Las regiones de Bolivia no están haciendo un uso racional, eficiente, productivo y sustentable de los ingresos que reciben por la explotación de los recursos naturales no renovables. Nadie, en las regiones, está sembrando para el mañana los ingresos del gas, que son finitos en el tiempo y que algún momento se acabarán, advierte una investigación del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).

El informe, divulgado por la Plataforma Energética, sostiene que los recursos que han manejado las Prefecturas en los últimos 10 años se han destinado casi con exclusividad a los gastos sociales y a la infraestructura de caminos, tal como manda la ortodoxia del libre mercado que ha obligado al Gobierno nacional y a los regionales a abstenerse de intervenir en la economía y en la producción y a asumir los costos sociales de las reformas.

En los últimos cinco años, los nueve Prefectos de Bolivia han manejado un presupuesto de poco más de 5.000 millones de dólares. En el 2010 se prevé que las prefecturas manejarán alrededor de 1.770 millones de dólares, con lo que los Prefectos habrán dispuesto en el sexenio de más de 6.700 millones de dólares, una cifra extraordinariamente alta y con la que podían hacer mucho para transformar la situación de atraso y pobreza que se mantiene virtualmente inalterable en la mayor parte de las regiones del país.

Sostén de viejas estructuras

Según el informe del CEDLA, la mayor parte de los ingresos de la renta de hidrocarburos fueron a sostener viejas estructuras del gasto público en las regiones, dejando de lado y sin financiamiento a otras importantísimas actividades para transformar las condiciones del aparato productivo del país, mediante la industrialización, la investigación y la innovación tecnológica.

Hasta ahora, los elevados ingresos fiscales que fueron asignados a las Prefecturas por concepto de IDH, IEHD y regalías petroleras han generado un contexto fiscal extraordinario para las regiones y un ambiente propicio para llevar adelante políticas orientadas a transformar y mejorar el aparato productivo de cada región. Sin embargo, nada de ello ha ocurrido y, hasta hoy, las regiones están desperdiciando esta gran oportunidad para mejorar sus condiciones productivas y la calidad de vida de la población.

El caso del IDH

Según el estudio, el análisis de las cifras oficiales permite establecer, por ejemplo, que un creciente porcentaje de los recursos del Impuesto Directos a los Hidrocarburos (IDH) está siendo destinado al gasto corriente en desmedro de la inversión.

En el 2008, por ejemplo, un tercio de estos recursos fue destinado a gasto corriente (salarios, gastos de funcionamiento, etc) y los otros dos tercios a la inversión, especialmente en la construcción y refacción de caminos. Dos años antes, un poco más del 90 por ciento del IDH era destinado a la inversión.

Menor capacidad para invertir

Otros indicadores permiten establecer que, entre el 2007 y 2008, se ha reducido la capacidad financiera de casi todas las Prefecturas para financiar sus gastos corrientes y para generar un margen financiero para realizar inversiones.

Este es el caso, por ejemplo de la Prefectura de Tarija que en el 2007 disponía de un 72 por ciento de excedentes para promover inversión pública, mientras que para el 2008 esa proporción disminuyó al 63 por ciento, es decir entre esos años se habría disminuido el margen financiero para los programas de inversión.

Lo propio pasa con otras siete Prefecturas (Oruro, Potosí, Chuquisaca, Beni, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz), donde el excedente está por debajo del 40 por ciento, por lo que la disponibilidad de recursos para inversión pública o para apalancar financiamiento tiende a reducirse.

Por ello, mientras no se implementen políticas innovadoras que doten a los Gobiernos departamentales de nuevos ingresos genuinos y sostenibles, la disponibilidad de recursos para la inversión pública paulatinamente irá disminuyendo.

Más gasto corriente

En el caso de Tarija, Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz, otros indicadores muestran que el gasto corriente está aumentando a una mayor velocidad que los ingresos corrientes. También se puede notar casos extremos, como el de Pando y Oruro, que dan cuenta de una caída de sus ingresos corrientes, la misma que es acompañada de un crecimiento del gasto corriente.

Ante ello, el estudio del CEDLA señala que los Gobiernos prefecturales están en la imperiosa necesidad de innovar o mejorar las formas para aumentar sus ingresos, así como también establecer ciertas reglas fiscales para evitar el crecimiento desmesurado del gasto corriente.

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