Posición del CEDLA (Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario) a propósito de la reciente medida gubernamental

El segundo aguinaldo: ilusión pasajera que no cambia la distribución desigual de la riqueza

La Paz, Bolivia – 21 de noviembre de 2013.– Pese a que el Decreto Supremo 1802 “Esfuerzo por Bolivia” sostiene que su objetivo es la redistribución de la riqueza creada con el esfuerzo de los trabajadores, el pago del segundo aguinaldo no significará una modificación definitiva o duradera de la estructura de distribución del ingreso nacional porque no afectará la tasa de ganancia de las grandes empresas dominadas por el capital transnacional, porque es una medida excepcional que no modificará el nivel de salarios y porque alcanzará sólo a un reducido número de trabajadores.

Tomando en cuenta que muchos trabajadores no son asalariados y que muchos de los mismos asalariados se encuentran en unidades del sector informal –como las cooperativas mineras, empresas de servicios, talleres de manufactura y pequeñas empresas de producción agropecuaria- donde no se paga el aguinaldo ni otros beneficios de ley, el grupo que recibirá este beneficio se limitará a los trabajadores dependientes del Estado y una parte pequeña del sector privado (el núcleo de trabajadores estables de grandes y medianas empresas formales). Además, el propio decreto excluye a trabajadores que ganan más que el presidente Morales, a los consultores por producto y a los que no trabajaron más de tres meses ininterrumpidos durante el año; asimismo, los consultores en línea (consultores del sector público) percibirán el segundo aguinaldo sólo por este 2013 y desde el próximo año ya no gozarán de ese beneficio.

Considerando datos de la Encuesta de Hogares de 2011 sobre los ocupados que reciben normalmente el aguinaldo navideño, los que potencialmente podrían recibir el segundo aguinaldo constituirían el 18% de los trabajadores ocupados del país. Empero, como informaba un comunicado del Ministerio de Trabajo a fines de diciembre del año pasado, sólo un 31% de las empresas registradas en ese  despacho de gobierno habían presentado planillas de pago de ese beneficio, por lo que el porcentaje de trabajadores que cobrarían efectivamente este nuevo aguinaldo podría ser menor que ese 18%.

Siendo diciembre tradicionalmente un mes “inflacionario”, un incremento de la liquidez en manos de los consumidores ocasionará con seguridad un incremento de los precios, con lo que podríamos superar el 7,5% de inflación anual  previsto por el gobierno en septiembre. Esto sucederá por efecto de las expectativas inflacionarias que ha despertado el anuncio gubernamental de la medida, es decir por la especulación sectores que verán la oportunidad de incrementar los precios de sus mercancías (comercio, transporte, servicios personales diversos, etc.), en un contexto de insuficiencia de la producción de varios rubros, principalmente de alimentos, que ha ocasionado la reanimación del proceso inflacionario en meses pasados. Con todo, se debe descartar que se trate de una inflación de costos provocada por el incremento de las remuneraciones, puesto que este beneficio que se aplica a fin de año afectará la utilidad o ganancia de la gestión neta de costos.

El incremento de precios ocasionará la disminución del poder adquisitivo de los ingresos, incluido el de este segundo aguinaldo- lo que demuestra su carácter fugaz-, afectando, fundamentalmente a los hogares más empobrecidos. Es de anotar también, que el incremento del consumo lastimosamente no beneficiaría a la producción nacional como dice el gobierno, debido a que el país importa una gran cantidad de lo que consume, situación que se agudiza sobre todo en época navideña, cuando se demandan bienes que normalmente, durante el año, no se compran; es decir, que el gasto incrementado beneficiará principalmente a comerciantes importadores y, obviamente, a la industria extranjera.

Si el universo de los que recibirán el segundo aguinaldo ya es reducido debido a la estructura del empleo y el incremento de la contratación sin derechos laborales, además por la forma en que se ha determinado el nuevo aguinaldo, es posible que muchas empresas privadas que pagaban normalmente  el aguinaldo navideño, no puedan cubrir esta nueva obligación (principalmente pequeñas empresas formales de ramas económicas terciarias, especialmente), con lo que el universo de beneficiarios se reduciría aún más.

Finalmente, un efecto posible que no habría que soslayar es la agudización de la precariedad del trabajo y la informalidad, inducido por el riesgo de cierres de actividad y despidos en unidades formales de menor tamaño que obtienen bajas utilidades, distintas a las ganancias de  las grandes empresas. La probable respuesta empresarial dirigida a resarcirse del impacto de este nuevo aguinaldo sobre sus ganancias, podría consistir en la adopción de estrategias que en el pasado ya fueron utilizadas: reducción de la planilla de trabajadores permanentes que reciben los beneficios laborales de ley y “terciarización” de algunas tareas –es decir, subcontrato de trabajadores sin beneficios- provocando una virtual expansión de la informalidad.

Esta situación no es desconocida por el gobierno, por lo que, con una alta probabilidad, su propósito no es modificar la estructura de distribución de la riqueza, pues el nuevo beneficio no afectará a los capitalistas que se benefician del incremento de la productividad y la obtención de rentas o ganancias extraordinarias –como, por ejemplo, las empresas de exportación petroleras, mineras, agroindustriales y entidades financieras- y, más bien, provocará la intensificación de la explotación de la fuerza de trabajo por la condicionalidad de alcanzar tasas de crecimiento del PIB mayores al 4,5%, un porcentaje promedio que oscurece la información sobre las tasas reales de explotación en los sectores productivos, en una economía capitalista atrasada como la boliviana.

Por todo ello, resulta evidente que la medida gubernamental tiene claros objetivos electorales: primero, conseguir el apoyo de importantes sectores laborales, especialmente de los que dependen del TGN, incluidos los trabajadores eventuales y consultores únicamente por este año electoral; segundo, lograr la adhesión política de organizaciones como la COB a su campaña electoral; tercero,  tampoco se debe descartar el objetivo recaudatorio, pues, como muchas autoridades han reconocido, una fuente de ingresos esencial para el partido de gobierno es el “aporte voluntario” de los empleados estatales, recursos más necesarios en tiempos de elecciones, que podrían venir de ese nuevo aguinaldo.

Reafirmamos que la única solución duradera es  el incremento de la inversión productiva y del empleo estable y bien remunerado, con la utilización por parte del Estado de las enormes rentas provenientes de las industrias extractivas en sectores productivos como la agricultura y la industria, para la generación de ingresos sostenibles, situación que debería darse mediante la efectiva nacionalización de los medios de producción de los sectores estratégicos que generan la mayor parte del excedente de la economía nacional. De esa manera, la redistribución de la riqueza podría verificarse a través de la conversión de esos ingresos fiscales y los que provengan de la tributación sobre las ganancias empresariales, en nuevas fuentes de trabajo y en servicios públicos y sistemas de seguridad social universales.

 

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