Por: Mónica Huancollo / La Brava

Desde 2013, Victoria Mamani, de 57 años, nunca faltó a su trabajo doméstico por motivos de salud, tampoco tuvo la oportunidad de realizarse un estudio médico, hasta que llegó marzo de este año, cuando ya no pudo más con el dolor y un examen develó que padece cáncer de útero avanzado en fase tres.

Los síntomas de la enfermedad se presentaron a mediados de 2020, con dolores de estómago y espalda, que ella dejaba pasar.

Su alimentación era precaria. Por los quehaceres en una casa particular de la zona Sur de La Paz, ella comía cuando podía, por lo general, en las noches y un recalentado.

Durante la pandemia, sin pensar en las consecuencias y temerosa de que la despidan, dejó las tareas que hacía cama afuera y tuvo que prestar sus servicios sin salir del domicilio donde trabajaba. Fueron tres meses de encierro sin ver a su familia y las horas laborales se incrementaron, pero no su salario.

Alzaba constantemente muebles y alfombras pesadas, lo que empeoró su salud, el dolor de espalda se hacía cada vez más fuerte y ella empezó a adelgazar y a transpirar.

“No sabía qué me pasaba, estaba más delgada y mi cara transpiraba mucho. Me lavaba y volvía hacer mis quehaceres. Debía cocinar y limpiar, no había tiempo”, cuenta la mujer.
El dolor fue más fuerte a finales de febrero y en marzo Victoria pidió permiso para hacerse un examen y el estudio develó que tenía cáncer de útero.

Cuando la empleadora supo del cáncer, la retiró y le hizo firmar una renuncia voluntaria, dándole como indemnización Bs 7.000, por nueve años de trabajo.

“He trabajado tanto en esa casa, me hacía lavar alfombras grandes y pesadas. A veces no comía, todo por ganarme platita y ahora que necesito ayuda por mi enfermedad me ha cerrado las puertas sin darme un peso para curarme”, denuncia Victoria, entre lágrimas y postrada en la cama del dormitorio de su casa de adobe en Alto Calacoto, en el sur de la ciudad de La Paz.

Los ojos tristes y sollozos de la mujer reflejan su sufrimiento. Soportó en silencio su dolor y en ocasiones, incluso, ser maltratada porque era el único sustento de su familia, al tener a su esposo enfermo con diabetes y a sus hijos sin trabajo.

Arrepentida por todo su sacrificio, ahora clama por ayuda para vencer el cáncer, pues los Bs 7.000 que recibió por los nueve años de servicio doméstico y múltiple, no le alcanzan para cubrir los más de Bs 25 mil que necesita para su tratamiento en un centro privado.

Victoria no es el único caso. Aunque no se tiene un número exacto, hay otras compañeras que luego de décadas de servicio fueron retiradas por el cáncer, algunas con males reumáticos o artritis, según la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar de Bolivia (Fenatrahob).

También hay mujeres que por levantar objetos pesados sufren descensos de vejiga o matriz; otras tuvieron fracturas por accidentes en las casas donde trabajaban. Las curaciones salen de los bolsillos de las empleadas y sin el goce de una baja médica, detalla Marcela Mariaca, asesora legal del sector.

Al parecer, hay un desconocimiento y dejadez en derechos de salud, porque en los tres años que la abogada brinda el servicio gratuito en derecho laboral, ninguno corresponde a una demanda por daños a la salud. “Desde 2018 estamos llevando de 25 a 30 procesos. Todos son por falta de pagos, beneficios sociales devengados o despidos injustificados. Son raros los jefes que pagan los gastos médicos de sus trabajadoras, esto también se debe a que hasta ahora ellas no cuentan con seguro social”, explica.

Marcela Quispe, secretaria de la Fenatrahob, revela que en el trabajo doméstico “no hay tiempo para descansar”, por eso, sus compañeras ponen en riesgo su salud.

“No puedes estar sentada, los empleadores te miran mal. Además, te contratan para una cosa, pero terminas haciendo todo. No puedes enfermarte porque eso podría ser motivo de despido”, reclama Marcela.

Ella, por ejemplo, sufre constantes dolores en los huesos y se le hinchan las manos por la artritis que padece como consecuencia de más de 20 años de servicio doméstico, lo que implicaba estar siempre de pie, planchando, lavando con agua fría o caliente los trastes de un hogar.

En Bolivia, 117.735 personas se dedican al trabajo doméstico; de esta cantidad el 94,3 por ciento son mujeres y solo el 5,7 por ciento son hombres, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), define como trabajo doméstico a las tareas de limpieza, cocina, cuidado de niños o adultos con discapacidad, compras al mercado y otras que se realizan en un domicilio particular.

Victoria empezó con los quehaceres múltiples a los 28 años, pero otras lo hicieron desde su infancia hasta ser adultas, lo que ha repercutido en su salud y en el padecimiento de males crónicos.

Juliana Maydana es fundadora, junto con Basilia Catari, Delfina Mamani, Justina Bernal, María Condori y Santusa Choque, del primer Sindicato de Trabajadoras del Hogar de Sopocachi, que luego dio pie a la creación de otros gremios y a la nacional.

Tenía nueve años cuando su padre la trasladó de su pueblo, Tiwanaku, a la ciudad de La Paz, para que “ayude” a una pareja de esposos. Luego atendió a otras familias, incluidas una holandesa.
A esta última agradece la responsabilidad y disciplina que le inculcaron, además de que fue la primera familia que le otorgó derechos laborales.

Conoce muy bien el desamparo en el que están sus compañeras y los problemas de salud que las aquejan debido, en su mayoría, a la explotación laboral, que no es de ahora, sino de siempre, apunta.

Las mismas fundadoras quedaron casi en el olvido y con males crónicos. Por ejemplo, Basilia Catari murió en enero de este año por diabetes. Retirada del oficio por su lucha, los últimos años de su vida terminó vendiendo refrescos en las calles sin un puesto fijo, sola, sin hijos y sin derecho a una jubilación, cuenta Juliana, quien por una enfermedad neurodegenerativa perdió la vista progresivamente hasta quedar ciega. Ahora asiste a terapias y realiza fisioterapias por su padecimiento.

“Las trabajadoras del hogar no teníamos derecho a nada. Las que eran madres no gozaban de los 45 días de permiso antes y después del parto, por eso hemos luchado para tener una ley. Ahora hay más derechos, pero se siguen cometiendo atropellos y eso me da pena”, sostiene.

Con todo esto, el trabajado doméstico no es nada alentador, considerando que “es uno de los oficios más antiguos que se origina en la época de la esclavitud y de otras formas de servidumbre conocidas en la historia”, señala el Informe de las Trabajadoras Remuneradas del Hogar en América Latina y el Caribe frente a la crisis del Coronavirus de la Cepal, ONU Mujeres y la OIT.

En la Defensoría del Pueblo y el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) tampoco hay un informe sobre el estado de salud de las trabajadoras del hogar.

El Gobierno comprometió la aprobación del decreto reglamentario de seguro de salud que dispone la Ley 2450, que regula el trabajo doméstico asalariado, luego de 18 años de espera y lucha de la Fenatrahob, pero aún no hay nada al respecto.

Una conquista que pocas disfrutarán

La Ley 2450, promulgada el 9 de abril de 2003, otorga derechos laborales, entre estas la afiliación a la Caja Nacional de Salud (CNS) para que sean atenidas en los diferentes policlínicos, pero el beneficio no será para todas.

El seguro de salud será cancelado con el 10 por ciento de aporte patronal, como lo indica la Ley de Seguridad, apunta la asesora legal de la Fenatrahob, pero el beneficio será para aquellas que ganen el salario mínimo nacional, es decir, Bs 2.122.

De acuerdo con datos de 2020 del CEDLA, elaborados con base en el INE, en Bolivia unas 72.975 mujeres trabajadoras del hogar ganan Bs 1963, un salario inferior al mínimo nacional, por lo que posiblemente no tendrán acceso a ese beneficio.

Fuente: https://www.facebook.com/109883887504663/posts/287707189722331/