El pasado 30 de agosto, ocho trabajadores del aeropuerto internacional de El Alto fueron intempestivamente despedidos. La directiva de Servicios Aeropuertuarios de Bolivia Sociedad Anónima (SABSA), filial de Abertis y Aena, que controla los tres principales aeropuertos del país, alegaron que los despedidos no eran trabajadores de esta empresa sino de una subcontratista. Luego de que el Sindicato de Trabajadores de SABSA presentara su denuncia al Ministerio de Trabajo, éste emitió el 8 de septiembre una instructiva de reincorporación de los trabajadores, argumentando que la empresa no había demostrado que los ocho despedidos no eran sus trabajadores. En realidad, los ocho despedidos son trabajadores eventuales en SABSA desde hace cinco y seis años, y la empresa subcontratista entró luego de que aquéllos fueran contratados por la empresa matriz. La empresa, sin embargo, rechaza reincorporar a los trabajadores a sus fuentes de trabajo y tiene planeado, según los trabajadores, presentar un recurso de revocatoria. Así las cosas, los trabajadores determinaron iniciar una huelga de hambre, que ha sido suspendida, sin embargo, sin lograr la reposición de los trabajadores a sus fuentes de trabajo. Ya anteriormente los trabajadores del aeropuerto de El Alto habían presentado diferentes demandas a la patronal. Al día siguiente de haber dado a luz al Sindicato de Trabajadores de Sabsa, el 14 de octubre de 2005 los trabajadores exigían un aumento de salarios y el pago de las horas extras adeudadas por nueve años. El gerente de la empresa se comprometió a cancelar las horas extras, pero con una retroactividad de sólo dos años. Luego, en enero del año en curso, los trabajadores exigieron el cambio de los contratos que los sometían a una jornada laboral de 12 horas diarias. Después de una larga lucha, finalmente los trabajadores consiguieron que la empresa firme un convenio en el que se comprometió a cancelar la totalidad de horas extras adeudadas con dos años de retroactividad y el 50% de lo adeudado por el resto de años, por este mismo concepto. También lograron el pago de las vacaciones adeudadas y la reducción de la jornada laboral a ocho horas diarias de lunes a sábado. El actual conflicto desatado por el despido de ocho trabajadores, tiene visos de ir mucho más allá. Según trabajadores de SABSA, la Central Obrera Boliviana estaría demandando la reversión de la propiedad del aeropuerto al Estado. Efectivamente, el 95% de las acciones están en manos de las empresas españolas, Aena y Abertis, las cuales tienen el control de decenas de aeropuertos a nivel mundial y sólo un 5% de las acciones corresponden a capitales bolivianos. La actual empresa Abertis es el resultado de la fusión de Acesa Infraestructuras y Aurea Concesiones de Infraestructuras, después de la adquisición de Iberpistas por parte de la primera[1]. La mundialización del capital Esta empresa, así como todas las demás multinacionales que operan en el mundo, busca la inversión de sus capitales en países que garanticen las mejores condiciones de acumulación de capital (la eufemísticamente llamada “seguridad jurídica para los inversionistas extranjeros”): garantías sobre su propiedad y fuerza de trabajo con precios por debajo del mínimo necesario para reproducirse, para lo cual impiden la organización sindical de los trabajadores. Es decir, la lucha de los trabajadores de SABSA, así como otras que han venido desarrollándose en los últimos meses en empresas con capitales extranjeros, es una lucha contra la mundialización del capital. El conflicto laboral en SABSA que se viene realizando de modo intermitente desde hace 10 meses deja como lecciones, en primer lugar, que la conquista y el ejercicio de derechos laborales dependen de la organización sindical de los trabajadores y de su capacidad para desarrollar acciones colectivas en defensa de sus intereses. Está claro que existe una íntima vinculación entre la precarización de las condiciones de existencia y el estado de desorganización de la mayor parte de los trabajadores bolivianos, aunque, por supuesto, esto último no es causa de lo primero. En segundo lugar, el conflicto contribuye a poner en el tapete la cuestión del derecho de propiedad sobre los sectores de la economía que generan excedente económico y el derecho de los trabajadores a decidir el destino de esas empresas. En tercer lugar, hay que resaltar que existe una contradicción de principio entre la lógica del capital de maximización de las ganancias y la búsqueda de derechos por parte de los trabajadores, aunque estos derechos puedan ser incorporados por el capital en su funcionamiento concreto bajo determinadas circunstancias, pero sin dar solución a la contradicción fundamental del capitalismo entre el trabajo y el capital. Por último, en este caso y en otros más, el Gobierno del MAS no ha podido imponer a las empresas extranjeras y nacionales la legislación laboral del Estado (que, al contrario de lo que generalmente se piensa, no constituye sino un conjunto de normativas que regulan las relaciones capital – trabajo que no trascienden los marcos del capitalismo) en numerosos conflictos laborales presentados hasta la fecha. Pero el desafío, tanto en este punto particular como en otros relativos a la emancipación del trabajo, no es del Gobierno, cuyo partido ha confirmado una línea de absoluto respeto de las condiciones esenciales de reproducción ampliada de los grandes capitales extranjeros y bolivianos, sino es de los trabajadores. [1]Ver www. tbiplc.aero/es/origens.php