Indemnización: El Gobierno tiene previsto reponer los beneficios sociales para los empleados del Estado, pero el costo puede afectar a la ejecución de obras.

La Federación de Asociaciones Municipales (FAM) sostiene que el anteproyecto de Ley de la Servidora y el Servidor Público que elabora el Gobierno, que restituye los beneficios sociales a los funcionarios, afectará la gestión de las comunas porque tendrán que destinar gran parte de sus recursos al pago de indemnizaciones.

La entidad que aglutina a las 337 unidades territoriales del país advierte que la ejecución de obras disminuirá si se incorpora a los funcionarios municipales al régimen de la Ley General del Trabajo, dado que las alcaldías deberán ampliar el gasto corriente y reducir la inversión pública, según un análisis hecho por el técnico de Gestión Municipal de la FAM Alberto Vargas.

En una entrevista con la red Onda Local, el municipalista recordó que con la vigencia de la Ley 2027, del Estatuto del Funcionario Público, y la Ley 2028, de Municipalidades, se intentó promover la carrera administrativa en las alcaldías con el objetivo de despolitizar los cargos y garantizar la estabilidad laboral.

“Existe una ley de gastos municipales que prevé que no debiera gastarse más del 25 por ciento en funcionamiento ni gastos corrientes”.

La Prensa informó ayer que el Ejecutivo anunció la reposición de los beneficios de retiro, como la indemnización, a los trabajadores del Estado. El proyecto será enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene más de dos tercios, para que sea aprobado.

El objetivo de la norma, según el viceministro de Servicio Civil, Ramiro Aguilera, es que el Estado pase a ser el “mejor empleador del país”.

De acuerdo con la FAM, existen más de 15.000 trabajadores en los 337 municipios del país, lo que significa que las comunas tendrán que hacer un importante incremento en sus presupuestos en el rubro de beneficios sociales.

Entre 2009 y 2010, el Presupuesto General del Estado subió sus estimaciones para indemnizaciones de 22,9 millones de bolivianos a 31,1 millones.

Según un estudio del Centro de Estudio del Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), el nivel central del Gobierno tiene cerca de 11.000 funcionarios.

El viceministro de Planificación, Abraham Pérez, dijo, en contacto con La Prensa, que los fondos para el pago de beneficios se aprobarán una vez que se refrende la nueva Ley del Servidor.

La Ley Financial dispone que se pagará a favor de los servidores públicos categoría, escalafón, bono de antigüedad, bono de frontera, bono de riesgo, índice de efectividad, subsidio de irradiación, servicios de emergencia, horas extra, recargo nocturno y otros beneficios aprobados legalmente. En la última categoría podrán ingresar las indemnizaciones.

El analista económico Julio Linares explicó que la incorporación de pagos de retiro significará un aumento “considerable” en los presupuestos de todas las entidades públicas que deberán prever el gasto.

En 1999, la Ley del Estatuto del Funcionario Público retiró los beneficios laborales a los trabajadores. El Estado tuvo que pagar a todos los funcionarios públicos en aquel entonces una indemnización hasta el día que trabajaron para luego recontratarlos. Para asumir ese gasto, Bolivia solicitó un préstamo al Banco Mundial de 192 millones de dólares.

Un informe de la entidad internacional revela que el Gobierno de Hugo Banzer Suárez desahució en aquel entonces entre 11.000 y 38.400 servidores públicos, de los que no todos fueron reincorporados.

Hay 15.000 funcionarios en municipios y 11.000 en el Ejecutivo.

Para destacar

El Ejecutivo alista la reincorporación de los funcionarios al sistema de beneficios de la Ley General del Trabajo.

La FAM, luego de hacer un estudio, determinó que esta norma puede perjudicar la gestión de municipios.

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