Una filtración de FinCEN de EEUU describe el flujo de más de $us 2 billones en transacciones sospechosas. Estos reportes, a los que tuvo acceso EL DEBER y en los que aparecen varias empresas bolivianas, echan luz sobre la estela de irregularidades que deja el oro antes de ser exportado del país

Por: El Deber

_¿Con la empresa Bolivian River Gold?
_No, este es un domicilio particular.

La voz de la mujer que responde al otro lado del teléfono tiene un dejo de cansancio, como si no fuera la primera vez que tiene que hacer este tipo de aclaración. Y es que en el Registro de Comercio de Bolivia el número de teléfono con el que nos comunicamos figura como contacto de la empresa Bolivian River Gold, con domicilio en El Alto; sin embargo, la mujer que nos atiende nos asegura que lo hace desde la zona de Calacoto, al sur de la ciudad de La Paz, y que desde “hace mucho tiempo” esa línea le pertenece.

Otro dato que no coincide con la información que esta empresa -dedicada a la “exportación de oro, amalgama, joyas y otros en el ramo de los minerales”- brindó al Registro de Comercio es su dirección comercial. Los vecinos de la zona alteña de Rosas Pampa aseguran que no recuerdan haber visto funcionar a esa empresa en ese lugar. De hecho, el edificio azul de tres plantas que coincidía con los datos especificados lucía deshabitado cuando fue visitado por EL DEBER.

Bolivian River Gold S.R.L., así como otras empresas bolivianas, aparecen en documentos filtrados a BuzzFeed News, compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y con 108 socios en medios de comunicación, entre ellos el diario EL DEBER, que forman parte de la investigación FinCEN Files.

Los documentos filtrados incluyen más de 2.100 informes de actividades sospechosas o SAR (por sus siglas en inglés) presentados por bancos y otras entidades financieras a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En esos documentos se describe el flujo de más de 2 billones de dólares en transacciones sospechosas, a través del sistema bancario mundial. Es importante aclarar que la información contenida en estos informes no es necesariamente evidencia de irregularidades o criminalidad y que determinar este aspecto, es tarea de las autoridades y de la justicia.

Antes de esta publicación fue solicitada la versión de FinCEN. El organismo respondió con un comunicado que hizo público en su portal el 1 de septiembre pasado en el que manifestó su conocimiento de que varios medios de comunicación tenían la intención de publicar una serie de artículos basados en informes de actividades sospechosas que habían sido divulgados ilegalmente, así como otros documentos gubernamentales sensibles, de hace varios años.

El escueto comunicado la Red de Ejecución de Delitos Financieros advirtió que las filtraciones podrían poner en peligro varias investigaciones, personas e instituciones y concluyó diciendo que puso el tema en conocimiento del departamento de Justicia de los EEUU y a la oficina del titular del Departamento del Tesoro. En Estados Unidos la libertad de prensa está protegida bajo la primera enmienda.

Bolivia y sus nexos con dos gigantes del oro

En los SAR filtrados a BuzzFeed News se observa cómo las entidades financieras alertan a FinCEN sobre 514,9 mil millones de dólares que el Grupo Kaloti y Metalor Technologies S.A., así como otras compañías que se dedican al comercio y refinación de oro, transfirieron o recibieron de diversas cuentas de empresas y personas en todo el mundo con las que -según estos documentos- se podría estar lavando activos, evadiendo impuestos, adquiriendo oro de origen dudoso, entre otras posibles irregularidades financieras.

En febrero y en julio de 2013, de forma separada, oficiales de cumplimiento financiero de los bancos JP Morgan Chase y Standard Chartered elevaron reportes de varias de esas actividades, calificadas de “alto riesgo”, en las que también figuraban las empresas Bolivian River Gold S.R.L., Ángel de Mamoré y Orbol S.A.

Kaloti Metals & Logistics (KML), del Grupo Kaloti, es la que aparece relacionada con las bolivianas Bolivian River Gold y Ángel de Mamoré. El SAR señala que los flujos de dinero de esta mayorista del oro estaban conectados con “sociedades fantasmas” y con cuentas en territorios considerados “paraísos del secreto bancario”, además de que estas cuentas bancarias mostraban como característica “salida y entrada de dinero que fluía a zonas consideradas de alto riesgo”, entre ellas Bolivia.

Extractos del SAR en el que aparecen las empresas Bolivian River Gold y Ángel de Mamoré

Tanto Bolivian River Gold como Ángel de Mamoré fueron, en 2013, objetos de investigaciones y denuncias por parte de legisladores opositores al gobierno de Evo Morales, quienes las señalaron de defraudar al fisco, incumplir las normas para exportar y registrar direcciones ‘fantasmas’, pero con el visto bueno del Gobierno. En ese entonces, las denuncias quedaron en nada, según informó Jaime Navarro, exdiputado e impulsor del caso.

Sobre la vigencia de estas empresas el ministro de Minería y Metalurgia, Jorge Oropeza, informó a EL DEBER que ambas tienen vencido su Número de Identificación Minera (NIM) y que “no deberían estar funcionando”, pero que si lo estuvieran haciendo sería en los linderos de la ilegalidad. Sobre procesos iniciados a compañías que hayan incurrido en las irregularidades anteriormente mencionadas, esta cartera de Estado dijo que no tenía registro de ello.

En el caso de Orbol, que en septiembre de 2019 fue destacada por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural como una de las 10 principales exportadoras del país, Oropeza dijo que se encuentra con su documentación en regla y que no tiene observaciones en sus operaciones.

A su vez, informó que, en la primera quincena de este mes, ordenó una auditoría “en todo el proceso de control y de comercialización del oro en Bolivia”, así como en el seno del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) que, como su nombre lo indica, es el ente encargado de que se cumplan las leyes en la comercialización interna y externa de los minerales.

1.- Caso Bolivian River Gold y Ángel de Mamoré

En el reporte que la Red de Ejecución de Delitos Financieros de Estados Unidos recepcionó el 25 de febrero de 2013 del banco JP Morgan Chase figuran las empresas Bolivian River Gold S.R.L. y Ángel de Mamoré como beneficiarias. A diferencia de otros SAR, este documento no especifica el monto ni al banco boliviano en el que estas exportadoras de oro recibieron las transacciones.

Sin embargo, en Bolivia en ese mismo año estas compañías ya habían sido puestas en el ‘punto de mira’ tanto de autoridades legislativas opositoras al gobierno de Evo Morales como por investigaciones periodísticas. De hecho, el 18 de septiembre de 2013 el diputado Jaime Navarro, presentó el informe “La verdad sobre la evasión de impuestos en las exportaciones de oro” ante la Asamblea Legislativa y, posteriormente, formalizó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia penal en contra de Mario Virreira Iporre, quien por entonces fungía como ministro de Minería y Metalurgia.

Navarro, basado en informes presentados por el mismo Virreira, lo denunció por “conducta antieconómica en el caso de la irregular exportación de oro y la evasión del pago de la regalía minera y otros impuestos”.

Además, aseguró que la falta de control del Estado, a través del Ministerio de Minería, permitió, en 2012, que 16 empresas, entre ellas Bolivian River Gold S.R.L. y Ángel de Mamoré, hayan exportado oro sin contar con un Número de Identificación Tributaria (NIT) y que no hayan pagado Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) ni regalías a las regiones. Pero eso no es todo, otra irregularidad que desveló es que los domicilios legales que estas empresas dieron al Registro de Comercio no existían, eran ‘fantasmas’.

El reporte de Navarro (arriba) señala que Bolivian River Gold en 2012 exportó $us 290.805.061 en oro y que por esto pagó al Estado Bs 1.900 en Impuesto a las Utilidades

En el caso de la empresa Ángel de Mamoré, en 2012 exportó oro, en la categoría amalgamas y desperdicios, por un valor de 33.202.770 dólares, pero lo hizo sin contar con un Número de Identificación Tributaria, según el informe de Navarro sobre el que basó su denuncia.

El informe (arriba) que Navarro presentó a la Asamblea Legislativa en 2013 señala que la empresa Ángel de Mamoré exportó oro sin NIT

EL DEBER visitó las direcciones que estas dos compañías registraron en Fundempresa, en dichos lugares y no se encontró rastros de que hayan funcionado donde dijeron estar domiciliadas. Tampoco recibió respuesta a las solicitudes enviadas a las direcciones electrónicas de estas sociedades.

A Kaloti Metals & Logistics también se le solicitó comentarios, pero hasta el momento de la publicación de este artículo no se obtuvo respuesta.

2.- Caso Orbol

La tercera empresa boliviana relacionada con el negocio del oro y que aparece en la filtración de FinCEN es Orbol S.A. Sin embargo, cabe hacer notar, que estas tres compañías bolivianas no son las únicas que figuran en FinCEN Files, también hay otras -y de distintos rubros- que figuran en los reportes realizados por los oficiales de cumplimiento financiero de los bancos de EEUU.

En el caso de Orbol, el reporte fue enviado por el Standard Chartered Bank, en julio de 2013, como parte de su “monitoreo continuo contra el lavado de activos”. El banco informa de sus sospechas sobre 909 transacciones (518.351.513 de dólares) realizadas por Metalor Technologies International S.A. en un lapso de 14 meses, de esa cantidad el 5% fue a parar a una cuenta de un banco boliviano en La Paz.

Extractos del SAR en el que aparece la empresa Orbol S.A.

El SAR detalla que, entre el 15 de marzo y el 3 de julio de 2013, un poco más de 24 millones de dólares fueron transferidos a Orbol S.A. Al ser consultado sobre este reporte, la entidad bancaria que tiene por cliente a esta empresa paceña respondió: “Lamentamos no poder brindar información respecto a las transacciones y reportes que menciona en su carta, toda vez que se trata de información sensible y que se encuentra sujeta a la confidencialidad establecida en las disposiciones legales correspondientes. No obstante, le hacemos conocer que este banco es fiel cumplidor de la normativa vigente relacionada con la prevención de la legitimación de ganancias ilícitas”.

Por su lado, la gerencia de Orbol S.A. antes de que el equipo lo contactara, ya tenía listo su descargo porque el Ministerio de Minería y Metalurgia lo había citado tras las solicitudes de información que le hizo EL DEBER.

_ Téngalo por seguro que si una de esas sospechas (SAR de FinCEN) fuera cierta, no estaríamos exportando un solo gramo (de oro o plata) a Estados Unidos, le decía el gerente de Orbol, José Millares Ardaya, a EL DEBER cuando le abría las puertas de su empresa para mostrar “total transparencia”, así como el trabajo de sus más de 150 trabajadores en el proceso de elaboración de las joyas, desde la fundición hasta el embalado para la exportación.

_ Si hubiéramos sabido que Metalor era objeto de estas sospechas no hubiéramos hecho negocios, agregaba.

Millares explica que la relación comercial con Metalor comenzó en 2009 y concluyó, sin que medie conflicto alguno, en 2013 cuando la refinera de oro más importante de Japón, Tanaka Holdings, empezó a absorber a Metalor. Respalda esta afirmación mostrando sus Declaraciones Únicas de Exportación. Estos documentos dan cuenta de que en ese lapso la empresa boliviana le envió joyas de oro por un valor de 69.602.041,35 dólares.

A Metalor también se le consultó sobre su nexo comercial con la compañía boliviana, que tiene su planta de producción en el municipio paceño de El Alto. Su respuesta fue escueta, a diferencia de lo documentado por Millares, dijo que le compró el metal precioso desde 2008 hasta 2015, sin que hubiera intermediarios. Agregó que siempre se ha caracterizado por cumplir “los requisitos legales de los países donde compra oro”. “Todos los nuevos prospectos (proveedores) se someten a un proceso de diligencia debida y su solicitud de incorporación es examinada por el Comité de Cumplimiento del Grupo con sede en Suiza, independientemente de la ubicación del prospecto y de la ubicación de la entidad con la que Metalor contempla una posible relación comercial con dicho prospecto”, especificó.
También, a través de un comunicado que adjuntó a su respuesta, este gigante del comercio y refinación del mineral precioso informó que en 2019 ya había decidido suspender sus negocios con mineros artesanales de Latinoamérica y que se iba a concentrar en abastecerse de la minería industrial para así promover una cadena de valor del oro más sostenible.

La gerencia de Orbol S.A. abrió las puertas a EL DEBER para mostrar la cadena de elaboración de joyas hasta su exportación | Foto: Daniel Miranda

La gerencia de Orbol observa que el Ministerio de Minería, a través del Senarecom, haya incluido a esta empresa en la misma categoría de los exportadores de oro en lingotes sin tomar en cuenta que es una industria | Foto: Daniel Miranda

Orbol genera empleo a más de 150 personas, donde se destaca el trabajo de las mujeres artesanas | Foto: Daniel Miranda

Es una empresa que nació en 1988 en la ciudad de El Alto y desde entonces, según informa, se ha dedicado a la exportación de joyas en oro y plata | Foto: Daniel Miranda

Orbol exporta su producción al mercado internacional, Estados Unidos es el principal país al que exporta sus joyas | Foto: Daniel Miranda

“El secreto, cumplir las leyes”

Orbol S.A. es una empresa dedicada a la exportación, principalmente a Estados Unidos, de joyas en oro y plata. Según Fundempresa, nació en marzo de 1988 con un capital de Bs 400.000. Millares Ardaya sostiene que, en los 32 años de actividad de esa compañía, “ninguna autoridad estadounidense ha reportado ninguna observación ni ha indagado sobre ninguna actividad sospechosa. Inclusive, las exportaciones de Orbol S.A. están en el denominado sistema rápido de la Aduana de EEUU por ser exportador recurrente”.

El secreto de tener un historial limpio es “acatar estrictamente las leyes”, dice Ardaya, a tiempo de agregar que esto le ha permitido ser categorizada como Principal Contribuyente por la Administración Tributaria de Bolivia, lo que garantiza que sus “actuaciones estén en el marco de las leyes tributarias y de bancarización para la prevención del lavado de dinero”.

Asegura que en Bolivia su situación es similar a la de EEUU, que tampoco ha enfrentado litigio “de ninguna naturaleza” en los estrados judiciales, ni proceso contencioso tributario o aduanero, salvo dos impugnaciones administrativas de la Autoridad Tributaria -que le observó duplicidad en facturas presentadas en las gestiones 2004, y 2005, así como en la compra de oro en 2008-.

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), a través de la Autoridad Tributaria (AT), le observó los pagos que hizo a una empresa a la que le proveyó oro. El documento, publicado en el sitio web de la AT, señala que de los Bs 2.271.739,54 cancelados, el 20% se lo hizo por cheque y el restante 80% en efectivo, siendo que la norma establece que las compras mayores a 50.000 UFV necesariamente deben tener respaldos a través de medios fehacientes de pago. El documento señala que Orbol no respaldó dicho pago, por lo que hace presumir la inexistencia de la transacción. Ante tal situación la AT ratificó su posición de que Bs 295.326 fueron indebidamente devueltos a Orbol.

Al respecto, Millares por escrito respondió: “Orbol ha recurrido en toda su existencia a dos impugnaciones administrativas ante la Autoridad Tributaria Boliviana y finalmente ha acatado los fallos emanados, que fueron parcialmente favorables a nuestra empresa”. Agregó que el litigio sobre la compra de oro, comenzó en la empresa a la que le compró el metal precioso y le salpicó a su compañía. Asegura que se trató de una injusticia y que pese a ello, finalmente terminó acatando el fallo.

Al Servicio de Impuestos Nacionales se le envió una solicitud de información sobre estos procesos, pero se negó a responder. Señaló que el Código Tributario le prohíbe dar “información precisa de un contribuyente”.

Tras la solicitud de información que le hizo EL DEBER al Ministerio de Minería, esta cartera de Estado convocó a Orbol. Esta empresa compartió los descargos que presentó.

Vender oro hasta 2 kilos con solo la cédula de identidad

Con documentos Orbol respalda que cumple con las exigencias de sus clientes de Norteamérica y Europa, así como las normas que rigen la comercialización de minerales en Bolivia y su exportación. Cuando se le consulta sobre los filtros que implementa para garantizar que el oro que compra no es de origen dudoso, el gerente de esta empresa muestra un legajo de documentos de sus proveedores. En las carpetas aparece el Número de Identificación Tributaria (NIT) y el Número de Identificación Minera (NIM), entre otros requisitos, de las empresas privadas a las que le compra oro.

¿Y cuándo se trata de personas naturales? Deben presentar una copia de su cédula de identidad y firmar una declaración jurada en la que se detalla, por ejemplo, el tipo de mineral, la cantidad, el lugar de dónde se lo extrajo, explica Millares Ardaya. Las normativas establecen que las operadoras de oro, que en Bolivia hay actualmente operando 336, sean las que hagan la retención de las regalías al momento de comprar el mineral y que, posteriormente, se lo endosen a los municipios. En este caso, como la compra es para el mercado interno, la retención es del 1,5% del valor total.

El detalle, observa el exviceministro de Desarrollo Productivo Minero y actual analista de la Fundación Jubileo, Héctor Córdova; es que Decreto Supremo N° 21060 permite que una persona con tan solo su cédula de identidad comercialice hasta dos kilogramos de oro y que pese a que el Gobierno ha intentado, a través del Senarecom, controlar que el origen de este cotizado metal sea declarado, a fin de garantizar que sea lícito, no hay capacidad estatal de ejercer este control.

De este modo, los exportadores cumplen con normas internacionales de comercio y con las del país, pero -según el experto- el control laxo del Estado hace que sea ‘misión imposible’ determinar que el mineral provenga de una concesión minera con permiso para funcionar y que cumpla las disposiciones legales en materia ambiental, laboral, social y tributaria.

El estudio “Las rutas del oro ilegal”, elaborado por el Centro de Información y Documentación de Bolivia (Cedib), echa una mirada cronológica a las acciones de los gobiernos de intentar, a través de promulgación de leyes y normas, controlar el comercio del oro. Observa una serie de contradicciones que han dado lugar a que el metal precioso se exporte ‘legalmente’, pero que deje una estela de irregularidades -por ejemplo- en cuanto al lugar de dónde se lo extrae, el tráfico ilícito, las incongruencias en cuanto a la cantidad que se produce con la que se exporta y al uso del mercurio que no solo daña al medioambiente sino a comunidades indígenas y campesinas asentadas cerca de los yacimientos.

Bolivia, ¿tierra fértil para el ‘oro sucio’?

El negocio de la minería en Bolivia ha cambiado drásticamente en los últimos años producto de -según señalan los expertos- las políticas estatales de los gobiernos, especialmente el del expresidente Evo Morales, lo que ha permitido que Bolivia sea tierra fértil para el ‘oro sucio’, aquel que se lo exporta con el visto bueno del Estado pero deja una estela de irregularidades a su paso.

Si echamos una mirada atrás, muy poco queda de aquella ‘todopoderosa’ estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol), creada en 1952 y que durante muchos años controló la exploración, explotación, prospección, beneficio y comercialización de los minerales extraídos de las entrañas de Bolivia, inyectando de esta manera importantes recursos a las arcas del Estado. Hoy, la participación de la Comibol es mínima.

Sumando la actividad estatal y la del sector privado, entre ambos son responsables del 2% de las iniciativas auríferas en Bolivia, mientras que las cooperativas han pasado a controlar el 98% restante, de un sector que, en los últimos tres años, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), ha logrado exportar oro por un valor de 3.970 millones de dólares.

Y si hablamos de la última década, desde principios de 2011 hasta julio del 2020, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) señala que Bolivia ha exportado 474 toneladas de oro, entre oro concentrado, en bruto, formas semilabradas, chapado y desperdicio, lo que se tradujo en 9.476 millones de dólares.

Hay más, el IBCE indica también señala que, de enero a marzo de 2020, el valor de las exportaciones de los minerales crecieron en un 3% comparado con el primer trimestre de 2019, impulsado principalmente por el aumento en la cotización internacional del oro. De este modo, la explotación y comercialización de este mineral se ha convertido, como afirma el ministro de Minería Jorge Oropeza, en un “dulce” que atiza “la viveza e iniciativa privada” para vulnerar “los medios y mecanismos” que implementa el Estado para frenar las irregularidades.

“Eludir al fisco es fácil”

Si solo se miran las exportaciones del año pasado y lo que le generó al Estado en regalías e impuestos, el dato es llamativo. Según el INE, Bolivia exportó oro por un valor de 1.739 millones de dólares, pero solo obtuvo entre regalías e impuestos cerca de 44 millones de dólares, el resto pasó a engrosar los ingresos de los cooperativistas mineros, señala el analista Héctor Córdova.

“Eludir al fisco es fácil” si se habla del pago del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), agrega Córdova. “Basta con declararse cooperativa y uno ya no tiene que pagar esos impuestos (IUE), basta con declarar que el yacimiento (de donde se extrae el oro) es marginal y tampoco se paga la regalía correcta; es más, si se vende internamente (el oro) solo se paga el 1,5% de regalías”.

La audiencia de rendición de cuentas del Ministerio de Minería, presentada en febrero de este año, es lapidaria y le da la razón a Córdova. El documento señala que durante el gobierno de Evo Morales esa cartera de Estado se aplazó en cuanto a la formalización de actores productivos mineros y en el control a la comercialización de minerales. Solo se aprobaron 248 contratos administrativos mineros, que representan el 8% del total de las solicitudes recibidas desde 2006 hasta 2019.

“No se generaron suficientes mecanismos de control y fiscalización de comercialización de minerales y metales situación que daña la economía del Estado y fomenta la informalidad (sólo el 20% de las cooperativas mineras y el 48% de los mineros chicos cuentan con Número de Identificación Minero)”, se lee en el informe que está publicado en el sitio web del Ministerio de Minería.

Ley aprobada en año electoral

Pero, ¿cómo es que un país que exportó oro por un valor de 1.739 millones de dólares el 2019, solo recibió cerca de 44 millones para las arcas del Estado? La respuesta se encuentra en la Ley 535 de Minería y Metalurgia promulgada por el gobierno de Evo Morales en mayo de 2014, esta norma fue clave para que en menos de 30 días los cooperativistas mineros proclamen al entonces jefe de Estado, que iba por su tercera reelección, como su candidato favorito.

Esta ley que regula las regalías -que deben pagar todos aquellos que se dediquen a la explotación del oro- llegó a ratificar lo que establecía una norma del 2008, que debía ser de carácter transitorio. Señala que quienes se dediquen a explotar oro en “yacimientos marginales operados por minería de pequeña escala”, deben pagar el 2,5% de regalías cuando el metal tenga como destino la exportación, pero si lo explotado se comercializa en Bolivia, la alícuota se reduce al 1,5%.

“Los cooperativistas alegan que las operaciones en las que ellos trabajan son marginales por las precarias condiciones con las que trabajan. Ese es su argumento para acogerse a este beneficio”, explica el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Alfredo Zaconeta. Lo contradictorio es que en esas “precarias condiciones” los cooperativistas lograron explotar en 2019, 42 toneladas de oro.

Por otra parte, a diferencia de las empresas privadas que deben pagar el 25% como Impuesto a las Utilidades de las Empresas, las compañías del sector de la minería están obligadas a pagar el 37,5% de utilidades; sin embargo, las cooperativas auríferas al tener un “carácter social” están exentas de este pago.

Los expertos coinciden que al ser el oro el mineral más cotizado debería pagar más impuestos y que al no hacerlo “el Estado está perdiendo el 37,5% del IU”, lo que se traduce -según sus cálculos- en 300 a 500 millones de dólares que anualmente dejan de ingresar al erario nacional.

¿Qué hacer?

El ministro de Minería y Metalurgia, Jorge Oropeza, dice que no se debe cerrar los ojos a la realidad de que, azuzada por los precios internacionales siempre a la alza y porque los inversionistas ven en el oro un activo “refugio” contra la inflación, la actividad aurífera se ha disparado en Bolivia y que, en ese marco, además de instruir una auditoría, ha decidido fortalecer al Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales para que pueda hacer un mejor control de la comercialización de este metal precioso.

Reconoce que los explotadores y comercializadores del oro van mejorando sus técnicas para burlar las leyes, razón por la que se comprometió a “actualizar los medios y mecanismos” de control y que no ha descartado en su gestión sumar a esta tarea a la Policía y a las Fuerzas Armadas. Además de fortalecer acciones conjuntas con países con los que Bolivia comparte fronteras.

Tanto Córdova como Zaconeta coinciden en que la solución para frenar el desbande en la minería es que el Estado sea el protagonista, que sea quien se encargue de la comercialización del oro y que se anule a los intermediarios que actualmente son los que lo comercian y exportan. Es tarea pendiente para el próximo Gobierno, agregan, la implementación de políticas que le permitan al Estado aprovechar este recurso estratégico a fin de reactivar la economía boliviana, muy maltrecha por la pandemia y por la reducción de las exportaciones de gas.

• Este reportaje fue realizado por Nelfi Fernandez, Gustavo Jiménez, Lizeth Vargas, con la colaboración de Kyra Gurney, Daniela Castro, William Zola, Miguel Melendres y Carlos Marquez, en alianza con el Consorcio Internacional de Periodista de Investigación (ICIJ) y en el marco de la investigación FinCEN Files

Fuente: https://eldeber.com.bo/especiales/fincen-files-domicilios-fantasmas-evasion-de-impuestos-y-altos-flujos-de-dinero-en-el-comercio-del-o_202078