores de emisiones contaminantes. El precio sugerido en el texto del proyecto para las emisiones de CO2 (US$5 por tonelada) es bajo respecto a lo que estudios internacionales sugieren como el costo social del cambio climático o respecto al promedio histórico del mercado regulado de emisiones de CO2 de la Unión Europea, que se sabe sufre de un problema endémico de sobreoferta de permisos de emisión. En tal condición, se puede generar recaudación, pero no cambios reales de comportamiento de los emisores.
Las presiones de la industria eléctrica por eliminarlo y de Hacienda por asegurar los recursos comprometidos para la reforma educacional, sugieren que una propuesta tendiente a aumentar el precio de la emisión no será viable políticamente, pero un cambio menor podría generar un efecto significativo: considerando no las emisiones actuales de la generación termoeléctrica, sino la proyectada por BCG al año 2017 (disponible en el sitio generadoras.cl), y asegurando los mismos recursos a recaudar -poco menos de $90,000 millones-, se podría permitir que hasta un 25% de las emisiones de CO2 del sector eléctrico provinieran de offset chilenos, certificados de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Lo anterior permitiría generar un precio “piso” que gatillaría el despegue de industria de proyectos genuinamente “verdes” (reforestación con especies nativas, generación ERNC, eficiencia energética, etc.). Este sistema –técnicamente conocido como tax-and-trade- sí cumple con el precepto básico de generar cambios efectivos en el sistema económico.
En el caso de las emisiones “locales” (MP, SO2, NOx), el precio piso sugerido (0,1 US$/tonelada) es irrelevante para cambiar decisiones operacionales, ni imaginar estratégicas. Sin embargo, la apertura a considerar en el reglamento el costo social de estas emisiones en cada comuna abre la posibilidad de generar incentivos concretos a modificar la oferta energética en las llamadas “zonas de sacrificio ambiental”, y a promover localización de nuevas plantas en zonas donde se minimiza el impacto social negativo de las mismas. Si ello está mínimamente conectado con los esfuerzos regionales de planificación territorial, se podría generar un escenario impensado de cambio en las políticas públicas al incorporar de manera sensata criterios de sustentabilidad.
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