La Paz, 17 de diciembre de 2009.- La reciente declaración de un funcionario de gobierno respecto a la futura eliminación de las AFP en la administración de los fondos de jubilación, con objeto de adecuar el régimen de la seguridad social a la nueva Constitución Política del Estado, ha despertado una ola de especulaciones.

Según varias de estas opiniones, el anuncio presagiaría la confiscación de los ahorros individuales. En el mismo sentido, de acuerdo a la opinión de algunos analistas, el mayor riesgo que contendría ese anuncio sería la concentración, en manos del Estado, de todas las facultades de gestión del sistema, agudizada por el hecho de que es el mayor deudor de los fondos de jubilación.

Con el objeto de poner en una perspectiva adecuada las derivaciones de un eventual marginamiento de las AFP de la administración del sistema, creemos pertinente señalar lo siguiente:

La participación y control del sistema privado de pensiones por parte del Estado, durante sus doce años de vigencia, fue arbitraria y casi absoluta. Como ejemplo de ello baste apuntar algunos aspectos: la elevada participación del Estado como deudor del fondo de capitalización individual proviene de la decisión legal, pero arbitraria, que obligó a las AFP a la compra de títulos fiscales, destinando hasta el 90% de las recaudaciones anuales. Las disposiciones legales que regulaban el mercado desde la superintendencia fueron, como en otros ámbitos, diseñadas y dispuestas por los sucesivos gobiernos de turno, reflejando la inutilidad del denominado sistema regulatorio. Finalmente, se dispuso con toda arbitrariedad la compra de acciones de las empresas capitalizadas –depositadas en el Fondo de Capitalización Colectiva– con recursos del Fondo de Capitalización Individual, ocasionando la pérdida de rentabilidad para este último. Así, la referencia al “riesgo” de manejo arbitrario por parte del Estado, que se esperaría del mencionado anuncio, no sería una situación desconocida en el pasado.

Respecto a la institucionalidad del sistema de seguridad social -que incluye la forma de administración-, la reforma neoliberal propinó el peor golpe al sistema al separar la seguridad de corto plazo de la de largo plazo, quebrantando de ese modo los principios de unidad gestión y de integralidad de la seguridad social. Este hecho ha devenido, entre otras cosas, en la falta de correspondencia entre el número de asegurados por el sistema de seguros de salud y el del número de afiliados al sistema de pensiones.

Por estas razones –entre otras muchas–, alegar que la situación del sistema en el pasado hubiese sido mejor que la temida reforma de la administración que se avecina, es un completo despropósito, puesto que el neoliberalismo ni supuso una administración exenta de intervencionismo estatal, ni brilló por su eficiencia.

En realidad, los problemas centrales del sistema privado de pensiones son la ausencia de responsabilidad de parte del Estado en el financiamiento de la jubilación de los trabajadores –negando de ese modo el principio de tripartismo que caracterizó a la seguridad social en su nacimiento– y la eliminación arbitraria, cometida por la reforma neoliberal, del aporte patronal para la jubilación. Por ello, si se compara el monto equivalente al 36% del salario que sumaban los aportes laborales, patronales y estatales en el momento de aprobarse el Código de Seguridad Social, con el 13,91% impuesto por la reforma neoliberal y mantenido en la propuesta del actual gobierno, resulta evidente la imposibilidad de garantizar un sistema universal y solidario que cubra a los trabajadores en su vejez.

Estos problemas centrales no han sido corregidos por la propuesta de reforma del sistema del actual partido de gobierno. Por el contrario, se ha acentuado su sesgo anti-obrero, al incluir un sistema adicional de jubilación de trabajadores independientes financiado con una fracción –ciertamente mínima– de los aportes laborales de los trabajadores asalariados, presentado por el MAS como una supuesta recuperación del principio de solidaridad de la seguridad social.

En consecuencia, es necesario recalcar que la concepción que tiene el actual gobierno sobre la seguridad social es la misma que inspiró la Ley 1732, es decir, la de un sistema de ahorro privado, aunque edulcorado con un nuevo mecanismo de pago de una renta mínima para trabajadores independientes, financiada con aportes salariales. Por lo mismo, no resulta correcto alarmar a la población con la posibilidad de una intervención gubernamental que modifique el actual sistema de ahorro individual, ni siquiera con la posibilidad de que las AFP abandonen el escenario, pues como ha dicho el vicepresidente “la ley que está en el Congreso establece una administración tanto de carácter público, como de carácter privado para que el aportante pueda optar”.

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