Repercusiones: Señalan a la medida como un show mediático del Gobierno que sólo es una compra de acciones que vuelve a poner en el tapete la inseguridad jurídica.

Analistas económicos, políticos y miembros de la oposición aseguran que la nacionalización de las generadoras de electricidad Corani, Guaracachi y Valle Hermoso; y de la Empresa de Luz y Fuerza de Cochabamba (ELFEC) sólo se trata de una compra de acciones que vuelve a poner al desnudo la inseguridad jurídica y de un show mediático dirigido a distraer a la población de los problemas de fondo que hay en el país.

El presidente Evo Morales dictó ayer dos decretos (493, 494) que permiten al Estado boliviano tener la mayoría accionaria en las cuatro compañías.

Para el analista político Carlos Cordero, con la medida asumida ayer, el Gobierno busca mostrar una imagen de gestión económica. “En estos años hubo mucha política y quieren dejar ese perfil atrás en momentos en que hay una gran insatisfacción social. Pese a las medidas, no creo que la nacionalización favorezca un acercamiento”.

El senador opositor de Convergencia Nacional (CN) Germán Antelo dijo que la nacionalización dictada fue tan sólo un “show mediático para distraer de los problemas que actualmente existen”.

En criterio del analista económico Napoleón Pacheco, aún no se puede evaluar de nacionalización lo hecho ayer por el Gobierno. “La nacionalización es la expropiación seguida de la indemnización, pero eso no se ha dado. Estas nacionalizaciones han sido más una compra de acciones para que el Estado maneje las empresas, y para que eso se consolide hay que esperar”.

Pacheco cuestionó también el doble discurso del Ejecutivo en el tema de inversiones. “Hace poco el ministro de Hacienda, Carlos Arce, estaba incentivando a los inversionistas en Nueva York para que vengan a Bolivia, y ahora sucede esto, entonces se ahuyenta la inversión”.

Para el presidente del Colegio de Abogados de Bolivia, Edwin Rojas, las medidas del Gobierno tan sólo afectan la imagen del país a escala internacional en materia de “seguridad jurídica”.

El responsable de la Unidad de Políticas Públicas del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Carlos Arce, recordó que todavía existen procesos pendientes por las anteriores nacionalizaciones. “El Gobierno tomó una medida política porque económicamente no tiene justificativo, a no ser que se comprobara que las empresas forzadas a vender sus acciones hayan estado defraudando al Estado”.

Arce hizo incapié en la nacionalización de ELFEC, que es un empresa cuya mayoría accionaria (57 por ciento) la tiene la Cooperativa de Teléfonos de Cochabamba (Comteco), mientras que los trabajadores son propietarios del 40 por ciento y tan sólo un tres por ciento está en manos privadas extranjeras. “No hay una política clara del cambio de propiedad, en este caso se afecta a accionistas nacionales”.

Mientras que la diputada opositora cochabambina por Convergencia Nacional Norma Piérola sostuvo que no hay nacionalización. “Es un robo, un asalto a los cochabambinos”. Lamentó que esto se haya dado en medio de la realización de la Feria Internacional de Cochabamba.

Aunque su similar del MAS, Rebeca Delgado, dijo que es una buena medida y que en el marco de la Constitución las “empresas estratégicas tienen que estar bajo administración estatal”.

Un experto dice que en ELFEC se afecta a inversionistas locales.

Para destacar

Para el senador de Convergencia Nacional (CN) Germán Antelo, la nacionalización es un “show mediático”.

Expertos aclaran que la nacionalización es la expropiación con la correspondiente indemnización.

El Gobierno, hasta la fecha, ha buscado obtener la mayoría accionaria de las empresas estratégicas.

El analista Napoleón Pacheco ve una doble moral en el Gobierno, que pide inversiones y nacionaliza.

Para el presidente del Colegio de Abogados, Edwin Rojas, la nacionalización afecta la imagen de Bolivia.

Opiniones

Adolfo Chávez (Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano, CIDOB). “La nacionalización del sistema eléctrico es bueno siempre y cuando se asuma responsablemente la administración. A futuro lo que se espera es que las regiones sientan la reducción de lo que actualmente se paga. La CIDOB se reunirá este lunes y martes para hacer una evaluación de éste y otros temas que son importantes para el país”.

Rafael Quispe (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, Conamaq). “En años pasados ya se ha nacionalizado los hidrocarburos supuestamente, pero ya han pasado varios años y no hay resultados. Lo que pasa es que no había sido nacionalización, sino solamente una renegociación de las acciones. En el fondo sólo es un show político del Presidente. Nacionalizar significa tomar la empresa y tener toda la inversión en manos del Estado. Pero lo que hemos visto hoy (ayer) es un show nomás. El ejemplo más claro es lo de Yacimientos. El lunes y martes vamos a realizar un consejo extraordinario y vamos a analizar este tema en Cochabamba y luego daremos una posición oficial”.

Edwin Rojas (Colegio Nacional de Abogados de Bolivia). “Lo que más preocupa con estas acciones es el tema de la seguridad jurídica. El Estado boliviano, por razones de utilidad pública, podría fundamentar una estatización, pero además tendría que justificar que no se va a causar pérdidas económicas; obviamente pagando el justo precio a los propietarios, pero esto no se ha hecho y se afecta la imagen del país en el exterior”.

Wilson Mamani (Secretario General de la Federación de Fabriles de La Paz). “Me parece que es una buena medida siempre y cuando no se atente contra la estabilidad laboral ni el derecho de los trabajadores. Yo creo que los trabajadores y el pueblo en general vamos a apoyar la medida siempre y cuando se mejoren las condiciones de atención para todos”.

Rebeca Delgado (Jefa de bancada del Movimiento Al Socialismo en la Cámara de Diputados). “Creo que se están dando los pasos necesarios para recuperar las empresas estratégicas para el Estado, lo que suceda a futuro va a depender de una buena administración eficiente. Estas empresas estratégicas tienen que estar bajo la adminsitración del Estado, tal y como lo señala la nueva Constitución Política del Estado (CPE), y a eso está apuntado el Gobierno para que se consolide el nuevo Estado Plurinacional de Bolivia”.

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