Ante la inminente aprobación de la nueva ley de pensiones que permite al Estado la administración de los aportes, algunos trabajadores dependientes consultados por este medio indicaron que analizan la posibilidad de retirarlos.

De la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) Futuro Bolivia Maria Leaños sale con cara de preocupada y, de forma corta, cuenta que ya lleva 25 años aportando pero que todavía no cumple con la edad para jubilarse, pero que está buscando información para ver si puede retirar todo su dinero, porque no confía en la administración estatal.

Para Marco Antonio Suárez, que aportó durante diez años, la idea de perder sus ahorros lo aterra y busca la manera legal de poder retirarlos.

Antonio Ibarra, que ya inició el trámite de jubilación, explicó que contar con todo su dinero es una posibilidad, pero que en la AFP BBVA le indicaron que sólo puede hacer retiros parciales, lo que no le deja otra alternativa.

Al respecto, Marcelo Elío, presidente de la Comisión de Planificación y Política Económica de Diputados, remarcó que el ciudadano en vez de preocuparse por tratar de retirar sus aportes debería estar preocupado porque un beneficio social y universal hubiera estado administrado por empresas privadas.

“Estas personas deberían preguntarse si su dinero está en el país. Eso lo vamos a saber una vez que hagamos el respectivo control. Además,  una persona que está por jubilarse cómo puede optar por retirar todo su dinero si lo puede recibir cada mes”, precisó Elío.

Sobre la desconfianza en la capacidad administrativa del Estado, Elío remarcó que  la susceptibilidad de algunos sectores civiles que temen una réplica del millonario desfalco que perpetró hace más de una década Dante Escobar al Fondo Complementario de Seguridad Social de la Administración Pública (Focsap), no es real, pues hay controles muy estrictos, por lo que se garantiza el aporte de los trabajadores.

Según ANF, el viceministro de Pensiones Mario Guillén,  informó de que el Gobierno sigue con las conversaciones con las dos AFP para el traslado de datos del sistema de pensiones. “Estamos viendo que una vez que ya tengamos nuestro software, la transferencia de los archivos sea bastante rápido. Lo que nos va a complicar es el traslado de los archivos físicos que se va usar  para empezar hacer la verificación y comprobar que toda la documentación esté completa”, señaló Guillén.

La autoridad adelantó que  una vez que se apruebe la nueva norma se realizará un plan para que se le asigne un monto que se irá financiando con la comisión que cobre por el trabajo que realice.

Carlos Arze, del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), subrayó que la propuesta del Gobierno no está cambiando la lógica neoliberal, pues se sigue con el régimen de capitalización individual.

“Considero que ésta es una medida de carácter político que no toma en cuenta las particularidades del mercado laboral en Bolivia”, dijo Arze.

En Santa Cruz, los profesionales de la salud indicaron que hoy realizarán una marcha en protesta por la nueva ley de pensiones, que será tratada en Senadores, a la que consideran discriminatoria.

En detalle

En el actual sistema jubilatorio hay la opción de retiros mínimos pero sólo para los jubilados del antiguo sistema de reparto o para los mayores de 65 años.

Los trabajadores independientes que hubieran hecho aportes voluntarios  por más de cinco años también tienen la posibilidad de retirar sus aportes.

Para la ex gerenta regional de AFP Futuro de Bolivia  Kathya Vaca Díez es preocupante que no se haya realizado un estudio actuarial que certifique que financieramente este proyecto es sostenible y con un alcance de por lo menos 60 años.

Los aportes realizados son privados por lo que es cuestionable la constitucionalidad de la nueva ley de pensiones en el sentido  de que el mismo va a ser administrado por el Estado,  limitando la posibilidad de usarlo de forma libre.

La administración estatal es un punto que Vaca Díez cuestiona al recordar que hay una deuda estatal con los aportantes de unos $us 3.000 millones y que no se tiene la certeza de que ésta sea cancelada ya que el Estado va a ser juez y parte en el nuevo sistema jubilatorio.

El uso de los aportes es otra de las observaciones que realiza Vaca Díez, que remarca que en el proyecto de esta nueva ley se contempla la posibilidad de invertir el recurso de los aportantes en pequeñas y medianas empresas sin calificación de riesgos hasta un 5%  de los fondos.

Reacciones

Raúl Fernández

Empleado

“Hace diez años que estoy aportando y tengo mucha desconfianza con lo que vaya a pasar con mis ahorros. Aún no tengo la edad para jubilarme y en la AFP donde ahorro me dijeron que hasta no cumplir los 65 años, con el sistema actual,  no puedo retirar mi dinero. No sé qué hacer, pero por lo que veo al ciudadano no le queda otra que confiar en el Estado”.

Benjamín Urizar

Jubilado

“Aporté por 25 años y ya estoy jubilado así que estoy realizando mi trámite para ver si tengo la posibilidad de retirar todo mi ahorro. Uno, con la experiencia del pasado, no confía en que el Gobierno meta la mano en tus ahorros privados. ¿Quién me asegura que por culpa de la corrupción lo que me costó ganar se lo van a llevar unos cuántos?”.

Eugenia Vaca

Aportante

“Tengo siete años de aportes y me dijeron que no cumplo la edad ni los años de aportes para  poder retirar mi capital. Así que no me queda otra que ver cómo el Estado administra mi dinero, algo que si me daban a elegir no hubiera aceptado, porque confío más en la administración privada que en la estatal, que se caracteriza por ser ineficiente y burocrática”.

Hortensia Mendoza

Comerciante

“Se dicen tantas cosas de esta ley que ya no sé en  quién creer. Sólo espero que mis aportes me sean devueltos de forma inmediata, sin tanta burocracia y que se respeten los montos entregados. No entiendo por qué todos debemos estar en el ámbito estatal. Lo ideal hubiera sido poder elegir entre lo privado y lo público.

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