Para que más de tres millones de bolivianos, que no cuentan con electricidad y usan leña, puedan acceder a una fuente segura y barata de energía, es necesario construir conjuntamente el concepto de energía sostenible, para lograr una solución integral con sostenibilidad social, aseguró el experto en energías renovables, Miguel Fernández.

“El acceso a la energía marca la diferencia en la calidad de vida de la gente y mejora sus condiciones de sostenibilidad”, dijo el especialista al dar cuenta que en el área rural de Bolivia son tres millones de personas sin acceso a electricidad y casi cuatro millones que usan leña.

En su disertación en el Seminario de la Plataforma Energética del CEDLA, Fernández dijo que en Bolivia “los pobres proporcionalmente pagan más por servicios de energía de baja calidad”. Los que no tienen acceso a la energía son familias rurales pobres, en comunidades dispersas y pequeñas, con bajas posibilidades de acceso a energía moderna y con bajos ingresos.

En el área rural, las familias pobres pagan más dinero por menos unidades de energía y de baja calidad (el 11% de la electricidad que consumen representa 78% de sus gastos). “Son familias que están inmersas en un mercado de pilas, velas, mecheros, que representa un movimiento anual de casi 50 millones de dólares (…) Esta es la realidad del siglo XIX en pleno siglo XXI”, agregó.

En este escenario, el estudio elaborado por encargo de la Plataforma Energética señala que la posibilidad de extender la red eléctrica hacia las familias pobres es una opción muy poco probable por los crecientes costos de la conexión (en 1990 se pagaba 700 dólares y en el 2007 el costo era de 1.300 dólares), la existencia de comunidades aisladas y otros factores.

Frente a ello, planteó como alternativa a las energías renovables en base al desarrollo de las micro centrales hidroeléctricas, sistemas fotovoltaícos para electrificación, sistemas termosolares para calentamiento de agua, secadores solares para alimentos, aerogeneradores, cocinas eficientes de leña, biomasa y biocombustibles para desplazar el diesel en comunidades aisladas.

“Promover la producción energética de las comunidades exige un marco legal adecuado, una Ley de Electricidad apropiada a los cambios sociales y económicos”, dijo al señalar la necesidad de “ampliar el espectro de actores del sector con el concurso de organizaciones de la sociedad civil por el tamaño de los desafíos”.

“Pensar en el Estado como el dinamizador de las iniciativas energéticas que provengan de los diferentes sectores y el integrador de los diferentes actores. No como el único actor”, agregó al demandar “un mecanismo de planificación energética amplio, plural y participativo”.

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