Artículo de opinión

Por: Cesar Mauricio Larrain-Economista

El presente año marca un vertiginoso incremento exponencial de la economía informal en Bolivia, más del 80%; según el Cedla (Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario). Negocios locales y ferias se desarrollaron para combatir la crisis porque la gente necesita alimentarse; el virus mata y también el hambre.

En las capitales de ciudades, las personas se dan modo para comercializar alguno que otro producto, hasta sus propias prendas de vestir. Es claro que la población en general desea cada día uno que otro ingreso extra, para cubrir los gastos que demanda el hogar.

Por otra parte, vender productos de la canasta familiar baratos está de moda, más aún si el valor de esa mercancía está un 30 o 50% menos que el colocado en el mercado local y ¡qué mejor si es extranjero! (todo aquello fruto del contrabando); pero ¿qué costo asumiremos más adelante?

Bajo este sistema de compra barata, entre los afectados está el agricultor, pues trabaja sin descanso, además de sobrellevar los efectos del cambio climático, tropieza por una crisis sanitaria y ahora se añade como un plus el contrabando.

El productor combate sus pérdidas; Dios sabe cómo, si bien las políticas estatales son claras para contrarrestar este mal, el tardío accionar con dureza de parte del Gobierno se hace evidente. Hay deficiencia en la batalla contra un enemigo tan letal para la economía.

Desde antes de que nazca el sol, el contrabando no descansa. Así es como el satanás (opositor) de la economía en Bolivia, rae los ingresos que debieran ser también para el sacrificado productor.

La Ley 1053 del año 2018 de Fortalecimiento de la Lucha Contra el Contrabando, castiga el hecho ilícito hasta con 12 años de privación de libertad y obliga la coordinación entre autoridades gubernamentales, Fuerzas Armadas y policiales, para ejercer una lucha conjunta contra el ingreso ilícito de mercadería.

En 2019 se implementaron más mecanismos de seguridad como motorizados y drones para la vigilancia en las fronteras del país; además de incentivos para las comunidades que alerten sobre este tipo de actos. Empero la lucha aún es minúscula.

Por su parte, el sector agropecuario es movido por más de 724.000 familiares agricultoras, 62.000 agricultores intermedios y cerca de 11.000 agricultores industriales, según el IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura) genera hasta el 28% del empleo nacional.

A pesar de las medidas adoptadas durante la crisis sanitaria entre 2019 y 2021, este sector no paró y logró un crecimiento del 9,60% al segundo trimestre del año 2020 con respecto al año anterior (datos INE), colaborando a la disminución del efecto contractivo del PIB, que obtuvo una variación acumulada del -11,11%.

Pero, ¿hasta cuándo será así?

Siendo este sector tan pujante, es una lástima que los productores estén protestando y bloqueando para exigir a la administración pública actuar contra el oxidante mal. Es un tema turbio que lleva muchos años en la espalda de la agenda estatal.

Es imperante combatirlo; por la tanto, se necesita un atalaya de la economía nacional.

La contracción de la oferta agropecuaria, hará peligrar la soberanía alimentaria exigida por el Gobierno, pero sin incentivos, ¿para qué seguir produciendo?

En conclusión, el reclamo latente del sector agropecuario no tiene que hacerse esperar, el Ejecutivo debe ser más rígido, aplicar las normas, más tecnología de control y combate. Se debe actuar ya.

También nosotros como ciudadanos, reflexionemos en la compra de los productos que ofrecen en el mercado, consumamos lo nuestro, porque la vida nos pasará factura por no apoyar a nuestros productores y en un momento dado, esto se reflejará en los precios de la canasta familiar.

Hagámoslo, ya que se está lastimando a familias que alimentan a nuestra amada Bolivia. Les dejo una frase muy conocida por el sector que dice: Sin productores, no hay comida.

Fuente: https://eldeber.com.bo/opinion/el-satanas-del-agro_236128