Finalmente fue YPFB quien asumió el pago de la multa impuesta por Petrobras por el incumplimiento de las nominaciones de gas en los envíos a Brasil durante varios meses del año 2018. Antes, representantes de la estatal boliviana afirmaron que era Petrobras-Bolivia quien se haría cargo de la multa.

Sin embargo, fue YPFB, como firmante del contrato compra-venta con Brasil, quien era la encargada de asumir la responsabilidad. Los reportes señalan que se traspasará la multa a las operadoras de los campos San Alberto y San Antonio, que son: Petrobras Bolivia con el 35%; Total con el 15% y YPFB Andina con el 50% (este último compuesto por la sociedad entre YPFB con el 51% y Repsol con el 49%).

De esta manera, se ve que al menos una parte de la multa de más de 133 millones de dólares recae directamente sobre YPFB, que según los porcentajes de la sociedad de las operadoras sería de aproximadamente el 25% del total, es decir unos 33,25 millones de dólares.

Recordemos que, según expertos, el incumplimiento de Bolivia en el envío de gas a Brasil (y también a Argentina, cuyas multas y montos son otra historia que se suma a ésta) se debe a la declinación de la producción de los campos gasíferos actualmente en operación. Y al no haberse encontrado hasta el momento nuevos reservorios de magnitud que compensen esto, la consecuencia ha sido la baja producción y el incumplimiento de los contratos aún vigentes.

La mayoría de los pozos perforados durante el gobierno de Evo Morales -122 de los 170- fueron pozos de desarrollo (extracción), y sólo 48 fueron pozos exploratorios, lo que significa el 28% del total.

A su vez, la falta de nuevos descubrimientos se debe a un prolongado descuido en las tareas de exploración por parte de YPFB y de las “socias” transnacionales, quienes pese a haberse beneficiado de jugosos incentivos para ello, no han respondido de manera suficiente.

Durante varios años, distintas organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema (Jubileo, Cedib, Cedla y otras), advirtieron de la insuficiente exploración.

El año pasado, el ministro Luis Alberto Sánchez afirmó que en 12 años de gobierno invirtieron 13 mil millones de dólares en la cadena de hidrocarburos. Pero expertos del Cedla calcularon que, de ese total, la inversión destinada específicamente a la exploración (búsqueda de nuevos reservorios) constituyó apenas el 16%, es decir 2.123 millones de dólares.

Además, la mayoría de los pozos perforados durante el gobierno de Evo Morales -122 de los 170- fueron pozos de desarrollo (extracción), y sólo 48 fueron pozos exploratorios, lo que significa el 28% del total. Además, de los 48 pozos exploratorios, sólo el 52% resultó ser positivo.

Más aún, el número de pozos perforados en esos 12 años fue significativamente menor que el número de pozos perforados en el período neoliberal: Entre 1998 y 2005 se perforaron 342 pozos en total, 163 exploratorios y 179 pozos de desarrollo, según información consignada en los informes mensuales de diciembre de cada año de la Vicepresidencia de Negociaciones Internacionales y Contratos de YPFB, citada por el Cedla.

Así, aunque la responsabilidad es de las autoridades del sector, todos pagamos el “descuido”, incluida la Pachamama. Queda la esperanza de que los anuncios de nuevos descubrimientos sean reales, aunque en año electoral incluso las derrotas se venden como éxitos.

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