Transnacionales petroleras conservan “posición dominante en el sector” /ElPaís-Tarija

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Transnacionales petroleras conservan “posición dominante en el sector” /ElPaís-Tarija

Por Alejandro Zegada – 28 enero, 2019




Renta por hidrocarburos (IDH y regalías). Fuente: Fundación Jubileo 2018.

“La
anunciada nacionalización de los hidrocarburos se quedó en papel”,
debido a “la persistencia de la dominación de los transnacionales
petroleras, el constante desafío de encontrar nuevas reservas de gas, la
alta dependencia de la renta petrolera para gastos públicos, el fracaso
de la diversificación económica, y la degeneración política del MAS”.

Esa
es la interpretación que tiene el investigador danés Jeppe
Krommes-Ravnsmed, cuyo trabajo ha sido publicada en el último número de
los Cuadernos de Coyuntura de Plataforma Energética, una iniciativa del
Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agraria (CEDLA).

Según
Krommes-Ravnsmed, “la lucha por la nacionalización de los hidrocarburos
abrió el paso para la victoria de Evo Morales en 2005, el pueblo
empobrecido esperaba por fin acabar con el saqueo de Bolivia. Pero los
contratos firmados con las transnacionales en 2006 abrogaron la
nacionalización”.

En aquel entonces se creyó que era posible
lograr una independencia económica sin enfrentarse con las
transnacionales, “pero en realidad, las petroleras han consolidado su
posición dominante en el sector, y en un momento de desaceleración en la
economía boliviana, el gobierno se ha visto empujado a cumplir una
agenda que coincide muy bien con los intereses de las transnacionales”,
agrega.

Ley de Hidrocarburos 3058

La actual
ley de hidrocarburos es fruto del referéndum del gas de 2004, en el que
los votantes aprobaron: la abrogación de la ley de hidrocarburos 1689
de Sánchez de Lozada, la recuperación de todos los hidrocarburos en boca
de pozo para el Estado boliviano, la refundación de YPFB recuperando la
propiedad estatal de las acciones de las empresas petroleras
capitalizadas para que el Estado participe en toda la cadena productiva
de los hidrocarburos, y subir impuestos y regalías hasta el 50% del
valor del gas extraído.

Actualmente, hay bastante consenso en
Bolivia de que el periodo de bonanza económica entre 2006 y 2014, se
debió básicamente al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH, vigente
desde 2005 con la Ley 3058), los altos precios internacionales del
petróleo, y los mayores volúmenes exportados.

Limitaciones estructurales

“La
debilidad de este modelo extractivista nuevamente se ha hecho visible
cuando cayeron los precios internacionales que provocaron la caída
abrupta de la renta petrolera en Bolivia a partir de 2014”, observa
Krommes-Ravnsmed.

La respuesta inicial del gobierno frente a la
caída de los precios del gas ha sido su intento de aumentar los
volúmenes de exportación, mientras varios expertos pedían, al contrario,
mantener una reserva estratégica para garantizar el mercado interno y
los retrasados proyectos de industrialización.

Para intentar
compensar el vaciamiento, ante la falta de exploración y de obligaciones
contractuales de las transnacionales para explorar, el gobierno aprobó
un paquete de normativas, como la Ley de Incentivos Petroleros y la
creación del Fondo de Promoción a las Inversión en Exploración y
Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH).

En su momento, el Centro de
Documentación e Información Bolivia (CEDIB), advirtió que dicha Ley en
los hechos creaba estímulos para que las trasnacionales extraigan
hidrocarburos de manera intensiva, y no así para la exploración.

El
entonces director del CEDIB, Marco Antonio Gandarillas, hacía notar que
esa ley daba incentivos a la extracción de condensado, cuando éste en
realidad “es una producción aparejada al gas natural, no hay un trabajo
adicional y por tanto, tampoco costos adicionales, porque la mayor parte
del condensado está producida en los megacampos de gas natural de San
Alberto, San Antonio y Margarita”. De esta manera, ello “ya no sería un
incentivo sino un estímulo a extraer con pérdida de hidrocarburos en
Bolivia”.

Por otra parte, el polémico FPIEEH confisca el 12% del
IDH que debiera destinarse a gobernaciones, municipios, universidades y
pueblos indígenas, para incentivar también a la exploración. Sin
embargo, desde su creación el año 2015, el Fondo ha acumulado más de 335
millones de dólares, que no se han utilizado según reconoció el propio
Ministro de Hidrocarburos Luis Alberto Sánchez.

Es más, mediante
un decreto supremo (No. 3722) dichos recursos fueron transferidos a
finales de 2018 a otra cuenta del Banco Central de Bolivia (BCB).
Curiosamente, las Reservas Internacionales del BCB, que están sufriendo
una caída imparable desde la crisis del petróleo, aumentaron de un día
para otro en un monto similar al del FPIEEH. A su vez, el BCB presta las
reservas internacionales a bancos y entidades de países desarrollados a
tasas de retorno que bordean apenas el 1,5% anual.

Sea como
fuere, el Director Ejecutivo de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y
Energía (CBHE, entidad que aglutina la mayoría de las transnacionales
que operan en Bolivia), Yussef Akly, le dijo al investigador danés que
“para las petroleras, es una época muy complicada. Entonces, para atraer
inversiones, el gobierno tiene que ofrecer condiciones que son
realmente competitivas”.

La declaración revela que, en un contexto
en que el gobierno boliviano de bajas reservas, bajos precios, mercados
inciertos e ingresos disminuidos, son las “socias” transnacionales las
que tienen la sartén por el mango.

Dominio transnacional

También
el año 2015, el gobierno aprobó decretos que abren las áreas protegidas
y territorios indígenas a la explotación petrolera, “agilizan” o
debilitan la consulta previa y flexibilizan los límites sobre niveles de
contaminación permitidos por las actividades hidrocarburíferas.

En
los hechos, estos decretos amplían la frontera petrolera a casi 32
millones de hectáreas, en las que se encuentran en 11 de las 22 áreas
protegidas de Bolivia (afectando más de 3 millones de hectáreas) y en 75
de los 223 territorios indígenas que hay en Bolivia, según datos de los
investigadores Georgina Jimenez y Jorge Campinini del CEDIB, así como
de la Fundación TIERRA.

Áreas de exploración petrolera dentro o cerca de la reserva de Tariquía. Fuente: CEDIB.

Asimismo,
según el ex Defensor del Pueblo, Rolando Villena, dichos decretos
vulneran 7 artículos de la Constitución y 5 tratados internacionales
sobre medio ambiente y pueblos indígenas.

Por ejemplo, aunque en
la Constitución se reconoce el derecho a la consulta previa, estos
decretos establecen un máximo de 45 días para que las comunidades
lleguen a acuerdos con las petroleras. Pasado ese tiempo el Ministerio
de Medio Ambiente entrega la licencia ambiental a las empresas sea cual
sea el resultado de las negociaciones, dado el carácter de interés y
utilidad pública de estos emprendimientos.

Otro decreto (No. 2195,
de 2014), ha establecido límites a la compensación económica para las
comunidades afectadas que no superan el 1,5 % del total invertido en los
proyectos.

Y el nuevo reglamento ambiental para el sector de
hidrocarburos (aprobado en 2015) “permite un más alto nivel de
contaminación petrolera que en el viejo reglamento de 2001 en cuerpos de
agua con los llamados btex (benceno, tolueno, etilbenceno y xileno),
que son algunas de las sustancias más peligrosas de los residuos de
petróleo”, advierte Krommes-Ravnsmed.

A modo de síntesis de este
panorama, el investigador danés revela que el director de la CBHE, en
una entrevista el año 2016, le comentó que “el gobierno ahora entiende
las necesidades que tienen las empresas”.

Contratos petroleros

Según
explica la Fundación Jubileo, los actuales contratos petroleros
firmados en 2006 establecen que las transnacionales se encargan del
“upstream” (exploración, perforación y producción), y luego tienen que
entregar toda su producción a YPFB, que se encarga del “downstream”
(refinación y comercialización). Con lo que efectivamente YPFB no
controla toda la cadena de hidrocarburos.

Pero además, como se
afirma desde el CEDLA, CEDIB y otros centros de investigación, todos los
riesgos de la inversión petrolera se transfieren a YPFB al reconocer la
totalidad de los gastos de las empresas transnacionales: los llamados
“costos recuperables”. Esto quiere decir que YPFB paga por los salarios,
maquinas, gastos de transporte etc., de las empresas privadas.

Según
cálculos de Jubileo, las transnacionales se han quedado con una
ganancia de casi 800 millones de dólares en promedio cada año desde 2006
a 2016.

Asimismo, el decreto de nacionalización de 2006 determinó
la realización de auditorías petroleras a todas las empresas que
operaban en Bolivia. Estas auditorías, efectuadas por el ministerio de
Hidrocarburos, revelaron que las empresas petroleras habían incumplido
los contratos anteriores, hecho muy pocas inversiones, dañado el medio
ambiente y los impuestos no pagados por evasión fiscal sumaron 1,74 mil
millones de dólares.

Estas auditorías fueron desestimadas y
guardadas por el gobierno y se firmaron los contratos sin tomarlas en
cuenta para las negociaciones.

Todo esto “explica por qué estas
empresas quieren ser ‘socias’ de YPFB, y eso demuestra que siguen
saqueando a Bolivia. Las transnacionales han conservado una posición
dominante en el sector”, argumenta Krommes-Ravnsmed.

Realidades

Si
bien el actual ministro del sector, Luis Alberto Sánchez, afirma
constantemente que Bolivia está bien encaminada hacia la “era del
platino” de los hidrocarburos, otros afirman lo contrario.

Patricia
Molina, directora del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo
(Fobomade), en conversación con el investigador danés, considera que la
situación muestra que el gobierno ahora está “cumpliendo al pie de la
letra una agenda impuesta por las petroleras”.

Para
Krommes-Ravnsmed, una política hidorcarburífera responsable y
nacionalista implicaría no hacer nuevos contratos de exportación de gas
aunque se tuviesen las reservas suficientes.

“Se debería solamente
extraer los hidrocarburos necesarios para el consumo energético del
país y para proyectos de industrialización, que genera más valor y menos
contaminación. Si se hace nuevos contratos de exportación, debería ser
con menos volúmenes y como factor de negociación para obtener mercados
para productos industrializados”, afirma el experto.

Breve acerca del autor

Difícilmente
se podría calificar a Krommes-Ravnsmed como un extranjero injerencista o
de derecha: su trayectoria de militancia en la izquierda de su país se
complementa con su participación activa en la campaña Manos Fuera de
Venezuela, que en 2014 defendió al presidente Nicolás Maduro.

De
hecho, el investigador afirmó en aquel entonces que la lucha actual en
Venezuela “forma parte de la lucha de clases a nivel internacional y es
nuestro deber fundamental defender la revolución contra las amenazas
golpistas”.

Actualmente advierte que aunque el gobierno del MAS ha recubierto sus políticas con “un discurso revolucionario”, pero “corre el riesgo de entrar en una crisis de legitimidad con los sectores sociales, porque su política extractivista ha exacerbado los procesos de acumulación por desposesión”.

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