El País • Bolivia: el Estado que obliga a elegir entre salud o economía

La situación sanitaria del país es crítica, pero los discursos del ejecutivo hacen hincapié en los daños económicos y piden a la población “aguantar”. La pregunta es: ¿se debe elegir entre salud o economía?

Por: Huascar Salazar / El País

Hospitales desbordados y personas que mueren fuera de ellos sin atención médica. La situación es crítica y miles de bolivianos están atravesando por momentos de desesperación ante la imposibilidad de lograr atención sanitaria adecuada o ante la falta de medicamentos.

En este contexto, los médicos del país han solicitado medidas de cuarentena, mientras que el presidente Luis Arce ha pedido a la población “aguantar” hasta que la vacuna para enfrentar la covid-19 llegue al país. Asimismo, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, reafirmó esta posición señalando que una cuarentena no dará fin a la segunda ola de contagios, pero sí perjudicará a la economía del país.

Este contexto expone una situación que pareciera irreconciliable: ¿salud o economía? Los médicos piden cuarentena no como prevención, sino como una medida desesperada para frenar el incremento de casos de covid-19, muchos de los cuales ya no pueden ser atendidos. Por el otro lado, el gobierno y distintos sectores económicos señalan que poner freno a la economía sería perjudicial. En medio de todo ello la situación sanitaria no está siendo tratada de manera estructural, lo que se espera es que lleguen las vacunas para que pase la pesadilla.

Bolivia es el país que tiene el gasto per cápita en salud más bajo de Suramérica, también es el segundo país con el gasto en salud como porcentaje del PIB más reducido de la región. Junto a lo anterior, un conjunto de indicadores de morbimortalidad dejan a Bolivia muy mal parada en relación a países vecinos. ¿No será más bien que el problema que debe enfrentarse es, en todo caso, la precariedad estructural del sistema de salud que Bolivia arrastra durante tantos años?

Un informe de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL), publicado a propósito de la covid-19, explica que: “sin lograr controlar la pandemia es imposible pensar en la reactivación económica. […] La vida, la salud y el bienestar son primordiales y constituyen prerrequisitos para reactivar la economía, de modo que las políticas de control y mitigación en materia de salud y la política económica estén alineadas”. En ese sentido, la política pública del país debe hacerse cargo de sincerar y acercar este vínculo entre una economía ‒tan golpeada‒ y un sistema de salud a la deriva.

La salud no ha sido una prioridad del Estado

Se tiene que reconocer que la salud nunca ha sido un sector prioritario para el Estado boliviano. La precariedad del sistema sanitario ya era evidente antes de la pandemia, como lo señala un documento del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA): “La crisis del sistema nacional de salud no es reciente sino un mal que se arrastra durante toda la historia del país. Más allá de esa verdad indiscutible, es necesario referirse a la evolución del sistema en las últimas décadas con el fin de perfilar una respuesta orientada a la superación de esta crisis”.

El país nunca contó con una política sanitaria que tienda a universalizar el acceso de la salud de manera consistente, priorizando la calidad de los servicios sanitarios. En todo caso, los intentos por mejorar y transformar el sistema de salud han estado vinculados a procesos políticos y electorales, que no han logrado modificar radicalmente el concepto de salud pública en el país.

En Bolivia, la salud de calidad y la buena atención son un privilegio. Se ha naturalizado que políticos, empresarios y otros sectores con elevado poder adquisitivo sean los que accedan a la salud privada y, en el peor de los casos, que se trasladan al exterior para tratar los problemas que los aquejan.

El problema no es que recientemente Evo Morales haya estado internado en la Clínica Los Olivos, Fernando Camacho en la Clínica Incor, Oscar Ortiz en la Clínica Foianini y que Luis Arce reciba tratamiento para su cáncer en Brasil, el problema es que la gran mayoría de los bolivianos no pueden hacer lo mismo, lo que implica pérdidas humanas. El Estado boliviano históricamente ha hecho poco por transformar esta realidad.

El gasto corriente (no solo el público) en salud en Bolivia para el año 2018 representó el 6,3% del producto interno bruto. Y en promedio, desde 2000 hasta 2018, el país gastó en salud el 5,3% de su PIB. El único país que ha gastado menos que Bolivia, en términos relativos al PIB, es Perú, que en 2017 erogó por este concepto un 5%.

Por otro lado, Bolivia es el país de la región que registra el menor gasto per cápita en salud, según datos del Banco Mundial. Si bien este gasto se incrementó de $US 57 en 2006 a $US 223 en 2018, continúa siendo el más bajo de la región y con la tendencia menos pronunciada de crecimiento, lo que indica que el resto de países vecinos han incrementado este gasto en mayor proporción que Bolivia.

La poca importancia presupuestal de la salud

Ante la aprobación del nuevo Presupuesto General del Estado (PGE), el gobierno ha señalado que se ha considerado un 10% de dicho presupuesto para el sector salud. Algo que distintos sectores de la sociedad civil han venido reclamando desde hace muchos años.

Sin embargo, asambleistas de oposición cuestionaron la medida porque en ese 10% se contabilizan los aportes de seguridad social que realizan los propios trabajadores, lo que representa 4% del PGE. Por lo que, en realidad, el Tesoro General de la Nación (TGN), estaría aportando un 6% para la salud de los bolivianos. Al momento de admitir esta situación, el ministro Montenegro señaló que pese a ello el TGN considera un monto de 2.450 millones de bolivianos para comprar vacunas, crear nuevos ítems y financiar el Sistema Único de Salud (SUS).

Ahora bien, más allá de la anterior discusión ‒preocupante ya que implica que la salud continua ocupando un lugar secundario en la agenda pública pese a la crisis sanitaria‒, también en el transcurrir de los años se puede identificar la prioridad que tuvo el mejoramiento de la salud en el país a través de los presupuestos de inversión pública ‒es decir, la inversión en salud y no solo el gasto corriente‒.

La tendencia es preocupante: mientras el Estado ha contado con más recursos, en términos proporcionales ha invertido menos en salud. Según datos de UDAPE, si en el año 2000 del total de la inversión pública se destinaba un 10,4% a salud, para el año 2018 esta inversión cayó hasta un 5,9%, aunque en años precedentes (los de mayor bonanza) la inversión ejecutada en salud no sobrepasó en muchos casos el 3,2% de la inversión pública (como el año 2012). Si bien en términos absolutos la variación de esta cifra representó una inversión mayor, al mismo tiempo significa que ese incremento absoluto fue mucho menor al incremento de la inversión de otros sectores de la economía boliviana, en especial aquellos relacionados con actividades extractivas.

Este año 2021, el año en que el foco de atención debería estar puesto en los servicios sanitarios, el nuevo PGE señala que se invertirá en salud menos que en 2019. Ese año el presupuesto para inversión en salud fue de 3.565 millones de bolivianos, mientras que en 2021 lo presupuestado para este rubro representa 3.404 millones de bolivianos.

A lo anterior, además, se debe añadir que los recursos ejecutados en salud siempre son menores a los presupuestados, por ejemplo, en 2019 solo se ejecutó el 56,4% que el presupuesto de inversiones destinaba a salud, lo que genera susceptibilidades de que este 2021 pueda pasar lo mismo.

Con lo anterior, también surgen dudas sobre cómo se sostendrán otros servicios sanitarios, como el denominado SUS. Si el presupuesto 2019 fue aprobado en 2018 y no consideraba aún la implementación del Sistema Único de Salud ‒ya que este fue aprobado de manera abrupta en febrero de 2019‒, la pregunta es cómo es posible que el presupuesto 2021 prevea un monto de inversión sanitaria menor que la de 2019.

Un sistema de salud “universal y gratuito”, como señala el lema del SUS, implicaría un incremento cuantioso de la inversión y el gasto corriente en salud. De no ser el caso, lo único que se estaría haciendo es aumentar la presión sobre el ya precario sistema de salud que tiene el país. Algo que ya estaba sucediendo y que ahora se amplifica por la crisis de la covid-19.

Cerrar los ojos y que desaparezca la pandemia

En el tan criticado discurso de Luis Arce, en el que pide a la ciudadanía “aguantar”, también señala lo siguiente: “todos lo sabemos, nos engañaríamos si decimos que encerrados en cuarentena vamos a resolver en nuestro país el problema del coronavirus, ¡eso es falso! También engañaríamos al pueblo boliviano que con la detección y con el aislamiento estamos resolviendo el problema del coronavirus. ¿Cuál es la solución estructural al problema? Es la que nosotros hemos dado: la vacunación”.

Ni el gobierno boliviano es artífice de la solución de la vacunación, ni las medidas de confinamiento y detección son inútiles. Desde que se inició la pandemia, la mayoría de los gobiernos que asumieron políticas responsables frente al virus ‒que entre ellas estaba el desarrollo de la vacuna‒, han implementado medidas de confinamiento y detección de la covid-19, junto a un masivo gasto en salud. Si bien todo ello, efectivamente, no resuelve el problema del virus ni lo hace desaparecer, son estrategias que salvan vidas (tan simple como eso).

Ahora bien, la crisis económica es un hecho y no se puede implementar medidas de cuarentena sin considerar la situación económica de millones de bolivianos que han visto deteriorarse o desaparecer sus fuentes de ingreso. Recordar que durante el tercer trimestre de 2020 la tasa de desocupación alcanzó un preocupante 10,7%, mientras que la tasa de subocupación llegó a un alarmante 16,65%.

Entonces, si el gobierno ha decidido no atender el llamado de los médicos para implementar una cuarentena rígida porque la situación económica es muy precaria, lo mínimo que debería suceder es que el foco del gasto y la inversión pública en el mediano plazo se concentre en el cuidado de la salud de los bolivianos hasta que la pandemia ‒si es que sucede‒ pueda ser controlada por las vacunas. No se trata de “aguantar” individualmente, se trata de que el Estado se haga cargo de una obligación pública: el cuidado de la salud de la población.

Salud y economía solo serán antagónicas en tanto el Estado no responda a esta su obligación.

Indicadores de salud que preocupan

Bolivia tiene los indicadores de salud más preocupantes de la región. Para 2018 el país contaba con la tasa de mortalidad infantil más elevada de Suramérica, con 21,2 fallecidos por cada 1.000 nacidos vivos. La mortalidad materna era de 155 mujeres fallecidas por cada 100.000 nacidos vivos.

También llama la atención la tendencia a empeorar de algunos indicadores, como la población menor de cinco años con infecciones respiratorias agudas. Según el INE, en 2011 esta población representó el 35,8%, mientras que para 2018 llegó a ser del 44%. En el caso de la población me­nor de cinco años que tuvo enfermedades diarreicas agudas, en 2011 representó el 22,67%, mientras que para el 2018 aumentó a 26,14%.

Fuente: https://elpais.bo/reportajes/20210125_bolivia-el-estado-que-obliga-a-elegir-entre-salud-o-economia.html

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