El Foro Debate, que se llevará a cabo este lunes 16 de octubre a partir de las 18:00 horas en el local El Ceibo, en la Ceja de El Alto, coincide con un aniversario más de la “Masacre del gas”, cuando el pueblo demandó la nacionalización de los hidrocarburos para que el Estado asuma el control efectivo de la cadena hidrocarburífera y de esa manera propiciar el desarrollo del país, generar empleo y superar la crisis económica. En el evento participarán como expositores Mirko Orgaz, investigador sobre hidrocarburos; Roberto Fernández, docente de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba; Pedro Montes, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana; Andrés Soliz, ex ministro de Hidrocarburos; Carlos Arze, director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA, y Carlos Villegas, actual ministro de Hidrocarburos. Los avances de la “nacionalización” A tres años de esas jornadas, que costaron la vida de 67 personas, la “Agenda de Octubre” no ha sido cumplida. El actual gobierno del MAS, aun bajo los limitados alcances de su Decreto Supremo 28701, no ha logrado que las empresas petroleras transnacionales migren a nuevos contratos; tampoco el Estado ha asumido el control ni siquiera parcial de la cadena productiva y menos se ha avanzado en la refundación de YPFB. Hasta el momento, ninguna empresa petrolera migró a nuevos contratos. Las auditorías a los campos hidrocarburíferos que debieran servir de base para negociar los nuevos términos con las petroleras, no concluyeron y sólo existen resultados parciales. Además, el Gobierno para “no entorpecer” las negociaciones decidió no revelar el modelo de los contratos ni el desenlace de sus tratativas con las petroleras, tal como sucedió con la firma de contratos de riesgo compartido en el gobierno de Sánchez de Lozada. En cuanto al control parcial de la cadena hidrocarburífera, el Gobierno del MAS apenas ha transferido en propiedad a YPFB, a título gratuito, las acciones de los bolivianos del Fondo de Capitalización Colectiva en las empresas capitalizadas Chaco, Andina y Transredes, representando el control del 48% de las acciones en los dos primeros casos y el 34% en el último. No avanzó nada en la compra de acciones de las empresas capitalizadas y privatizadas y, por tanto, la intención de alcanzar al 50% más una acción a favor del Estado no ha presentado ningún resultado. Como efecto de lo anterior, la refundación de YPFB no deja de ser una ilusión, puesto que, como se ha dicho, el Estado no detenta el 50% más una de las acciones de las empresas petrolera ni se ha hecho nada para la reestructuración integral de YPFB en el lapso de 60 días, como ordena el Decreto 28701. Peor aún: Se conoce que se plantea eliminar YPFB para crear una “corporación” estatal, a fin de que ésta asuma el control de las actividades hidrocarburíferas de la exploración, explotación, transporte, almacenamiento, comercialización, refinación e industrialización, compitiendo de igual a igual con las transnacionales del petróleo.