La Paz, ( Jatha ).- Un 29 de agosto de 1985 se promulgaba el Decreto Supremo 21060 por el entonces Presidente Víctor Paz Estensoro, pese a que tiene un rango menor se convirtió en una Ley que en 20 años no ha podido ser derogada. Los trabajadores consideran que fue la reforma más nefasta porque se conculcaron los derechos laborales, los analistas dicen que ya concluyó su ciclo de vida y debe ser cambiado. Otros como el ex Ministro de entonces de Hacienda Juan Cariaga considera que el mencionado Decreto logró la estabilidad, pero reconoce que no obtuvo los resultados esperado porque fallaron los hombres que lo aplicaron. Pero estos son algunos de los resultados que dejó el 21060 . Según cálculos recogidos por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario ( Cedla ) , en estos 20 años Bolivia perdió el 70 por ciento de los ingresos que percibía de las empresas públicas. Otro informe señala que un sector grandemente beneficiado fue el Congreso Nacional que en este tiempo le significó al Estado boliviano un gasto de aproximadamente 395 millones de dólares. Si bien fue en 1825 que Bolivia nace liberada del yugo español, las cadenas de la pobreza son remachadas en agosto de 1985 con la nueva política económica impuesta por el gobierno del entonces presidente Víctor Paz Estensoro y que contó con el apoyo de los organismos financieros y los principales partidos políticos. Con la crisis y el neoliberalismo, más del 65 por ciento de la fuerza laboral boliviana trabaja en la informalidad, en precarias condiciones y sin posibilidades reales de tributar al Estado. «Así, lejos de ampliar la base tributaria, el neoliberalismo, en los hechos, está ampliando la informalidad y reduciendo peligrosamente el universo potencial de contribuyentes», asegura el Cedla. Considera que el nuevo modelo económico expresado en el Decreto Supremo 21060 , que tiene un rango inferior a una Ley, no trajo la solución a los problemas que tiene un Estado que gasta mucho en el pago de la deuda, defensa, seguridad y burocracia. «Es un modelo que recauda muy poco entre los que tienen mucho, y mucho entre los que tienen muy poco. Definitivamente el remedio ha resultado peor que la enfermedad», asegura. Lo peor es que el Estado prefirió otorgar mayores recursos a un Parlamento muy poco productivo y a cancelar la deuda externa, a defensa, seguridad y la administración pública. En contrapartida se calcula que el gasto social llega al 35, 6 por ciento, menor a los demás rubros señalados que representa el 39, 8 por ciento. De esta forma se conoce que el Presupuesto General de la Nación ( PGN ) destina a Educación un 18, 4 por ciento del total de los gastos, 8, 7 por ciento a Seguridad Social, el 6, 1 por ciento a Salud y el 2, 4 por ciento a Vivienda y Servicios Comunitarios. El otro gran gasto es el pago de la deuda externa. En el período 1995-2002, el país contrató nuevos créditos por un total de 3. 064, 6 millones de dólares, pero tuvo que pagar en intereses y amortización de sus viejas deudas un total de 2. 437, 7 millones de dólares en ese mismo período. Entre la deuda externa e interna, el Estado está a punto de endeudar el total del Producto Interno Bruto ( PIB ) . Según datos del Ministerio de Hacienda, estamos casi al 95 por ciento de la deuda que tiene el país, es decir que casi debe más de 7. 000 millones de dólares. PARLAMENTO No solo eso, un artículo de Rafael Sagárnaga y Mónica Oblitas publicado en un medio local permite apreciar el costo que significó el «trabajo» que empezaron a realizar desde 1985 los parlamentarios. En estos 20 años el Congreso Nacional le costó al Tesoro General de la Nación ( TGN ) aproximadamente 395 millones de dólares, que equivale a las exportaciones anuales de gas en un año. El ex parlamentario Walter Vásquez contó que antes de la reforma económica un parlamentario ganaba unos 100 dólares. Pero en 1985 las dietas fueron fijadas en 2. 700 bolivianos o el equivalente a 1. 200 dólares. En 1988 el Congreso Nacional subió los ingresos de los «padres de la patria» en un 93 por ciento, que implicó subir a 2. 150 dólares, mientras que los salarios se regían por la inflación y la disponibilidad del gobierno de turno. Para el 2000, entre bonos, servicios especiales y beneficios los Diputados llegaron a percibir 3. 800 dólares mensuales y los Senadores 4. 200. Los ingresos venían de todo lado pues recibían el bono a la gestión parlamentaria de 650 dólares, vales de gasolina por 2000 dólares, cupos de llamadas por 300 dólares, gastos de representación de 1. 000 dólares, seguro de vida familiar y otros de los cuales no gozaban los trabajadores. VULNERABLE En este tiempo el país se hizo más vulnerable en lo fiscal, en lo productivo y en el empleo, según sostiene el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla ). Para la organización, cuando el Programa de Ajuste Estructural se empezó a aplicar -con el decreto supremo 21060 y el paquete de reformas que le siguió-, uno de los objetivos fue la estabilidad económica para lo cual el Estado debería alcanzar la disciplina fiscal. Hoy, la crisis fiscal persiste, cuyo principal síntoma es el elevado y creciente déficit. Al haber dejado de percibir ingresos de las empresas estatales, el Estado buscó financiamiento en una política impositiva, que recayó en los magros bolsillos de los trabajadores y no en los sectores que se apropian del excedente económico. Ese recambio en el orden de importancia de los ingresos estatales no significó, sin embargo, un aumento de los mismos. « Mientras en el periodo anterior a la imposición del modelo neoliberal la presión tributaria alcanzaba al 5, 6 % del Producto Interno Bruto como promedio anual, en los últimos años llegó a 14, 2 % del PIB. El grueso de la recaudación está compuesto por un 77 % de ingresos provenientes de impuestos aplicados al consumo», indica el informe. En otro ámbito económico, a partir de las políticas de ajuste, el modelo no coadyuvó al desarrollo la industria, por lo que se mantuvo su escasa participación en la economía nacional: 17 % del PIB. Y su aporte a las exportaciones desde los años 80 hasta hoy, permanece en apenas 15 %. Esta orientación supuso, apunta el Cedla, una «reestructuración productiva que cambió tanto las formas de organización del trabajo, como las relaciones laborales y el perfil de la fuerza de trabajo». « La década de los 90 se inició con un desempleo abierto del 7, 2 %. Si bien entre 1994 y 1997, hubo una mejora a 3, 1 %, la crisis volvió con fuerza al finalizar la década con un 8, 5 %, y para este año, se prevé el 13, 9 % de desempleo abierto en las ciudades o más de 360 mil personas desocupadas». Según proyecciones del Cedla, la economía sólo podrá generar 41 mil nuevas fuentes de empleo. El comercio creará 19 mil empleos; la industria manufacturera 13 mil y el transporte 8 mil. Por otro lado, el Estado sólo interviene en la creación de empleo con medidas paliativas como el Plan Nacional de Empleos de Emergencia ( Plane ) que opera como fuente de ingresos suplementarios para familias de desocupados en periodos cortos y con salarios bajísimos. GOBIERNO El próximo gobierno que será elegido en diciembre de la presente gestión deberá enfrentar varios problemas suscitados por la aplicación del modelo principalmente. El Ministerio de Hacienda informa que entre sueldos, pensiones y rentas se llevan el 99, 2% de los ingresos del TGN. Es decir, los ingresos corrientes del Tesoro más donaciones suman 1. 208, 6 millones de dólares, mientras sus obligaciones demandan el gasto de 1. 587 millones de dólares. Sólo el pago de sueldos y salarios se lleva el 63, 1% de los ingresos del Tesoro. A esto se suma que el pago de servicios personales a los sectores de educación, salud, Fuerzas Armadas, Policía y la administración pública y el pago de pensiones y rentas a jubilados y beneméritos representan el 99, 2% de los gastos del Tesoro en relación con sus ingresos. «La composición del gasto público es bastante inflexible y no tenemos mucho margen de maniobra», dijo el entonces ministro de Hacienda, Luis Carlos Jemio. De acuerdo a las cifras oficiales, el total de ingresos corrientes del TGN más donaciones es de 1. 208, 6 millones de dólares, mientras la atención de todas las obligaciones representa un gasto de 1. 587 millones de dólares. Los sueldos se llevan el 63, 1% de los ingresos corrientes del TGN ( 762, 6 millones de dólares ), el pago de rentas a beneméritos y notables el 2, 2% ( 26 millones de dólares ); el pago de rentas a los jubilados el 33, 9% ( 410, 2 millones de dólares ) , los intereses de la deuda, externa e interna, el 23, 8% ( 288, 2 millones de dólares ) , el subsidio a las universidades el 6, 2% ( 74, 7 millones ) y los recursos destinados a la inversión 2, 1% ( 25, 3 millones ). El mayor peso de estas obligaciones, cuyo cumplimiento es ineludible, se concentra en el pago de los sueldos del magisterio y el costo de la reforma de pensiones. El ex Ministro de Hacienda explicó que el aumento de la partida de servicios personales el 2005 tiene su origen exclusivamente en las mejoras salariales acordadas en la negociación salarial con diferentes sectores. Así, en el sector salud, el pago de la categoría médica, el escalafón médico, el pago del Bono de Riesgo profesional para los trabajadores en salud, la creación de nuevos ítems para atender el crecimiento vegetativo, el incremento salarial del 3, 5% al haber básico y el pago del viático de vacunación representan un costo de 7 millones de dólares. En educación, el incremento salarial, la creación de nuevos ítems para atender el crecimiento vegetativo, ascensos de categorías, el impacto de la inflación sobre los bonos que percibe el magisterio, el Bono proa libro, la nivelación a 96 horas a los maestros polivalentes demandan un gasto para el TGN de 32, 44 millones de dólares. Para atender el crecimiento vegetativo en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas el Tesoro presupuestó este año 2, 23 de dólares y 2, 91 millones de dólares, respectivamente, mientras que para cubrir el pago de rentas y la compensación de cotizaciones el TGN destinará 30 millones de dólares. Así y todo el movimiento electoral es intenso en el país y uno se pregunta con todo este panorama ¿qué intereses existen para ser gobernante?