En Bolivia, sólo 156. 250 personas mayores de 60 años, que representan el 14,7% del total, reciben una pensión o renta de jubilación y, además, con un monto bajo que tiene a disminuir en el Sistema Integral de Pensiones (SIP).

La investigadora del CEDLA, Giovanna Hurtado, sostiene que “la baja cobertura responde a la estructura del mercado de trabajo boliviano que no genera ocupaciones estables ni trayectorias laborales continuas que permitan a los trabajadores cotizar de manera regular y con los montos suficientes para asegurar una pensión de jubilación que garantice su calidad de vida en la vejez”.

En la investigación de Hurtado, publicada en la revista Protección social y calidad de vida en la vejez, del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, se establece que “la relación es de dos hombres jubilados por cada mujer jubilada, y un jubilado rural por cada nueve jubilados urbanos”. El estudio evidencia el bajo nivel de las pensiones de jubilación y destaca que “(…) quienes se jubilaron en el actual sistema, reciben una pensión promedio de 2.312 bolivianos, monto que se reduce a 1.792 bolivianos cuando se jubilan a condición de recibir la fracción de la pensión solidaria de vejez; estos montos se encuentran por debajo de la pensión que reciben los jubilados del (SOS) Sistema Social Obligatorio (2.382 bolivianos) y es aún más baja que aquella que reciben los jubilados del Sistema de Reparto (3.139 bolivianos). La eliminación del aporte patronal y estatal, la baja rentabilidad de los fondos de pensiones y su tendencia decreciente agravan esta realidad que afecta a la mayor parte de los jubilados”, enfatiza.

Detalla que “la mayor parte de los jubilados pertenece al antiguo Sistema de Reparto (45%), reemplazado por otro de capitalización individual en 1997, inicialmente el Seguro Social Obligatorio que jubiló al 19% y luego el Sistema Integral de Pensiones que jubiló al 36% restante”. Y explica que “durante la implementación del nuevo sistema (SIP), el número de jubilados se fue incrementando de manera paulatina debido a la posibilidad de acceso a una fracción de la pensión solidaria de vez, creada para compensar las bajas rentas y promover la jubilación de las personas que, con más de 60 años, esperaban otro momento para hacerlo en mejores condiciones”.

Por otro lado, la investigadora revela que la seguridad económica en la vejez proviene principalmente de dos fuentes de ingresos: “el trabajo como la más importante, seguida de lejos por la jubilación y otras fuentes no laborales como las transferencias públicas, remesas  y otras, de poca significación”. En síntesis, “la principal fuente de ingresos de los adultos mayores proviene del trabajo remunerado. En 2014, su tasa de participación era extremadamente elevada, alcanzando el 60%, apenas dos puntos porcentuales por debajo de la que registraba la población menor de esa edad”.

En la revista se advierte que “la evolución del número de personas que en edades activas realizan contribuciones al sistema de pensiones, evidencia la situación de desprotección social que les espera a la mayoría de los adultos mayores al final del ciclo de vida. Entre los años 2006 y 2013, la proporción de cotizantes en relación a la población económicamente activa (ocupada y desocupada) fluctuaba alrededor del 11% con una clara tendencia a disminuir en los últimos años, precisamente desde la aplicación del SIP en 2010; esto confirma que la principal limitación del SIP, como también lo fue del SSO, es la reducida ampliación de su cobertura, no sólo en términos de afiliados, sino sobre todo, de cotizantes”.

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