Página siete /  3 de agosto de 2015
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TRES DISPOSICIONES PERMITEN EL INGRESO DE LAS PETROLERAS A LAS ÁREAS PROTEGIDAS

Dirigentes de la Asamblea del Pueblo Guaraní afirmaron que las disposiciones legales “vulneran sus derechos”, por lo que apelarán a la Acción Popular.

Tras el ampliado que realizaron sus afiliados entre el miércoles y el viernes pasados, la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) prepara la presentación de una Acción Popular que buscará, mediante un amparo constitucional, la anulación de tres decretos supremos que autorizan la exploración y explotación de recursos naturales en áreas protegidas y territorios indígenas, informó ANF.

La magna asamblea se realizó en Macharetí, Chuquisaca, para analizar los tres decretos que, según los dirigentes indígenas, «vulneran los derechos” de los guaraníes y de los pueblos indígenas bolivianos en general. 

Esos decretos son el 2366, que posibilita la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas protegidas; el 2195, relacionado con la exploración, explotación e industrialización de recursos naturales estratégicos; y el 2298, que se refiere a sistemas de consulta a los pueblos indígenas. Los guaraníes creen que estos decretos violan la Constitución Política del Estado porque alientan la explotación petrolera en sus territorios. 

Otra facción de los guaraníes, autodenominada APG Itika Guasu (APG-IG), que es simpatizante del gobierno, recibió al presidente Evo Morales la semana pasada en Naurenda, Tarija, y dijo que respalda los tres decretos. El Presidente dijo que ellos «serán compensados” por la actividad petrolera y que debe «acelerarse” el proceso de consulta previo. 

La APG no ha establecido cuándo se presentará la Acción Popular destinada a demandar la anulación de los decretos mencionados. La CPE establece que «[l]a Acción Popular procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por esta Constitución”. 

El 1 de julio, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, presentó ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) un recurso de inconstitucionalidad en contra del Decreto 2195 de compensación a indígenas por los impactos ambientales de la explotación minera e hidrocarburífera, con el argumento de que viola el derecho a la libre determinación. 

La asamblea de Macharetí contó con representantes de 25 capitanes zonales guaraníes de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz. Además de pedir la Acción Popular, rechazaron el acuerdo firmado en Ñaurenda por la APG-IG. 

En Macharetí, los guaraníes recordaron todos los artículos de la CPE y normas de las NNUU que tienen fuerza de ley en el país, que defienden su derecho «a la autonomía, autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales”.

Acción  Popular

Anulación   La Asamblea del Pueblo Guaraní se celebró en Macharetí, Chuquisaca, para analizar tres decretos .

Hidrocarburos  El Decreto 2366 posibilita la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas protegidas. 

Industria  La industrialización de los recursos naturales registrados está contemplada en el Decreto 2195.

Consulta  El Decreto 2298 se refiere a los sistemas de consulta a los pueblos indígenas. 

Facción  Otro grupo guaraní, autodenominado APG-IG, respaldó los tres decretos. 

Acción  La Constitución Política del Estado detalla las situaciones de aplicación  de la Acción Popular.