Descripción

La reciente aprobación de la Ley General de la Coca ha suscitado un debate que se ha centrado en el destino que tiene la producción de esta hoja en el país; es decir, si la superficie autorizada por esta norma (22.000 hectáreas) se destinará mayoritariamente al consumo de la población (masticación, ritual, medicinal, etc.) o si, por el contrario, esta se destinará fundamentalmente como materia prima para la elaboración de cocaína.

Sin embargo, muy poco o prácticamente nada se dice en relación a las formas de producción que se presentan en este cultivo y, por tanto, a quiénes está beneficiando el gobierno del MAS con esta norma. Los datos del Censo Nacional Agropecuario que se llevó a cabo en 2013, nos permiten aportar al debate sobre la problemática de la coca desde esta perspectiva.

La información de este censo publicada por el INE no identifica a las unidades productivas agropecuarias por cultivo (en este caso de coca). Debido a esta restricción, nuestra aproximación al tema propuesto se hará con los datos correspondientes a las provincias de los departamentos de Cochabamba y La Paz, distinguiendo aquellas donde se autoriza la producción de coca de aquellas que no practican este cultivo. Como se sabe, una parte importante de las explotaciones agropecuarias asentadas en las provincias autorizadas para la producción de coca, se dedican a este cultivo.

A raíz de la reforma agraria de 1953 y de los procesos de colonización de las tierras bajas el país, los procesos de diferenciación social entre el campesinado del país se presentaron inicialmente en las zonas de colonización de los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, tendencia que se fue profundizando tanto durante los gobiernos neoliberales como durante el gobierno del MAS. Diversos estudios realizados a fines de los años de 1960 y de 1970 en las zonas de colonización llamaban la atención acerca de una producción agropecuaria destinada en proporciones cada vez mayores al mercado, así como la expansión de la contratación de peones y jornaleros asalariados por parte de los colonizadores como práctica habitual en la producción de distintos cultivos, entre ellos el de la hoja de coca.

Para Lenin, experto investigador de la problemática agraria, la contratación de fuerza de trabajo asalariada en la agricultura es una de las variables más importantes para demostrar el desarrollo del capitalismo en este sector de la economía.

Como puede observarse en el cuadro 1, en el departamento de Cochabamba, de un total de 81.837 unidades productivas agropecuarias (UPA) que contratan trabajo asalariado, 45.946 UPA, es decir el 56,1% del total, se concentran en las cuatro provincias autorizadas para la producción de coca. Asimismo, los datos relacionados a la contratación de fuerza de trabajo asalariada por parte de estas UPA son relevantes para demostrar la expansión de las relaciones capitalistas de producción en las provincias productoras de hoja de coca. Así, por ejemplo, sobre un total de 640.863 trabajadores asalariados utilizados en la producción agropecuaria en el departamento de Cochabamba durante todo el año agrícola, las cuatro provincias autorizadas para la producción de coca concentran el 49,1% del total, es decir, 314.430trabajadores asalariados.

 

En el caso de La Paz, el Cuadro 2 revela que sobre un total de 81.936 UPA que contratan trabajo asalariado, 37.193 UPA, es decir el 45,2% del total, se concentran en las siete provincias autorizadas para la producción de coca en este departamento. Asimismo, sobre un total de 578.007 trabajadores asalariados utilizados anualmente en la agricultura, el 62,2% del total, es decir, 360.719 trabajadores asalariados, son contratados para la producción agrícola en las provincias paceñas con cultivos de coca.

 

Estos datos confirman lo que ya ha sido suficientemente demostrado en diversos estudios: que una buena parte de los productores de coca o son capitalistas plenos —pues ya han dejado de ser productores directos y lo hacen con el concurso exclusivo de fuerza de trabajo asalariada—,  o son pequeños capitalistas, es decir, productores directos que, sin embargo, contratan también fuerza de trabajo asalariada. Como se conoce, una parte de esta fuerza de trabajo asalariada proviene de campesinos pobres de otras provincias de ambos departamentos, pero también otra proporción son campesinos pobres de las propias zonas cocaleras que se ven obligados a vender temporalmente su fuerza de trabajo a este tipo de cocaleros, fundamentalmente en las épocas de cosecha.

La ampliación de la superficie cultivada de coca recientemente legalizada beneficiará, sin duda, tanto a los productores de coca plenamente capitalistas como a los pequeños capitalistas, que son los que han fundado el MAS y que desde el gobierno, sacan tajada para potenciar sus procesos de acumulación. Mientras tanto, los peones y jornaleros asalariados utilizados por estos cocaleros seguirán siendo sobreexplotados, pues se encuentran al margen de las normas laborales. Comprenderá ahora el lector, por qué a once años de gobierno de los “movimientos sociales”, el MAS no aprueba la incorporación de todos los obreros agrícolas del país a los beneficios de la Ley General del Trabajo.

La Paz, 24 de marzo de 2017

Información adicional

Autor	Enrique Ormachea Saavedra
Catálogo	Analizando los resultados del Censo Nacional Agropecuario 2013
Categorías	Política agraria
Gestión	2017