El Gobierno se impuso ante los trabajadores al conseguir que se apruebe, en el ampliado de la

Central Obrera Boliviana (COB), este viernes 12 de noviembre, el proyecto de la nueva ley de

pensiones el que, según lo señalaron autoridades hace dos semanas, iba a ser consensuado con la

dirigencia en reuniones reservadas, lo que indica que no ha sido analizado por las bases las que,

por tanto, lo desconocen.

Según notas de prensa, 40 organizaciones fueron las que aprobaron en documento y votaron

para que el proyecto se remita a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), y sólo hubo cuatro

votos en contra: las Centrales Obreras de Oruro, Potosí y Chuquisaca, y la Confederación

Nacional en Educación Rural de Bolivia. Esa aprobación, aunque sea mayoritaria, refleja el

distanciamiento que existe entre la dirigencia sindical y las bases, situación que puede

convertirse en peligrosa, cuando los trabajadores cuestionen su contenido, el que también

recaería sobre sus dirigentes y, respecto del mismo gobierno, por no haberla socializado antes de

enviarla a la ALP, donde está por descontado que se aprobará sin revisión, si es que se procede

con la misma metodología respecto de algunos anteriores proyectos, como sucedió con la Ley

contra el Racismo y toda Forma de Discriminación:

Expertos

A fin de conocer los alcances de este proyecto, hemos pedido la opinión y el analisis de dos

especialistas —Carlos Arze Vargas y Alberto Bonadona Cossío— quienes coinciden en que el

mayor peso de la sostenibilidad del nuevo sistema, recaerá nuevamente sobre los trabajadores, lo

que significa que, básicamente, no habrá cambios respecto al actual sistema.

Veamos primero el análisis de Carlos Arze Vargas, director del Centro de Estudios para el

Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), quien señala que el proyecto del nuevo sistema de

pensiones mantiene el espíritu neoliberal del anterior, principalmente por cuatro elementos: 1.

hace recaer el mayor peso del financiamiento sobre los trabajadores; 2. el aporte patronal es

mínimo; 3. el Estado no aporta. Veamos:

Mayor responsabilidad a los trabajadores

Los trabajadores sostendrán el sistema con un mayor porcentaje de aporte: el 13%,

constituyendo la principal fuente de financiamiento.

Además, el llamado Fondo Solidario, cae también sobre los trabajadores, los que todavía

tienen sus aportes en el viejo sistema, en el CC; sin embargo, este fondo irá mermando hasta que

desparezcan esos rentistas, lo que significará a futuro, que los trabajadores activos deberán

aumentar sus aportes para que siga habiendo ese fondo solidario. Lo paradójico en el nuevo

proyecto es que los mismos trabajadores activos aportarán para sí mismos su fondo solidario, con

el 0,5 de su total ganado.

El Estado protege a los patrones

El aporte de la patronal es mínimo: 3%. Esta condescendencia hacia la patronal, no se acerca

al 21% que en el Código de Seguridad Social de 1956 fijaba a los empleadores. Se supone que

ahora, según los postulados del Gobierno “de ser un proceso hacia el socialismo”, mínimamente

las políticas públicas deberían tender a igualarse a las conquistas de la Revolución del 52.

Aumentar este porcentaje, debería ser una exigencia de los gobernantes, monto que no sería

sino recuperar, en algo, parte del salario no pagado por la patronal al trabajador, es decir,

recuperar un poco de la plusvalía.

El Estado no aporta nada

En el nuevo proyecto, el Estado no aporta ni un centavo para la jubilación de los ciudadanos,

lo mismo que en el actual sistema de las AFP de Capitalización Individual. Si contribuyera el

Estado sería una redistribución de los aportes que hacemos al erario público a través de los

impuestos que pagamos, directa o indirectamente.

Sin embargo, nuevamente la posición del gobierno al liberar al Estado, como aportante, se

hace incongruente ya que no actúa como lo hicieron los gobiernos neoliberales. Veamos por qué:

en 1956 (Código de Seguridad Social), durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro del período

de la Revolución Nacional, el Estado aportaba entre el 1 y 5 %, de acuerdo a la necesidad

particular del jubilado; en 1972 (Ley 1141), durante la dictadura militar de Hugo Bánzer, el

Estado dejó de aportar; en 1987 (Ley 924 y DS 21637), durante el gobierno neoliberal de Paz

Estenssoro, el Estado se hizo responsable de aportar con el 1 %; en 1990 (D.S. 22578), durante el

gobierno neoliberal de Jaime Paz Zamora, el Estado aporto con el 1,5 %; finalmente, en 1996

(Ley 1732), durante el gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada, el aporte del Estado

se anuló.

Veamos el siguiente cuadro sobre la evolución de Seguro Social, elaborado por Carlos Arze,

desde 1956 hasta 1996, cuando se instaura las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP),

quien señala que “la trayectoria de Seguridad Social en el país es la de reducción paulatina y

sostenida de la responsabilidad de empresarios y Estado para financiamiento, especialmente del

régimen de largo plazo.”

Las anteriores y otras observaciones más a la Nueva Ley de Pensiones, Carlos Arze las anota

a continuación:

—La propuesta es neoliberal, pues preserva principio del ahorro individual para los

asalariados, cambiando únicamente las “barreras” de acceso a prestaciones (60 años, 60% de

salario, etc.).

—La Renta Solidaria perpetúa las rentas bajas y es medida coyuntural y política,

“beneficiando” a grupos excepcionales de trabajadores.

—La sostenibilidad del Fondo Solidario depende de incrementar aportes laborales.

—Plantea demagógico régimen solidario semi-contributivo para independientes y salarios

bajos, financiado por aportes laborales, impuesto a ingreso personal y aporte patronal para

terceros.

—La cobertura de fondo solidario no llegará a sectores más pobres, debido a las condiciones

prevalecientes en el mercado del trabajo. Probable beneficio para sectores medios de sectores

terciarios y asalariados de bajos salarios.

—Riesgo de mayor precarización de las relaciones laborales e informalización por estrategias

empresariales de flexibilización.

—Orientación anti-obrera del gobierno, pues atenta a la reposición de la fuerza de trabajo,

única fuente de plusvalor (capital), al desconocer la responsabilidad empresarial y estatal de

financiar SS.

—Refuerza explotación de asalariados al cargar el peso del financiamiento de la Seguridad

Social sobre sus espaladas, bajo el argumento de que los asalariados serían privilegiados.

Bonadona: el riesgo es un proceso inflacionario

Alberto Bonadona, economista y especialista en pensiones, señala que la implementación del

nuevo sistema puede provocar un proceso inflacionario, ya que la cantidad de personas que se

jubilarían, puede llegar a más de 180 mil, y no sólo a 30 mil que dice el gobierno. Entonces, de

aumentarse el número de jubilados, la nueva administradora de pensiones tendría que disponer

de un monto similar al presupuestado para el gobierno central.

En cuanto a la fuente de financiamiento, Bonadona señala que se estaría proponiendo la

malversación, ya que se utilizaría “el 20% de la recaudación de primas de riesgo (el profesional y

el común), aporte solidario de trabajadores dependientes y personas naturales que tienen ingresos

altos a partir de los 13 mil bolivianos.”

Para evitar ellos, Bonadona propone que para garantizar la sostenibilidad el nuevo sistema, se

debería diseñar una escala diferenciada a los salarios, de manera de quien gane más, debe tributar

más

Conclusiones

Evidentemente, el Nuevo Sistema de Pensiones que se pretende hacer aprobar en la ALP, en

su esencia seguirá siendo neoliberal, al descargar sobre los trabajadores, el mayor aporte.

Asimismo, demagógicamente habla de Fondo Solidario, pero a costa exclusiva de los mismos

trabajadores. Como dice el saber popular, el gobierno está ganando indulgencias con avemarías

ajenas.

Estamos de acuerdo con Arze cuando señala que la patronal es la que debería aportar más,

medida viable, pues así lo hizo el Estado con las empresas petroleras, al cargarles mayores

impuestos. De esta manera, ahora debería tenderse en el nuevo proyecto de pensiones: aplicar un

impuesto sobre las utilidades netas de las empresas y así financiar el fondo para las jubilaciones.

Si bien la propuesta de Bonadona, de crear una escala impositiva diferenciada sobre los

salarios, donde los que ganen más tributen más, puede ser viable para financiar los fondos de las

pensiones. Consideramos que es la patronal la que debe entregar el aporte mayor, porque así se

recupera algo de la plusvalía.

Varios dirigentes sindicales han aceptado el proyecto de ley de pensiones, con el argumento

de que mejorarán las rentas de los que menos ganan, aún así, consideramos que son insuficientes,

ya que ahora un trabajador con 25 años de aporte, con un salario 1.500 bolivianos ¿qué hará con

una renta de jubilación de 1.100 bolivianos, aunque haya subido ésta de la actual de 376

bolivianos? Por eso consideramos, que con estas medidas se está entrando a un debate

distraccionista, con el que desvía la atención hacia el tema central que debía encarar la dirigencia

de la COB, el tema salario, que debe ser digno, suficiente y resultado de una fuente de trabajo

estable.

Cuando ese salario satisfaga todas las necesidades del trabajador y su familia, cuando cubra

en su totalidad los gastos de la canasta familiar, mínimamente para cinco miembros, entonces sí

la dirigencia de la COB debería sentirse orgullosa y negociar una ley de pensiones, porque

entonces se atendera a uno de los principales derechos de los trabajadores; solo así podrá

reproducirse la fuerza laboral. Lo contrario, es lo que está haciendo la dirigencia cobista,

contener las protestas a costa de la miseria de los asalariados y no asalariados.

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