Pese a que el Gobierno controla algunas empresas mineras, como es el caso de Huanuni, un estudio revela que en la actualidad el Estado tiene una participación minoritaria en relación al sector privado, principalmente, y al cooperativizado. Su participación apenas llega al 15% de la superficie minera, mientras las empresas privadas poseen concesiones equivalentes al 43% del total y las cooperativas equivalentes al 17%.

El Reportaje Anual de Industrias Extractivas II, que publica el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) señala que “la creciente dependencia Estatal de los recursos provenientes de la exportación de gas y minerales, ha impulsado que la normativa y la política pública sean favorables a la presencia de actores privados en la explotación de estos recursos y debilitado y violado las normas ambientales y derechos colectivos”.

Asegura que la Ley de Minería, que modificó el actual Gobierno, está orientada a fortalecer a las empresas transnacionales “como actor protagónico de la minería y sostener la alianza política del gobierno con las cooperativas. Además, tiene un profundo carácter anti-indígena porque invalida el ejercicio de los derechos de los pueblos originarios”.

De esta forma es que estaría dándole continuidad a los objetivos perseguidos por la reforma neoliberal del pasado, debido a que en los años 80 entregó a las transnacionales los recursos naturales, privatizó el patrimonio de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), también la comercialización y la excluyó de las actividades productivas. Además levantó la reserva fiscal, dispuso el libre flujo de capitales y estableció un régimen tributario muy ventajoso para las empresas con capitales extranjeros.

CIFRAS DEL PROCESO

El estudio en cuestión señala que en el caso de la superficie de áreas mineras, el Estado sigue con una participación minoritaria, con sólo el 15% de la superficie.

“Contrariamente, las empresas privadas poseen concesiones sobre una superficie de 9.620 km2, equivalentes al 43% del total, y las cooperativas 3.691 km2, equivalentes al 17% del total”.

En este sentido, muchas de las concesiones estatales con las mayores reservas permanecen bajo el control de los operadores privados a través de contratos de asociación y riesgo compartido, como es el caso de los distritos mineros de Bolívar, Porco y San Vicente.

A esto se suma que las cooperativas, que fungen como legalmente establecidas, también controlan numerosas áreas estatales que fueron adjudicadas mediante los denominados contratos de arrendamientos, aunque muchas de ellas son operadas en realidad por transnacionales, como ocurre en los parajes del Cerro Rico de Potosí por la empresa Manquiri, Poopó por Sinchi Wayra.

La participación estatal en la producción, alcanza sólo al 3 por ciento del total de las concesiones mineras adjudicadas.

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