El saneamiento de tierras publicitado por el partido gobernante en tres gestiones consecutivas desde 2006, no afectó a los grandes terratenientes y agroempresarios, que más bien consolidaron sus posesiones en los suelos más aptos para el desarrollo de la agricultura y la ganadería, ubicados mayoritariamente en tierras bajas o llanos orientales.

Las conclusiones corresponden al reciente estudio Tierras y producción agrícola: a 13 años de la “revolución agraria” del MAS, del investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Enrique Ormachea, que analiza entre otros temas la calidad de las tierras tituladas en los últimos tres quinquenios.

Según el estudio, los terrenos distribuidos a campesinos e indígenas en las tierras bajas son marginales o no son adecuados para la producción agropecuaria y tienen más bien vocación forestal, mientras que los predios en manos de campesinos e indígenas de altiplano y valles, sufren degradación y están mayoritariamente parcelados como consecuencia del minifundio.

Los intereses de la burguesía agraria y de los terratenientes que obtienen renta capitalista de la tierra nunca fueron amenazados por el gobierno del Movimiento Al Socialismo, sostiene el especialista.

“De manera paulatina, las demandas de los poderosos gremios agroindustriales fueron transformándose en una serie de normas legales que consolidaron el poder real que estas clases sociales ya tenían al final del periodo neoliberal, pues concentran las mejores tierras para la producción agrícola y ganadera y producen la mayor parte de la producción agropecuaria del país”, añade.

Ganadores y perdedores

Según el especialista, los grandes perdedores son, “ni duda cabe, la gran masa de campesinos pobres que, en el ámbito de las organizaciones campesinas controladas por los campesinos ricos, no encuentran canales para manifestar sus demandas y necesidades. 

Destaca por ello Ormachea que una parte importante de estos campesinos pobres son trabajadores asalariados de temporada en predios de empresas y explotaciones agropecuarias de los campesinos ricos: proletarios “que venden su fuerza de trabajo al margen de las leyes laborales en vigencia, ante la ausencia de organizaciones sindicales de obreros agrícolas que los aglutinen y defiendan”. 

Recuerda que, desde hace un poco más de 40 años, los trabajadores asalariados del campo reclaman su incorporación a los beneficios de la Ley General del Trabajo, una demanda que durante los gobiernos neoliberales fue sistemáticamente ignorada por los regímenes interesados en favorecer a los sectores agroexportadores. 

“Ya van 13 años, desde que Evo Morales asumió el gobierno, ignorando también esta demanda, como le corresponde al partido de los campesinos ricos”.

 El autor demuestra también que no es evidente, como sostienen algunos investigadores que creyeron en la revolución agraria del MAS, que Evo Morales se alió con la “burguesía terrateniente de la media luna” solo en 2009. 

“Desde el inicio de su gobierno, siempre representó sus intereses e intentó aliarse con ella”, sostiene Ormachea al evocar decisiones del entonces recién presidente electo. 

“Hizo uno de sus primeros guiños a esta fracción de la clase dominante durante su primera gira por Europa y Asia” ‒antes de asumir el gobierno en enero de 2006‒ al informar a su retorno, que una de sus gestiones fue “abrir el mercado chino para incrementar la producción de soya, cultivo con fuerte predominio de grandes empresas capitalistas”. 

En síntesis, en oposición a los propósitos proclamados en 2007, subraya que el gobierno del MAS “ha profundizado las desigualdades sociales en el campo, ha ahondado las diferencias regionales en el ámbito de la producción agropecuaria y ha agravado la dependencia alimentaria del país” 

Por el contrario, no logró incrementar el aporte de los campesinos e indígenas a la producción agropecuaria nacional, y, en cambio, promueve la colonización de los pueblos indígenas de las tierras bajas a través de la expansión de la frontera agrícola y de la explotación de recursos naturales no renovables en sus territorios. 

Desigualdades

Según la Fundación Tierra, citada por Ormachea, esta nueva estructura agraria resultado del proceso saneamiento oculta el hecho de que los campesinos han terminado “consolidando 14 hectáreas en promedio por familia, los indígenas y originarios 56 ha por familia unidad familiar y los empresarios 930 hectáreas en promedio por unidad productiva”. 

Los datos del Censo Agropecuario 2013 confirman estas desigualdades: mientras las unidades productivas agropecuarias de corte capitalista tienen en promedio 83,6 hectáreas en propiedad y usufructo, las unidades productivas campesinas tienen apenas 9,9 hectáreas.

Si bien estas cifras demuestran desigualdades en el acceso a la tierra, no dejan de esconder el tema de la calidad de las tierras tituladas. “Las medianas y grandes empresas han consolidado sus posesiones en las tierras más aptas para el desarrollo de la agricultura y la ganadería, ubicadas mayoritariamente en las tierras bajas. Por el contrario, las tierras distribuidas a campesinos e indígenas en las tierras bajas o son marginales o no son aptas para la producción agropecuaria, pues tienen más bien vocación forestal. Y las tierras que han consolidado los campesinos e indígenas en las tierras altas sufren generalizados procesos de degradación y están mayoritariamente parceladas como consecuencia del minifundio que impera en ellas”.
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