La exploración y explotación de yacimientos hidrocarburíferos, la renta petrolera, el fortalecimiento de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), los derechos indígenas y la protección del medio ambiente son algunos de los puntos que son observados en el proyecto de la nueva ley de Hidrocarburos.
Para el analista económico Hugo del Granado este proyecto de ley “está repitiendo más de lo mismo” y se inmiscuye en el ámbito político e ideológico.
“La Ley de Hidrocarburos debería ser un instrumento estrictamente técnico que es producto de un régimen y marco jurídico establecido en la Constitución Política del Estado. Sin embargo, lo que vemos son enormes párrafos en los que se hacen planteamientos de carácter ideológico que no deberían estar incluidos en un instrumento como debería ser la ley”, señaló Del Granado. Gustavo Rodríguez Cáceres, investigador del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) identificó —además de los cinco puntos que debilitan el nuevo proyecto de Ley de Hidrocarburos— inconsistencias en el carácter institucional de la estatal petrolera.
Además, la Plataforma Energética del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) difundió un diagnóstico del ministerio de Hidrocarburos y Energía –preparatorio para la reformulación de la ley sectorial– en el que se señalaba que las negociaciones y las consultas a los pueblos indígenas respecto a la explotación de yacimientos frenaban la inversión petrolera en el país por lo que debían reglamentarse. Tales declaraciones fueron criticadas por sectores ambientalistas así como por representantes de los pueblos indígenas, como la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) que defiende la consulta y participación de los pueblos sobre los proyectos de explotación de recursos naturales.
Socialización
Según Rodríguez, otro de los defectos de esta propuesta es que el ministerio de Hidrocarburos no ha socializado debidamente el debate de esta nueva ley, al sectorizar el análisis y no difundirlo a toda la ciudadanía.
“Hay diapositivas mal hechas de una síntesis de las discusiones que está promoviendo el ministerio con las organizaciones sociales, instituciones no gubernamentales, empresariales y sectores sobre la ley de Hidrocarburos. La información que ha sacado el ministerio no contribuye a una discusión; debería socializarse el proyecto con todos los bolivianos y no sólo con los directos involucrados”, agregó.
En tanto, el presidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), Magela Bernardes, sugirió al Gobierno conformar una “política de Estado” para el rubro de los hidrocarburos con la aprobación de una ley que asegure inversiones y desarrollo del área.

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