PIEB • La carretera del engaño
Por: Periódico Digital PIEB
Mientras los incendios forestales azotaban a la Chiquitanía en 2019, las excavadoras de una empresa china abrían las primeras zanjas y desmontes en esa tierra ocre para habilitar una autopista de norte a sur en la región. Toda la maquinaria está en movimiento ahora sin una consulta previa a las comunidades indígenas y sin responder a los caciques, hace dos años, sobre el Plan para Pueblos Indígenas.
Mapa de la ABC, en rojo la carretera en plena construcción
Las obras de ingeniería tienen un presupuesto de 230 millones de dólares, financiados por el Banco Mundial, para ampliar la antigua vía ripiada y cubrir de asfalto 208 km desde San José de Chiquitos hasta San Ignacio de Velasco, pasando por San Rafael y San Miguel de Velasco. La empresa China State Construction Engineering Corporation Ltda está a cargo de la obra.
Julio Socoré es cacique de la Central de Comunidades Indígenas de Chiquitos Turubó de San José (CCICH-T) que cuenta con 28 comunidades originarias. Fue cacique por primera vez a sus 17 años en su comunidad Losiros (adaptación del bésiro que significa corriente seca). En la primera conversación informal, comenta sobre la falta de agua, los grandes desmontes y las temperaturas extremas. Está preocupado. “Por las noches no se puede dormir, dormir va a ser solo para el que tenga aire acondicionado”, dice, como aludiendo a las comodidades de su interlocutora.
Los hoteles de San José le dan la razón, una habitación con aire acondicionado cuesta el doble de otra sin ese equipo, pero es una condición obligatoria para descansar y conciliar el sueño.
Hace dos años que las cuatro Centrales Indígenas ubicadas sobre esta ruta esperan a que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) responda a sus sugerencias de modificación del PPI, el instrumento que prevé el Banco Mundial para paliar de alguna manera los efectos socioambientales.
“Esto está sucediendo porque en su momento no hubo una consulta previa, oportuna y de buena fe. Eso ha faltado y por eso seguimos trabajando en el Plan y no concretamos”, explica el cacique Socoré.
Hay cerca de 200 comunidades indígenas en las antiguas misiones jesuíticas de esta parte de la Chiquitanía, algunas de ellas están al borde del camino ripiado que ahora está siendo ampliado para convertirse en una vía de tránsito internacional.
Junto a la Central Indígena Turubó dirigida por Socoré, las otras organizaciones indígenas del territorio que agrupan a las comunidades originarias son la Asociación de Comunidades Indígenas de San Rafael de Velasco (ACISARV), la Central de Comunidades Indígenas de San Miguel (CCISM) y la Asociación de Cabildos de San Ignacio de Velasco (ACISIV).
Julio Socoré, cacique de la Central Indígena de San José
Ninguna de ellas produjo, en estos años, documentos que reflejen una consulta previa, libre e informada para dar visto bueno a la mejora de la carretera.
Cuando se anunciaron públicamente las obras, la noticia decía que las financiaba el Estado y se dio por hecho que este no reconocería los impactos a los pueblos indígenas. Solo con el tiempo, los caciques se enteraron de la participación del Banco Mundial y de la posibilidad de recurrir a las salvaguardas que esa entidad reserva para el trato a las comunidades originarias.
Esta vez el organismo financiador y el Estado Plurinacional los sorprendieron con las fuerzas debilitadas. En la construcción de megaobras, como la carretera bioceánica o el gasoducto a Cuiabá, construidas hace dos décadas, la Organización Indígena Chiquitana (OICH) tuvo una participación activa de vigilancia y control. En esta ocasión, en cambio, las cuatro centrales indígenas se mantuvieron distanciadas de la OICH, a la que cuestionaban, hasta el año pasado, su sometimiento al partido de gobierno, el Movimiento Al Socialismo.
―¿Qué implica hacer una consulta previa ahora?
―Probablemente tendría que paralizarse el proyecto. Entonces, después de un análisis profundo, ellos (los cuatro caciques) dicen: “mejor que continúe la ejecución del proyecto para no perjudicar, pero ajustemos y actualicemos el PPI” ―explica Mario Paniagua, técnico de Fundación Tierra que hace seguimiento del tema.
Ante la falta de información y sin oportunidad de participación, las Centrales Indígenas buscaron asesoramiento de Fundación Tierra en el año 2016 con la expectativa de conocer la información oficial sobre el proyecto de la carretera y sobre los planes conexos para atender a sus impactos.
Las Centrales Indígenas no se oponen a las obras, pero afirman que esta infraestructura va a afectar directa e indirectamente a las comunidades indígenas que actualmente viven en desventaja y con distintas vulnerabilidades en la región.
―¿Los pueblos chiquitanos han cedido su derecho a la consulta previa?
―No han cedido. Entienden que la carretera es una cuestión de beneficio regional…, pero también necesitan cuidar sus formas de vida. Entonces, apelando a la buena fe de la ABC y del Banco Mundial, que es el financiador, se abrieron a decir ‘no pedimos que se paralice esto, pero ajustemos’. No es que renuncian (a sus derechos), simplemente le están dando una oportunidad a la ABC de hacer un poco mejor las cosas ―explica Paniagua.
Ni previas ni libres ni informadas
La ABC desarrolló “consultas públicas” en el año 2010, a cargo de la empresa Ecoviana SRL, en los municipios de San José de Chiquitos, San Rafael de Velasco, San Miguel de Velasco y San Ignacio de Velasco. Se compartió información y se recogió observaciones de los participantes.
En agosto de 2010, participaron de esta reunión 8 representantes indígenas de un total de 237 personas. En diciembre del mismo año, se abarcó además a cuatro comunidades indígenas ubicadas a la orilla del camino, aunque el informe final no reporta la cantidad de participantes.
En el año 2015, hubo una segunda ronda de “reuniones de socialización y consulta” en los municipios con actores de distintos sectores sociales. Las actas señalan que se socializó el estudio de impacto ambiental y se recogieron criterios sobre el Plan para Pueblos Indígenas (PPI), elaborado por la empresa consultora.
Obras de construcción en la carretera
Esta vez, los encuentros estuvieron a cargo de la empresa Asociación Accidental Ingeniería de Occidente y la ABC. Allí convergieron funcionarios, miembros de los comités de vigilancia, concejales, vecinos, cívicos, actores urbanos, miembros de organizaciones territoriales de base (OTB) y representantes indígenas que recibieron la información general sobre el inicio de obras en la carretera.
“Se había hecho una consulta pública en el concejo municipal, donde prácticamente decidieron la suerte de la ACISIV con dos o tres personas, con el aval del alcalde y personas que no tienen nada que ver” con la central indígena, dice Fernando Rojas, cacique de la ACISIV, que reúne a 105 comunidades, sentado en el galpón de la casa comunal de San Rafaelito de Sutuniquiña. A pesar del tiempo transcurrido, el cacique sigue indignado porque en esa reunión salieron sugerencias para mitigar el daño a las comunidades originarias sin estar ellas presentes.
Todos los caciques perciben un error de nacimiento en el proyecto, pero también todos han decidido volcar la página para concentrarse en el Plan para Pueblos Indígenas (PPI).
“Lo que la documentación muestra es que ellos (funcionarios de la ABC) convocaron a los indígenas, pero tomando en cuenta el nivel de alcaldías, en reuniones donde había representantes de varios sectores (del municipio), entre ellos los indígenas. Eso califica a una consulta pública, no a una consulta previa, libre e informada”, dice Mario Paniagua, mientras revisa copias de las actas de esas reuniones, muchas de ellas escritas con caligrafía Palmer.
El 7 de octubre de 2015, los funcionarios de la ABC estuvieron en la OTB La Fortuna, de San José de Chiquitos, donde destacó el problema del derecho de vía (franja libre de 50 metros a ambos lados de la carretera) y la hipotética reubicación de las viviendas.
En el acta, los comunarios de La Fortuna firmaron: “…ratificamos nuestra conformidad y satisfacción con la carretera” y “…declaramos que hemos sido informados sobre el proceso de liberación de Derecho de Vía y manifestamos nuestro acuerdo con las modalidades de compensación (reposición o indemnización) que corresponde a cercos, corrales y otros”.
A la vez, sus pobladores pidieron cumplir la legislación sobre el derecho de vía (DS 25134) ante la propuesta de la ABC y la consultora de dejar únicamente 20 metros para afectar y reponerles una sola vivienda.
En otra reunión con la Central Indígena Turubó de San José de Chiquitos, que agrupa a 28 comunidades, se trabajó solo con las tres que están al borde del camino: Quituquiña, San Antonio y Portoncito.
Acta de la socialización en Quituquiña
Las tres pidieron seguridad y “cercos a lo largo de la carretera en las áreas comunales… para resguardar a las familias, niños y animales”. En San Antonio demandaron además que se incorpore un pozo de agua en el PPI; en el acta quedó como “sujeto a un análisis”.
Las actas de las reuniones de 2015 contienen preocupaciones por las afectaciones más visibles e inmediatas: la liberación de los 50 metros del derecho de vía a ambos lados del eje a favor de la ABC, cómo se repondrán los cercos y plantas, normas de conducta para los obreros contratados, el pedido de contratar mano de obra del lugar, el pedido de que el camino pase por determinado barrio urbano, entre otros aspectos.
Las reuniones en los municipios fueron cortas, con difusión de información técnica y sin mencionar los impactos y el “futuro inducido” para las comunidades.
“Hubo participación apenas del dirigente de la central. Él terminó firmando, como parte de un grupo de personas de la alcaldía, cosas que por ahí no las entendía, y además no podía manifestarse porque no tenía información a cabalidad de su derecho, de los impactos que puede tener este proyecto en su forma de vida o ambientales”, dice Paniagua.
Este hecho está confirmado por los caciques de las centrales indígenas.
A la casa de la radio comunal, ubicada detrás del cementerio de San Miguel, llega en su moto Cándido Casupá, cacique de la Central de Comunidades Indígenas de San Miguel que agrupa a 45 poblados. Su pequeña hija y él usan pantalones jeans y sudaderas con los colores de la selección nacional de fútbol.
Cándido Casupá, cacique de la Central Indígena de San Miguel
“El 2010 se ha empezado a hacer la socialización de la carretera, pero no fue como consulta, sino como charlas… Estaba yo de vicepresidente de la Central… De 2015 a 2020 y a 2021, seguimos peregrinando porque al inicio no fue bien hecho el tema de la consulta. Estaríamos ejecutando ya el PPI. Estamos en la brega para que esto se apruebe”, comenta Casupá.
En el año 2018, luego de una correspondencia iniciada en 2016 para solicitar información del proyecto de la carretera y sus planes anexos, los cuatro caciques de las Centrales Indígenas consiguieron una reunión con la ABC y el representante del Banco Mundial, Stephen Muzira.
En ese encuentro lograron el compromiso de los funcionarios estatales de permitir su participación en la “complementación y ajuste del PPI”, que fue diseñado, también sin consultarles, por una empresa privada contratada por la ABC.
Las circunstancias políticas del país en el año 2019, con la salida de Evo Morales de la presidencia, y la posterior crisis de salud por la pandemia de la Covid-19, además de un frecuente cambio de directivos en la ABC, fueron postergando ese ajuste y complementación al PPI.
Las mismas circunstancias, sin embargo, no han detenido a la empresa china que está en pleno despliegue de obras en este momento.
La ABC elaboró una Evaluación Social en la que se refiere de manera confusa al proceso de consultas.
Según el documento, las consultas del año 2015 permitirán aplicar el Plan de Reasentamiento para las “personas afectadas”.
En el apartado específico de consultas a los pueblos indígenas, refiere que estas se realizaron el mismo año en 3 etapas, la primera fue de entrega de “información previa” y la segunda para “poner en ejercicio el derecho a participar en la toma de decisiones y a dar el consentimiento libre para la realización de proyectos que forman parte de un Plan para Pueblos Indígenas”.
La cuestión legal
La Constitución boliviana admite la consulta previa, libre e informada en las naciones y pueblos indígena originario campesinos, “respetando sus normas y procedimientos propios” (art. 352) y “a través de sus instituciones” (art. 30).
Las instituciones originarias son las Centrales Indígenas y sus caciques, pero esas autoridades fueron sobrepasadas para ir directamente a algunas comunidades porque se quería conseguir el permiso para la liberación del derecho de vía.
En su niñez, el cacique de la ACISARV, Julio Egüez, recuerda haber visto una vez a un centenar de personas del pueblo ayoreode ―hombres, mujeres y niños― en su desplazamiento nómada. Pasaron por su comunidad. En su memoria está vivo el recuerdo de la habilidad de los hombres ayoreode para oler la presencia cercana de animales de monte. Nunca más volvió a ver ese suceso.
“Estando yo en La Paz para hacer entrega oficial a la ABC del proyecto, me llaman diciendo que estaban aquí (en San Rafael). Me dicen: ‘Si usted no está, no hay problema porque ya los trajimos a los caciques (de las comunidades)’”, relata Egüez, que representa a 21 comunidades en San Rafael, siete de ellas sobre la carretera.
Los funcionarios de la ABC aparecieron en las comunidades, buscando directamente la liberación del derecho de vía. Juan Taborga, comunario de Portoncito, ubicada a unos 50 km desde San José de Chiquitos, relata esas gestiones: “Han ido a la comunidad (funcionarios de la ABC y la empresa consultora), se han reunido, han hablado con el cacique. Ellos casi no quieren que la Central Indígena de las comunidades indígenas originarias se involucre, no sabemos por qué… Quieren que solamente el acuerdo sea entre la comunidad y la ABC, pero si la ABC no va a cumplir con el acuerdo, a quién vamos a reclamar; en cambio si hay un acuerdo entre la Central, la comunidad y la ABC, vamos a tener más fuerza para poder reclamar nuestros derechos”.
Al otro extremo de la carretera, en San Ignacio de Velasco, la cacique de San Rafaelito de Sutuniquiña, María Concepción Rodríguez, explica que como comunidad tienen acuerdos con la ABC para la liberación del derecho de vía, pero aún falta cerrar las negociaciones.
Ingreso a la comunidad Sutuniquiña, en San Ignacio de Velasco
“Al principio no nos dieron charlas, no vinieron a informarnos, por eso es que ahora el tema se está alargando más, porque nosotros pedimos consulta para que vengan y bajen a las comunidades. Gracias a dios han estado viniendo en estos últimos tiempos, pero llegó la pandemia y todo se ha suspendido. Estamos entrando a eso para que nos den charlas y nos expliquen cómo va a ser la reposición de pérdidas”, explica Rodríguez.
La CPE no es la única norma que avala la consulta previa, libre e informada. Junto a esa disposición está el Convenio 169 de la OIT convertido en la Ley 1257, que determina que se debe buscar el consentimiento de los pueblos indígenas. Además, está la Ley 222 de consulta sobre la intangibilidad del TIPNIS para viabilizar la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.
Precisamente cuando se desarrollaba esa consulta en el TIPNIS, la ABC y la empresa Ecoviana SRL avanzaban en la planificación de la carretera sin aplicar la consulta previa a los pueblos indígenas chiquitanos.
Por si la legislación interna fuera insuficiente, el Banco Mundial prevé salvaguardas para los pueblos indígenas. La salvaguarda OP 4.10 establece que se debe obtener el consentimiento previo sobre la base de la evaluación social y en consulta con las comunidades.
Una firma para lograr derechos básicos
El Estudio Técnico Económico Social y Ambiental (TESA) de la carretera contempla un programa de prevención y mitigación (PPM), un programa de reposición de pérdidas (PRP), el plan de pueblos indígenas (PPI) y el plan de aplicación y seguimiento ambiental (PASA).
Para ese conjunto de programas dispone de 14,9 millones de dólares, de los cuales 1 millón serán ejecutados en el PPI. El total del financiamiento del Banco Mundial asciende a 230 millones.
Sobre el PPI, el Banco Mundial dice que debe ser elaborado de manera “flexible y pragmática”, y asegurar que los pueblos indígenas afectados “reciban beneficios sociales y económicos apropiados desde el punto de vista cultural” y, de identificarse efectos adversos sobre los pueblos indígenas, “dichos efectos se eviten, se reduzcan lo más posible, se mitiguen o se compensen”.
El TESA expone que el PPI tiene el objetivo de “mitigar los posibles impactos del proyecto”, tomando en cuenta que la carretera “activará una serie de procesos socioeconómicos con efectos sobre la dinámica sociocultural de las comunidades en la zona”.
Pero hay cosas que no se tomaron en cuenta. En el año 2019, los incendios forestales arrasaron con el Bosque Seco Chiquitano y estaba en marcha el Plan Patujú con el asentamiento de migrantes del occidente en tierras fiscales de la Chiquitanía.
Camión de la empresa china en pleno trabajo
Ninguno de estos sucesos de magnitud está considerado y evaluado en los estudios de la ABC, como factores que van a profundizar los impactos socioambientales, explica la ingeniera civil Silvia Molina Carpio, especialista en proyectos de infraestructura en el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).
El mismo año se modificó el Plan de Uso de Suelos del Beni y se emitieron “normas incendiarias” que daban un impulso al avance del agronegocio.
Para Molina Carpio, la consulta y la participación en la elaboración del PPI se han convertido en “un mecanismo perverso” para lograr la aceptación del proyecto por parte de la población.
Los funcionarios del gobierno “condicionan una serie de intervenciones del Estado o de financiamiento en las regiones a la aceptación del proyecto”, explica Molina Carpio. Es decir, continúa, “se están negociando las obligaciones del Estado y se están negociando derechos”.
Una hojeada al PPI le da la razón. Entre los ítems propuestos por la ABC están la puesta en marcha de agentes de salud, el equipamiento de un taller para el ciclo de secundaria (formación técnica humanística) y la implementación de pozos de agua. Todos derechos básicos que el Estado debe garantizar sin condiciones.
En el mencionado documento se da otro paso discursivo importante al afirmar que se ejecutaron “consultas previas, libres e informadas con las comunidades indígenas afectadas”. El presupuesto del PPI es de 7 millones de bolivianos, de los que 1 millón se irán en contratar personal que va a administrar su aplicación.
Por ahora es incierto si se ejecutará el PPI elaborado por la empresa consultora o si se admitirán las observaciones de las centrales indígenas, pero por el tiempo transcurrido incluso las demandas iniciales de las centrales chiquitanas están quedando desfasadas.
El cacique de ACISARV, Julio Egüez, explica: “La consultora tenía el diseño para el PPI, pero centrado todo en el municipio, (proponían) un taller de (capacitación en) tallado en madera y soldadura y metalurgia, pero eso no viene al caso si el horizonte de desarrollo es la ganadería y (explotación) forestal. Mejor cambiar a carreras técnicas de veterinaria, zootecnia y forestería comunitaria”. Ese pedido no fue tomado en cuenta.
En el caso de San Ignacio de Velasco, el PPI introduce la construcción de una sede para la central indígena en terrenos municipales. El cacique de la ACISIV, Fernando Rojas, muestra su desacuerdo: “Necesitamos una sede, pero con la característica de nosotros, no que nos impongan. Veíamos inviable (la propuesta del PPI) porque nosotros no tenemos un terreno, recién estamos queriendo adquirir… No queremos nada del municipio porque aquí hemos tenido el Guapasal, terrenos que se compraron a nombre de la comunidad, terminó vendiéndolo el gobierno municipal; la sede de los campesinos, los curas se adueñan y termina siendo un colegio; otro espacio a nombre de las comunidades y termina en manos del cura, termina siendo privado. Y nosotros relegados a nuestra suerte”.
La Central Indígena de San Ignacio de Velasco demanda la construcción de una casa productiva integral que a la vez funcione como su sede y que se construya en un terreno que sea de su propiedad.
Claramente, el ideal de la evaluación social de la ABC plasmada en casas comunales para las Centrales Indígenas donde puedan desarrollar su cultura, rearmar el tejido social afectado por la modernidad de la carretera y demás retórica tampoco coincide con los objetivos de los cuatro caciques. Las Centrales Indígenas están viendo la forma de paliar necesidades inmediatas y sienten la necesidad de un fortalecimiento político de sus organizaciones.
No ha avanzado el PPI con los ajustes sugeridos por las centrales indígenas, tampoco se sabe cuál es el avance de los programas de reposición de pérdidas y prevención y mitigación. La ABC Regional Santa Cruz no respondió a los requerimientos de entrevista para este reportaje. Gustavo Braschi, funcionario de la unidad de Comunicación, se comprometió a lograr esa conferencia con el director de esa división.
