El Deber • El Cedla asegura que con la pandemia la precariedad laboral se agudizó en el país
Según el Cedla, unos 481.112 trabajadores perdieron sus empleos en 2020. Empresarios creen que la presión sobre las mypes, unidades productivas y medianas empresas formales está conduciendo a la insostenibilidad, el desaliento o el colapso
Por: Fernando Rojas Moreno / El Deber
Sin duda que 2020 quedará grabado en la memoria de los bolivianos, no solo porque la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus que destapó la precariedad del sistema de salud, sino también porque cientos de miles de personas ‘en un abrir y cerrar de ojos’ pasaron de tener un empleo u ocupación a engrosar las filas de los desocupados en el país.
A decir de Bruno Rojas, investigador del Centro de Estudios Para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Bolivia vive desde hace muchos años una crisis del empleo que se manifestó en el deterioro creciente y sostenido de las condiciones laborales de los trabajadores, es decir, de la calidad de sus empleos. “Un proceso de precarización laboral que se generalizó en todos los sectores y ramas de actividad de la economía nacional. Con la pandemia la precariedad laboral se agudizó”, enfatizó.
El investigador cree que el atraso en el desarrollo industrial del país por la predominancia de un modelo económico extractivista y agroexportador, sumado a la profundización de prácticas de flexibilización laboral y una demanda de mano de obra que requiere más trabajadores en puestos de menor calificación, fueron las causas principales que provocaron un deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores.
Rojas refirió que los asalariados, particularmente aquellos ubicados en puestos de menor calificación laboral, con empleos temporales y los contratados en micro y pequeñas empresas, fueron parte de los sectores poblacionales más afectados por el deterioro de la calidad de sus empleos. Aludió que en 2019, antes de la pandemia, un 66% de los trabajadores asalariados en el sector formal y un 98,6% de los que trabajaban en el sector informal, tenían empleos precarios, varios de ellos, temporales e inestables, con salarios que no alcanzaban para cubrir una canasta alimentaria y con carencia de seguridad social, características de estos empleos precarios.
En 2020, según el investigador del Cedla, unos 481.112 trabajadores perdieron sus empleos o buscaron afanosamente una fuente laboral sin conseguirlo. Los datos más actuales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dan cuenta de que la tasa de desocupados en el área urbana, hasta febrero de este año, llegó al 8,9%.
Decisión incomprensible
Tras el acuerdo entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la Central Obrera Boliviana (COB) de aumentar un 2% al Salario Mínimo Nacional (SMN) y congelar el haber básico este año, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, a nombre del sector, calificó de incomprensible una decisión de esta naturaleza en un momento en que se necesita proteger las fuentes de trabajo y la estabilidad de las familias bolivianas.
“El Gobierno y la COB optaron por aplicar aumentos que alcanzan a un número limitado de personas, perjudicando a la mayoría e induciendo a un número mayor de personas a engrosar las filas de la informalidad porque tendrá menos oportunidades de conseguir un empleo digno”, dijo Barbery.
La CEPB cree que la presión que se ejerce sobre las mypes, las unidades productivas y las medianas empresas que actúan en la formalidad, no solo está llegando a niveles irracionales, sino que además va en aumento, y está conduciendo a un muchas de ellas a la insostenibilidad, el desaliento o el colapso.
Con el 2% de incremento, el SMN pasará de Bs 2.122 a 2.164, un incremento de Bs 42.
En la otra vereda
El viernes, un día después del acuerdo con la COB, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, explicó que el ajuste del 2% al SMN es marginal y no aumentará “brutalmente” las planillas de las empresas porque la mayor parte de la masa salarial está concentrada en el haber básico.
Hizo esta explicación ante declaraciones de empresarios privados quienes, en pasados días, señalaron que a causa del incremento salarial se perderían fuentes de empleos y se afectaría a la generación de nuevos puestos laborales.
Previo al cierre de la negociación con la COB, Montenegro explicó que cada porcentaje de incremento salarial generará una consecuencia en la economía y si acaso se dispone un mayor incremento salarial -ofreció un ajuste al SMN del 0,67%- generará un ‘descalabro’ en la economía del país.
El secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, explicó que el porcentaje para el caso del SMN se constituye en una reposición por el déficit registrado en 2019 y 2020. Detalló que servirá para el cálculo del bono de antigüedad y el subsidio de lactancia.
EXPERTO ADVIERTE QUE NUEVAS NORMAS LABORALES PUEDEN AFECTAR A LA ESTABILIDAD DE LAS EMPRESAS PRIVADAS
En el ‘radar’ del jurista Paul Aramayo los tres proyectos de ley -de ‘Estabilidad Laboral’, de ‘Derechos Adquiridos’ y ‘Contra el Acoso Laboral’- en debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional es probable que alguna de estas normas, en vez de contribuir a la creación de empleos o apoyar a la sostenibilidad de las empresas, tienda a afectar más bien la estabilidad de las empresas privadas formalmente establecidas, al imponer normas que no condicen con la realidad, fomentando la informalidad del empleo.
A decir de Aramayo, lo crítico en el proyecto de ley de ‘Estabilidad Laboral’ es que, por efecto de la retroactividad de la norma, se podrían dejar sin efecto despidos o disminuciones salariales dispuestas unilateralmente por los empleadores desde el 10 de marzo de 2020 a la fecha, lo cual evidentemente podría generar contingencias importantes al empresariado privado nacional.
Además, aduce que dicho proyecto vendría a reafirmar todo el marco constitucional vigente del Régimen de Estabilidad Laboral Rígido que impera en Bolivia, prohibiendo al empleador tomar medidas unilaterales que afecten a la estabilidad laboral de sus empleados, o que desmejoren o disminuyan las condiciones inicialmente pactadas con sus trabajadores, las mismas que podrán ser declaradas nulas.
La semana pasada el Ministerio de Trabajo y la COB suscribieron acuerdos para avanzar en el proyecto de ley de Principios del Derecho Laboral y Protección al Trabajo en el marco del pliego petitorio del ente sindical.
