El autor considera que a nombre de la soberanía alimentaria se pretende favorecer la acumulación de capital a la burguesía agropecuaria y agroindustrial.

Nilton Ramírez

Investigador del  Cedla

“Todo el análisis deja entrever que lo que en realidad se busca con la ‘alianza público-privada’ —al amparo de la Agenda Patriótica 2025— es lograr transferencias de recursos del Estado hacia el sector privado de la economía”.

Como es de conocimiento público, el Gobierno del MAS ha propuesto a la agroindustria cruceña incrementar sustancialmente la exportación de productos agropecuarios, ampliando anualmente un millón de hectáreas de superficie cultivada durante los próximos 10 años.

Esto significaría pasar de 3,6 millones de hectáreas, en 2015, a 13,6 millones de hectáreas, en 2025. Por su parte, los gremios empresariales consideran que el país estaría en condiciones de triplicar la producción de alimentos de 15 a 45 millones de toneladas métricas, en el mismo lapso de tiempo.

Para ello, el Gobierno garantiza el respeto irrestricto a la gran propiedad privada y su no intervención en la producción agrícola. Compromete, además, inversiones en infraestructura productiva y de transporte, energía barata, precios estables y la estabilidad del tipo de cambio, entre otros.

Por su parte, la Anapo (Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo) considera que para cumplir las metas propuestas por el Gobierno, el sector empresarial debe contar con seguridad jurídica para las tierras productivas (ampliación del plazo de verificación de la función económico social de la tierra de dos a cinco años), seguridad de acceso a los mercados (levantamiento de las restricciones temporales de exportaciones); acceder a infraestructura y logística, y el uso de la biotecnología (masificar el uso de semillas transgénicas)  para “mejorar los niveles de productividad y competitividad”.

La realidad es bastante distante, tanto de la pretensión gubernamental como la del sector agroempresarial. Información respecto a la evolución de la superficie cultivada en el territorio nacional constata que entre 2003-2013 el país tuvo el mayor incremento de superficie cultivada, con un total de 1,2 millones de hectáreas —lo que significa un promedio anual de 115 mil hectáreas—, cifra considerablemente inferior al objetivo propuesto por el Gobierno del MAS.

La producción, en los últimos 10 años, se incrementó en 5,5 millones  de toneladas métricas, aproximadamente 500 mil   toneladas por año, cifra también inferior al volumen adicional próximo a tres millones  de toneladas anuales requeridas para triplicar la producción hasta 2025.

La meta de un millón de  hectáreas/año hasta el año 2025 requerirá de una tasa de crecimiento de ampliación de la superficie cultivada de 14,1% anual. Históricamente, fue entre 1992 y 2002 que se tuvo la mayor tasa de crecimiento con el 4%, sobrepasando el 1,8% del periodo 1981-1991. En los últimos 10 años esta tasa no pasó del 4,4%.

Alcanzar una producción de 45 millones de toneladas al año 2025 requeriría una tasa de crecimiento de producción de 10% anual, pero la tendencia en estos últimos 22 años revela una tasa de 4,2%. Un incremento medianamente significativo se dio entre 1992 y 2002, con un 4,2%, frente al 1,9% del periodo 1981-1991. Este salto se explica fundamentalmente por el desarrollo de una nueva forma de producción en la agricultura capitalista, que pasa de la siembra convencional al predominio de la siembra directa y la rotación de cultivos, todo ello asociado a un mayor uso de maquinarias, equipos e insumos agrícolas modernos.

Siguiendo la tendencia anterior, es en el periodo más reciente (2003-2013) que se han dado los mayores incrementos en las importaciones de maquinarias y equipos, intensificando con ello el uso del capital en la agricultura, desplazando a la fuerza de trabajo asalariada por hectárea cultivada; sin embargo, no se han dado variaciones en las tasas de crecimiento de la producción agrícola.

El empresariado agrícola enfatiza en la necesidad del uso de transgénicos como factor determinante para una mayor productividad, lo que posibilitaría un incremento de su producción, acorde al ritmo planteado por el Gobierno. Sin embargo, esto no tiene una base material que lo sustente. Información de la Anapo refiere que el cultivo de soya subió sus rendimientos de 1,8 toneladas métricas por hectárea (TM/ha) el 2005 —con el 21% de superficie cultivada con base en soya transgénica— a 2,3 TM/ha el 2013 —con el 100% de soya transgénica—, significando un incremento de 0,5 TM/ha durante ese periodo. Siendo que el rendimiento promedio de soya en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay fue de 2,9 TM/ha el 2010, se deduce que la soya boliviana está prácticamente en el cenit de máximo rendimiento de la región, por lo que esta demanda no implicaría, en el caso de este grano, mayores incrementos en producción.

Según cifras oficiales, los cultivos de soya, girasol y sorgo en grano son los que han posibilitado los mayores incrementos en superficie cultivada. Estos cultivos representan el 82% y 66% de tales incrementos en los periodos 1992-2002 y 2003-2013, respectivamente. Dadas estas tendencias, la expansión futura de superficies cultivada se centrará en la soya, principalmente.

Asimismo,  tres cultivos lideran el incremento en los volúmenes de producción: la caña de azúcar, la soya y el sorgo en grano, que representaron el 72% de tal incremento entre 1992-2002. Entre 2003-2013 explican el 80%. El predominio de la producción de caña de azúcar, durante este último periodo, ha sido impulsado por una mayor demanda del mercado alcoholero. Esta tendencia viabilizará los próximos incrementos de la producción.

Las estimaciones del Banco Mundial (2014-2025) respecto a las fluctuaciones de precios de los principales commodities muestran que los precios de soya y azúcar no tendrán incrementos, lo que no propiciaría las metas acordadas.

Todo el análisis deja entrever que lo que en realidad se busca con la “alianza público-privada” —al amparo de la Agenda Patriótica 2025— es lograr transferencias de recursos del Estado hacia el sector privado de la economía, consolidar el derecho propietario de la mediana y gran propiedad agraria privada (tanto nacional como extranjera), a través de una “agilización” del proceso de saneamiento en las mejores tierras, y la disminución de costos de producción.

De esta manera, la tasa de interés para préstamos productivos fue disminuida; la ley del desmonte implica una reducción sustancial en los pagos por deforestación ilegal; la inversión pública en carreteras, ampliación del uso de transgénicos y diésel subvencionado se traduce esencialmente en disminución de costos.

Las demandas acordadas y comprometidas en realidad van en procura de estos objetivos, por lo que en definitiva a nombre de la soberanía alimentaria del país se pretende favorecer la acumulación de capital de la burguesía agropecuaria y agroindustrial en un contexto de descenso en los precios de otros productos de exportación como los minerales y los hidrocarburos.

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