En días pasados se llevó a cabo el Seminario Internacional “Derecho de los Trabajadores a la Seguridad Social: Desafíos Sindicales en América Latina”,organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), con la participación de representantes sindicales e investigadores de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Bolivia. En la discusión se encontraron problemas comunes como la baja cobertura de los sistemas de pensiones agravada por la falta de estabilidad en el empleo y el aumento de la informalidad, la incertidumbre frente al acceso a una pensión digna y garantizada en la vejez —que afecta a un número cada vez mayor de aportantes con bajos ingresos o con baja densidad de cotizaciones—, el incumplimiento de los empleadores en el pago de sus aportes o en la transferencia del ahorro laboral a las administradoras de pensiones, el alto costo de las comisiones por la administración de los ahorros, la pérdida de responsabilidad del Estado y del principio de solidaridad, entre otros, que han llevado a que la privatización de la seguridad social sea sinónimo de una mayor desprotección social que afecta a millones de personas en América Latina. Uno de los casos paradigmáticos de reforma del sistema de pensiones ha tenido lugar en Chile, donde el régimen privado ha cumplido 25 años, permitiendo una evaluación exhaustiva de sus resultados. Es un sistema de capitalización individual del fondo de pensiones, con administración privada, que sustituye al sistema anterior de reparto, que en este país funcionaba a partir de casi 30 cajas de pensiones. El nuevo sistema ofrecía la garantía de una pensión mínima, el reconocimiento —como un valor negociable— de los aportes realizados al sistema antiguo, garantías de control de la evolución del manejo de fondos (competencia entre las administradoras del fondo de pensiones, AFP, rentabilidad mínima real, compensaciones para variaciones bruscas, información permanente al afiliado), entre los aspectos esenciales. Los afiliados, en cambio, no tenían acceso al control del manejo de fondos, que es normado y vigilado por una Superintendencia especializada. Desde fuera, el sistema chileno podría ser considerado como un ejemplo. Los fondos crecieron rápidamente y ahora equivalen al 50 por ciento del PIB, las administradoras disminuyeron de 20 a solamente siete, indicando así su competencia, y el sistema se hizo largamente mayoritario. Los problemas más salientes, eran la baja tasa de cotizaciones —problema común a todos los sistemas, por incumplimiento de los empleadores— y ausencia de solidaridad del sistema que para sus defensores era más bien un acto de justicia, pues las pensiones deberían depender de las aportaciones y la buena capitalización de éstas. Para otros países, donde fue impuesto más tarde el modelo privatizador era difícil, si no imposible, demostrar las desventajas del modelo privatista chileno. La prueba final de la bondad o dureza de un sistema sobre otro, de la capitalización individual sobre el reparto, solamente podía ser la comparación entre las pensiones que proveyera cada sistema, en un mismo escenario, es decir, en un mismo país. Pues bien, en el caso chileno, tras 25 años de vigencia, sólo la cuarta parte de pensiones es pagada por el sistema privado y los resultados son desalentadores, han informado Francisco Araya y Claudio Carmona, de la CUT de Valparaíso, en base a una investigación reciente en su país. Primero porque al menos el 60 por ciento de pensiones privadas van a ser mínimas (140 dólares, equivalentes al 70 por ciento de la remuneración mínima), con lo cual el Estado pasa a ser el financiador principal de las pensiones, y el componente privatista queda en mal pie. Pero eso no es todo, sino que también se llega al extremo que el promedio de pensiones vitalicias del sistema privado resulta siendo hasta 60 por ciento menor de lo que se percibe en el sistema de las cajas; es decir, por aquellos que no acudieron al nuevo sistema y se mantuvieron en el régimen de reparto. Con esta experiencia, de inmediato la sociedad latinoamericana tendrá que preguntarse: si en el aleccionador modelo chileno, con entorno económico favorable, las pensiones privadas no son tan buenas y terminan cargando la mano en la caja fiscal. ¿Qué puede esperarse de otros casos de privatización de las pensiones? Fuera de las grandes ganancias de las administradoras y sus respectivos grupos financieros ¿qué otra ventaja puede ofrecer la intervención privada, si a los trabajadores no les mejora la pensión, si la cobertura no abarca a una amplia fracción de los trabajadores asalariados e independientes? ¿Para qué fue la “reforma” entonces? Poner en cuestión los sistemas privados de pensiones, partiendo de esta experiencia es crucial para los trabajadores latinoamericanos. De hecho, en Chile el 5 de octubre de 2005 se hará una movilización nacional sobre este tema. Podría decirse que esta fecha es posiblemente de significado histórico, pues marca el inicio de un proceso de lucha en contra de una de las experiencias privatistas paradigmáticas en las jubilaciones.