La actual política energética boliviana tiene el urgente reto de superar sus serias limitaciones y ver más allá del extractivismo y del desarrollismo

BOLIVIA PIERDE, SI SU DESARROLLO ENERGÉTICO VULNERA LOS DERECHOS SOCIO AMBIENTALES

Bolivia no puede ni debe desarrollar una fuerte política energética, avasallando y vulnerando los derechos ambientales y socioeconómicos de su población, se advirtió en La Paz en el seminario de la Plataforma Energética sobre “Política petrolera, medio ambiente y lecciones aprendidas sobre consulta previa”.

La especialista Teresa Coaquira dijo que la actual política energética boliviana tiene el reto de superar sus limitaciones y ver más allá del extractivismo y el desarrollismo, y así evitar graves e irreparables daños ambientales y sociales. 

Ante más de dos centenares de representantes de diversos sectores e instituciones, la especialista explicó, además, que una política energética, que armonice la expansión de la industria con las necesidades ambientales, sólo puede darse en el marco de una planificación integral participativa, que sea capaz de conciliar el desarrollo nacional con las aspiraciones del vivir bien.

Para ello, según la especialista, urge comenzar a superar las actuales disyuntivas y dilemas de la política energética boliviana, que oscila entre el desarrollismo y la filosofía del vivir bien, adoptando medidas prácticas y urgentes como mayores exigencias técnico – ambientales para las operaciones extractivas y la prohibición de actividades del sector energético en Áreas Protegidas cuyos objetivos de conservación, servicios ambientales, recursos genéticos, espacios arqueológicos y socio-culturales se pongan en riesgo con la nueva intervención.

Otras medidas prácticas, en este sentido, serían la reglamentación de la Consulta Previa para garantizar transparencia y participación de los potenciales afectados con los proyectos del sector, y reglamentar el contenido y los alcances de los documentos técnico-ambientales (Fichas ambientales, Estudios de Impacto Ambiental, Manifiestos Ambientales, Auditorías Ambientales).

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NORMATIVA OBSOLETA Y CONTRARIA AL MEDIO AMBIENTE

En Bolivia pervive la normativa neoliberal orientada a facilitar la explotación de los recursos naturales, sin considerar sus graves efectos sobre el medio ambiente. Este es el caso, por ejemplo, de la actual Ley del Medio Ambiente 1333, del Reglamento Ambiental del Sector de Hidrocarburos y de la Ley de Electricidad 1604.

La gestión ambiental no se ha modernizado y no está a tono con un desarrollo más sostenible y sano. En algunos casos, incluso, los ajustes en la normativa han facilitado el predominio de las actividades extractivas sobre las necesidades socioambientales. No es casual, por ello, que el Reglamento que en 1995 establecía que los proyectos extractivos podían obtener la licencia ambiental en 150 días, haya sido flexibilizado en el 2007, por lo que esta licencia ya demanda sólo 70 días.

Hay que hacer ajustes a la normativa ambiental sectorial. Debería haber mayores exigencias técnico-ambientales. A nivel mundial, estas exigencias para los proyectos extractivos son bastante fuertes porque son actividades de alto riesgo. Bolivia no debería ser la excepción.