Nota de prensa

CEDLA

“Lo que está aconteciendo en la Chiquitanía es una exacerbación de este proceso que es de larga data”, dice Enrique Ormachea, investigador del CEDLA.

Los conflictos por la tierra en la Chiquitanía son el efecto de una política estatal de impulso a una agricultura de escaso rendimiento y alta ocupación de espacio. Es parte de “una política de más largo plazo y que implica la incorporación de buena parte de la Amazonía boliviana en la producción de granos y carne para la exportación”, dice Enrique Ormachea, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).

En las últimas semanas, comunidades locales de la Chiquitanía y Bajo Paraguá han denunciado la llegada de campesinos migrantes a asentarse en esas tierras de forma irregular en coincidencia con la aparición de focos de fuego. Las denuncias surgen ahora como reacción a los incendios pues con anterioridad, por lo menos la región chiquitana, ha sido ocupada por propietarios privados de grandes extensiones, entre ellos las familias menonitas.

“En la Chiquitanía vamos a demostrar que las comunidades campesinas de los Interculturales, de la (Federación) Única y de las Bartolinas, legalmente están establecidas. No pasan de 600 comunidades, legalmente, con resolución de asentamiento. Están en tierras fiscales”, dice Marcos Miranda, dirigente de la Federación Única de Campesinos Indígenas de Santa Cruz.

El dirigente pone énfasis en que no existe perjuicio para los predios de propietarios individuales o colectivos, y atribuye a los adversarios del MAS la intención de desprestigiarlos con esas denuncias.

En el año 2019 los incendios forestales afectaron a más de 5 millones de hectáreas en Bolivia, con énfasis en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Cochabamba. En el año 2020 el daño fue menor, pero los incendios forestales continuaron a pesar de la pandemia y de las restricciones de desplazamiento.

“Lo que está aconteciendo en la Chiquitanía es una exacerbación de este proceso que es de larga data”, dice Ormachea. El proceso al que se refiere es la “marcha hacia el oriente”, una política definida en los años 40 en el Plan Bohan y ejecutada a partir de los 50 con el desarrollo de la agricultura capitalista en Santa Cruz, principalmente con los cultivos de algodón, caña y maíz.

“Es una política de carácter estatal, viene desde esa época, y la van aplicando los diferentes gobiernos hasta llegar al gobierno de Evo Morales que sigue avanzando ya no solo en el territorio cruceño sino hacia el norte de La Paz, hacia el Beni y hacia Pando”, explica Ormachea.

Nada ha variado con el actual presidente Luis Arce Catacora que sigue los lineamientos de la Agenda Patriótica 2025 que se fija como objetivo ampliar la frontera agrícola hasta lograr 13,5 millones de hectáreas cultivadas.

La única diferencia es que ahora el gobierno y los empresarios coinciden en que el cultivo que se debe desarrollar es la soya para destinarla a la exportación. Los datos sistematizados de Ormachea demuestran que, entre 2004 y 2019, Santa Cruz habilitó 85 mil hectáreas anuales para destinarla principalmente a la soya.

Ormachea está seguro de que los conflictos por la tierra van a continuar porque el gobierno del MAS ha planeado incrementar la producción agrícola abarcando cada vez más superficie, inclusive a costa del bosque, ante la imposibilidad de mejorar los rendimientos de los cultivos.

En San Rafael de Velasco, el cacique de la Asociación de Comunidades Indígenas (ACISARV), Julio Egüez, relata la forma en que aparecen las nuevas comunidades: “Según los datos que hemos conseguido del INRA habría 3.400 familias que tendrían que llegar a formar 130 comunidades. Supuestamente ya tienen resolución de asentamiento en la zona, hemos ido a verificar, pero no se encuentra gente, hay letreros colgados con nombres de comunidades y no hay actividad humana”.

“En enero encontramos dos comunidades en el área protegida municipal. Son gente contratada para ir a cuidar las parcelas. En una comunidad hablamos con ellos, eran como 12 personas, solo hablaban dos o tres, yo hablé con uno de los que estaba callado y me dijo que eran jornaleros. En la otra comunidad que se llama 14 de Septiembre solo había una pareja que estaba quemando palos para espantar a los loros, les dijimos que apaguen su fuego porque es peligroso, el suelo está lleno de hojarasca”, dice Egüez.

Pando, engullirse la amazonía

Ormachea recuerda que el 90% del territorio de Pando es bosque húmedo tropical, por tanto con una aptitud productiva asociada al aprovechamiento forestal maderable y no maderable, principalmente para la extracción de castaña.

“La castaña juega un rol fundamental y es la actividad económica que está permitiendo que no se tiren abajo los bosques, porque es una actividad importante de exportación tanto la recolección como el beneficiado”, dice Ormachea.

Los datos sistematizados por el investigador del CEDLA muestran un impulso gubernamental a ampliar la superficie para la explotación agrícola y ganadera. Los planes de desarrollo preveían 2.500 ha habilitadas para cultivos mecanizados y un complejo de silos administrados por EMAPA.

En pleno bosque amazónico, Rodrigo Medina, de comunidad Las Piedras, confirma ese avance a Radio San Miguel. “En Las Piedras se ha hecho 30 ha (de barbecho) para 30 beneficiados. Esto lo financia el gobierno municipal y en convenio con el Fondo Indígena, se ha adquirido maquinaria de primera en el municipio Gonzalo Moreno”, dice Medina.

Los pequeños productores están experimentando con arroz y maíz. Ormachea explica que, en Pando, los pequeños productores “están introduciendo agricultura mecanizada en zonas no aptas para este tipo de agricultura. Sus suelos son de uso fundamentalmente maderable y no maderable”.

En 2018, el gobierno de Evo Morales entregó silos para almacenar la producción de los municipios de Cobija, Porvenir, Bella Flor, Bolpebra, Puerto Rico y Filadelfia, así como tractores y maquinaria para el cultivo de pasto destinado a la ganadería.

Beni, nuevo uso de la tierra

El nuevo Plan de Uso de Suelos (PLUS) para el Beni cambió en 2019 la vocación productiva de sus suelos. Ormachea explica que “la principal modificación consiste en que gran parte de las tierras que antes eran clasificadas como de uso ganadero extensivo, puedan ahora ser utilizadas para el cultivo de pastos y otros cultivos agrícolas”.

“La agricultura va a ser en estas áreas del Cerrado que son pampas de escasa vegetación arbórea, que lo único que están produciendo para el país es humo (por los incendios)… Estos campos van a producir grano para copar el pequeño mercado nacional, pero sobre todo para exportar al mundo”, dice un entusiasmado Rolf Kohler, excandidato del MAS y exdirector de la ABT, al periodista de radio Bambú de Guayaramerín, Beni. El Cerrado es un sistema ecológico compuesto de diversas comunidades vegetales.

Los sectores políticos e intelectuales del Beni están preparándose para ese avance, aunque no precisamente a nivel técnico. “Pocas investigaciones (se han hecho) en la región, casi nada. Nosotros tenemos tierras muy similares a las de Rondonia (Brasil) porque solo nos divide el río, no podríamos decir si son buenas, pero sí son prometedoras”, comenta el docente universitario Miguel Coelho Pereira a radio Bambú.

Tampoco están preparados para invertir. Coelho explica: “Inicialmente van a llegar productores cruceños, quizás brasileños, y va a pasar como ha pasado en otras partes, comienzan a alquilar tierras, otros compran tierras, y se inicia la producción”.

En ese esquema no parecen estar representados los pequeños campesinos que también sueñan con la mecanización. “Hacemos lo que podemos porque todo lo hacemos (en modo) artesanal, no tenemos el apoyo productivo mecanizado para tener mayor producción y entrar con otros productos porque ahora nos mantenemos solamente con el arroz, la yuca y plátano”, explica Damares Barba, representante de los campesinos, que con “otros productos” se refiere a la soya y el maíz.

El norte de La Paz

El norte de La Paz es una región amazónica que también ha sido planificada para impulsar la agricultura y la industrialización con la instalación de la Empresa Azucarera San Buenaventura, pero “es un fracaso que pone en evidencia la imposibilidad de desarrollar una agricultura a gran escala en suelos que no tienen las condiciones para ello”.

Ormachea cita el estudio de Daniel Robison Agroindustria y amazonia boliviana, donde demuestra que “se trata de un proyecto que no tiene perspectivas de sostenibilidad, por lo que su continuidad dependerá de fuertes subsidios estatales”, algo difícil en el actual contexto de crisis.

La zona de San Buenaventura tiene un suelo que es de uso forestal maderable y no maderable, aunque con posibilidades de expansión de la ganadería en algunas zonas.

A diez años de la instalación de la empresa estatal y cinco años de funcionamiento de la molienda, el “polo de desarrollo” no se ha concretado aunque sí un avance sobre el bosque previo convencimiento a algunas comunidades de derribarlo para sembrar caña.

En todo caso, Enrique Ormachea explica que, frente a ese panorama, para lograr el incremento de la producción agrícola y ganadera, tanto para el consumo interno como para la exportación, corresponde elevar la productividad de ambas actividades, única forma que permitiría mantener las funciones ambientales y ecológicas que cumplen los bosques tropicales.

Para más información ver:

• Serie: Desigualdades y pobreza multidimensional. Nuevas desigualdades: agroindustria y Amazonía boliviana
  https://cedla.org/publicaciones/obess/serie-desigualdades-y-pobreza-multidimensional-nuevas- desigualdades-agroindustria-y-amazonia-boliviana/
• Agroindustria y amazonia boliviana. El caso de la empresa azucarera San Buenaventura https://cedla.org/publicaciones/prya/agroindustria-y-amazonia-boliviana-el-caso-de-la-empresa-azucarera-san-buenaventura/