Javier Gómez

En este trigésimo aniversario, el CEDLA considera que siguen vigentes las condiciones objetivas que justifican su misión, por lo que ratifica su compromiso de continuar con su tarea de contribuir al fortalecimiento político de los trabajadores y sus organizaciones.

Con el retorno de la democracia, en octubre de 1982, sobrevino un entorno oscuro. La “crisis de la deuda” fue la expresión de cómo el escenario internacional se había modificado respecto de un estilo de desarrollo preponderante en la década pasada.

 

Con el precio de los minerales por los suelos y una economía primario exportadora, altamente vulnerable a los cambios externos, que se desestructuró, sobrevino un periodo hiper-inflacionario, frente al cual se construyó la ideología del ajuste y el neoliberalismo. En ese escenario nace el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), como un centro de pensamiento y generación de conocimiento comprometido con los intereses de los trabajadores urbanos y rurales. Si bien nace formalmente como institución sin fines de lucro el 21 de enero de 1985, su génesis data de un par de años antes, cuando un conjunto de profesionales de las ciencias sociales realizó investigaciones sobre las migraciones laborales y el empleo.

 

El impacto de la crisis económica y el inicio de las políticas de ajuste generaron un escenario político y social en ebullición. Un proletariado minero movilizado contra la “relocalización”, la Marcha por la Vida y la Paz de agosto de 1986 y el decreto 21060, que inició las políticas neoliberales, fueron los hechos que marcaron con fuego no solo la producción de conocimiento del  CEDLA, sino su derrotero político.

En esos años, los investigadores del CEDLA no solo analizaban información estadística y escribían documentos e investigaciones, sino que también acompañaban a los mineros en su marcha histórica por la carretera de Oruro a La Paz,  recabando información acerca de las causas y objetivos de tan importante movilización social para su difusión en el ámbito público. En ese contexto se produjeron los primeros escritos sobre las políticas neolilberales.

 

A fines de esa “década perdida” y a contrapelo de una intelectualidad cooptada por el poder del “pensamiento único”, el CEDLA propuso retratar, con precisión de relojero, las políticas de ajuste estructural; produjo una serie  de títulos que desmitificaron las bases de un modelo que respondía al tristemente célebre Consenso de Washington.

 

ESTUDIO. Se diseccionó a la sociedad boliviana, buscando conocer las formas de trabajo que se estaban construyendo en las ciudades a través de un mayor flujo migratorio desde el campo y cómo las políticas de liberalización comenzaban a transformar el ámbito rural,  tanto en el altiplano como en las tierras bajas.

 

El resultado más importante del CEDLA en esta etapa no fue enarbolar una discusión académica abstracta, sino retratar en concreto cómo el modelo económico sembraba las condiciones para explotar a los trabajadores y profundizar la pobreza.

Tras la “primera generación” de reformas estructurales, como la tecnocracia bautizó ese periodo, en los 90 se aplicó un segundo paquete de políticas para profundizar el modelo; el gonismo diseñó la privatización de las empresas públicas estratégicas, la reforma de pensiones, de las políticas de tierra y territorio (la Ley INRA), entre lo más importante. 

 

El CEDLA participó activamente con sus investigaciones en el debate público sobre las reformas estructurales. Nuevamente, el énfasis fue puesto en el impacto de la política pública sobre los trabajadores.

 

Estas investigaciones dieron cuenta de la dependencia cada vez más creciente de los vaivenes del capital transnacional; sin empresas estratégicas bajo control del Estado ni recursos genuinos para el desarrollo, con los aportes de los trabajadores bajo el cerrojo de la privatización de la seguridad social, estas medidas complementaron las políticas macroeconómicas de estabilidad de precios y la apertura comercial, con un efecto devastador sobre el mundo del trabajo, trayendo precariedad y sobreexplotación a través de diversos mecanismos de aplicación de una flexibilización laboral de facto.

 

El final de los 90 fue un retrato de la decadencia. La crisis financiera de 1999 acicateó la caída del neoliberalismo como paradigma de la política económica global, aunque solo sea de manera discursiva. Organismos multilaterales como el FMI o el Banco Mundial imaginaron nuevos empaques para sus “recomendaciones”, enfatizando en la reducción de la pobreza. La deuda externa comenzó a ser un problema, debido a que los países que aplicaron el ajuste estructural tenían problemas de pago y requerían de un salvataje urgente.

 

Bolivia nuevamente fue un alumno aplicado en este periodo, cumpliendo todos los lineamentos, accediendo a los programas de alivio de deuda (como el HIPC ), bajo la condicionalidad de aplicar las recetas de políticas macroeconómicas del  FMI.

 

El CEDLA ayudó a comprender el sentido de estas directrices, orientadas a remozar el neoliberalismo sin cambiar la esencia de sus políticas. Adelantó lo que, ya en el nuevo siglo, se manifestó de manera virulenta.  A fines de los 90, la investigación se centró en comprender los cambios profundos en el mundo del trabajo y las formas en que el neoliberalismo había provocado precariedad y debilitado el tejido productivo.

 

Junto con los trabajadores y organizaciones de la sociedad civil, se construyó una plataforma desde la que se debatió —con los insumos de la investigación— los alcances de la reforma laboral, lográndose frenar la aprobación de una nueva legislación orientada a flexibilizar las relaciones laborales y a conculcar derechos adquiridos. Esto anticipaba lo que vino luego, cuando el Estado ya no tenía capacidad de sostener la legitimidad de sus acciones —no solo por perder credibilidad, sino por no contar con capacidad material— y recurrió a la represión. En el fondo, Bolivia era cada vez más una sociedad desestructurada, sin una excusa para que la mayoría proyectara un futuro.

 

REBELIÓN. La crisis de inicios del nuevo siglo,  que afectaba a la economía y al Estado, el cual había perdido toda apariencia de ser representante general de la sociedad, provocó la rebelión de los obreros, campesinos y sectores pobres, que apuntaron al corazón del modelo y de la institucionalidad neoliberal: su carácter de representante de los intereses del gran capital transnacional. En esas circunstancias, el CEDLA se sumó pública y enfáticamente por la nacionalización de los hidrocarburos y se adhirió sin reparos a la movilización popular que buscaba construir desde las barrios, las minas y el campo un nuevo Estado, que correspondiera a los intereses históricos de los explotados.

El arribo al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) fue un hito en la evolución de la crisis general del Estado y del patrón de acumulación capitalista. Por ello, el masivo apoyo popular brindado a Evo Morales era una expresión de la apuesta de las mayorías nacionales por profundos cambios en la sociedad. El CEDLA, tras analizar el plan de gobierno del MAS para la elección de diciembre de 2005, advirtió acerca del carácter reformista de sus políticas, hecho que lo condenaría a transitar en la historia como un nuevo experimento de desarrollo capitalista —esta vez timoneado por los pequeños productores urbanos y rurales— que acabaría absorbido por los intereses y las fracciones de clase de la burguesía intermediaria, tributaria del capital transnacional.

 

La vigencia de la lógica mercantil capitalista en las políticas centrales del gobierno del MAS, a pesar de la altisonancia de su discurso “anticapitalista”, se concreta en la pervivencia del capitalismo atrasado con todas sus secuelas de explotación laboral, precarización de las condiciones de vida y marginalidad social de vastos sectores de la población, en particular de los trabajadores asalariados. Por eso, en este trigésimo aniversario, el CEDLA considera que siguen vigentes las condiciones objetivas que justifican su misión institucional, por lo que ratifica su compromiso de continuar con su tarea de contribuir al fortalecimiento político de los trabajadores y sus organizaciones, para superar las relaciones sociales de subordinación.