En tiempos de “nacionalización”

LAS TRANSNACIONALES PETROLERAS CONCULCAN LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

La tercerización y subcontratación laboral tienen carta libre en la actividad de hidrocarburos en el país. La “nacionalización” y otras acciones encaradas por el actual gobierno no le hicieron mella alguna y más bien, parece haberlas consolidado. Como resultado, los trabajadores de las empresas subcontratadas por gigantes como PETROBRAS sobreviven con bajos salarios y en alta precariedad laboral.

En la actualidad, las petroleras transnacionales controlan gran parte de la producción de hidrocarburos en el país, obteniendo millonarias ganancias. Una investigación del CEDLA[1] reveló que la participación de las empresas PETROBRAS, REPSOL y TOTAL E&P en el control de las reservas de gas natural y petróleo en Bolivia se elevó del 83,4% registrado en el 2005 al 85,2% en el 2009. En especial, la participación de PETROBRAS Bolivia se elevó del 47% registrado en el 2004 al 63% en el año 2009, período de la  “nacionalización” del MAS.

Asimismo, cerca del  80% de la producción nacional de hidrocarburos en el 2009 estaba en manos de estas compañías y, el restante 20% bajo el control de YPFB y sus filiales Chaco (12.17%) y Andina (7.54%). Nuevamente PETROBRAS controlaba gran parte de esta producción (60,5%).

Hablando de ganancias, en el caso del petróleo, las transnacionales lograron el 2009 un promedio neto de 6,13 dólares por barril porque el Estado les pagaba por unidad 27,11 dólares y sus costos de producción eran bajos. Con otros incentivos adicionales otorgados por el gobierno, la utilidad neta por barril trepó de 6,1 a 11,3 dólares y en el caso de la gigante brasileña, a 24.6 dólares. En el negocio del gas, las ganancias fueron mayores ya que sólo en el año 2009 el costo de producción promedio de un millar de pies cúbicos fue tan sólo de 1,02 dólares y, en el caso de PETROBRAS,  apenas de 0,44 dólares. Con los recientes estímulos dispuestos por el gobierno (2013), todo apunta a que las transnacionales petroleras afianzarán su dominio en el país, incrementando sus ganancias.

El reino de la tercerización y la subcontratación

Con la capitalización de YPFB en los años 90, la tercerización y la subcontratación laboral fueron parte esencial de las formas de producción de las petroleras transnacionales con el objetivo de reducir costos laborales. Es así que, en el año 2005, el consorcio francés TOTAL FINA ELF redujo su planilla a 31 obreros de planta, PETROBRAS a  846 y la española REPSOL a 310 trabajadores (Gandarillas, 2013 en: Hernández, Juan, et. al, 2013)[2] que, representaban a alrededor del 20% del total de ocupados en estas empresas, vale decir que, el 80% de los obreros trabajaban en empresas subcontratadas.

En el período de “nacionalización” del actual gobierno, la tercerización se profundizó. Para muestra basta un botón: la proporción de trabajadores tercerizados (denominados “indirectos”) en REPSOL[3] se elevó del 84% en 2006 al 94% en el año 2011, por lo que apenas el  6% restante de un total de 3.553 eran obreros de planta (directos), con salarios altos y con protección de la legislación laboral, situación que contrastaba con la de los subcontratados que contaban con empleos temporales, salarios bajos, trabajaban 30 a 45 días continuos y sin derechos laborales.

Precisamente, en los megacampos de Sábalo (San Antonio), San Alberto y Margarita ubicados en los departamentos de Tarija y Santa Cruz, que concentran casi el 70% de la producción de hidrocarburos en el país[4], operan varias empresas subcontratadas por PETROBRAS y REPSOL, amparados en el Decreto Supremo 329 promulgado el 14 de octubre de 2009 que regula los procesos de licitación, contratación y adquisición de materiales, obras, bienes y/o servicios requeridos por las petroleras (Art. 1)[5], incluso en aquellas tareas permanentes y propias del giro de la empresa. Esta norma desconoce la protección de los trabajadores.

En el caso de PETROBRAS[6], los contratos no contemplan cláusulas que obliguen a las empresas subcontratadas a cumplir con la legislación laboral boliviana y en el caso de  REPSOL el Reglamento interno que rige los contratos con los “proveedores”[7],  es insuficiente para garantizar el cumplimiento de derechos laborales.

Salarios miserables y discriminatorios

En marzo de 2012, en el campo San Alberto, según dirigentes sindicales de esta empresa[8], el salario básico de un Ayudante General de la empresa subcontratada Káiser Servicios SRL del proyecto EPC Planta de Gas Itau, era de 1.559 bolivianos por 23 días trabajados; con los descuentos de ley, el líquido pagable era tan sólo de 1.195 bolivianos, ligeramente superior al mínimo nacional vigente en ese año (1.000 bolivianos). De manera similar, en el campo Margarita, un agente de seguridad que trabajaba en la empresa Gas Bolivia S.A, subcontratada por REPSOL, percibía un salario total de 1.466 bolivianos y un efectivo de 1.280 bolivianos. En ambos casos, los salarios eran inferiores al promedio en el sector de hidrocarburos, debido a que la mayoría contaban con cargos de menor calificación laboral. Según información del Instituto Nacional de Estadística, en diciembre de 2011, el salario medio nominal en este sector era de 4.023 bolivianos. Varios obreros se vieron obligados a trabajar horas extraordinarias en días laborables, domingos y en feriados, para acceder al pago del bono de frontera.  De este modo, el salario promedio podía llegar a 2.261 bolivianos en ambas empresas, a costa de una mayor explotación laboral.

 “Algunos compañeros por querer llevar un poquito más de dinero a sus casas se quedan hasta 50 días (trabajando) y así juntan dos sueldos. Ese es el sacrificio que hacemos como trabajadores por llevar el pan de cada día a nuestras casas”.[9]

Un dirigente del Comité de Defensores del Chaco, denunció que el consorcio español Técnicas Reunidas firmó contratos laborales con salarios de 1.000 a 1.600 bolivianos, montos bajos con relación al costo de vida existente en la región del Chaco boliviano.[10]

Como haciendo escarnio de los bajos salarios de los obreros, REPSOL YPF recibió de YPFB el año 2011, la suma de 12.402.738 dólares por la devolución de “costos de personal” y PETROBRAS casi 30 millones de dólares, bajo el concepto de “costos recuperables” que son recursos que la empresa estatal devuelve a las compañías petroleras por los gastos en inversión petrolera y en operación (costos laborales).[11]

Frente a esta situación, los trabajadores del campo Margarita demandaron a REPSOL un salario básico de 4 mil bolivianos correspondiente a un ayudante general, monto que debería regir en todos los campos de hidrocarburos. El compromiso logrado por parte de la empresa excluyó a los trabajadores de las empresas subcontratadas. 

 “Ya no queremos salarios de mil, mil quinientos o de dos mil bolivianos, ya no da ese salario. Los trabajadores petroleros, como los peores pagados del mundo, estamos exigiendo un salario de cuatro mil bolivianos líquidos al bolsillo (para) las tres secciones de la provincia Gran Chaco,  Yacuiba, Caraparí y Villa Montes, (…).”(R. Zelaya, Federación de Trabajadores del Chaco, El País, 09/07/12).

Pero no sólo se pagaban bajos salarios, sino también se conculcaban otros derechos con la firma de contratos irregulares, la carencia de seguro de salud y de seguridad industrial y el incumplimiento de acuerdos laborales por parte del consorcio, según denunciaron los trabajadores de la planta de Gas Utau de San Alberto (El País, 09/07/12).

Trabajadores del campo de San Alberto contaminados con mercurio.

En diciembre de 2009, 31 obreros de la empresa INESCO que operaba en el campo San Alberto, subcontratada por PETROBRAS, sufrieron diferentes grados de contaminación al derramarse una cantidad de mercurio[12] en el ambiente donde cumplían tareas de rutina, evidenciando las deficientes medidas de seguridad industrial dispuestas.

El hecho fue negado por la petrolera por algún tiempo no obstante las denuncias de algunos trabajadores afectados. Es más, la empresa subcontratada despidió a todos los trabajadores afectados sin pagarles los beneficios sociales correspondientes, la atención de salud de los obreros y la indemnización destinada a atender las posibles secuelas de muerte e invalidez temporal o definitiva, como establece la Ley General del Trabajo (pago de 24 salarios en caso de muerte del trabajador) y el sistema de pensiones vigente (pago de una pensión de invalidez por riesgo profesional).

Fue en 2011 cuando las denuncias persistentes de los afectados y de la Federación de Trabajadores Petroleros de Tarija posibilitaron que el accidente sea de conocimiento público. La transnacional brasileña pretendió deslindar responsabilidades culpabilizando a la subcontratada a sabiendas que tenía responsabilidad en el caso. Lamentablemente, el Instituto Nacional de Seguridad Ocupacional, emitió una resolución (R.A. 06/2011) por la cual se determinó que los trabajadores afectados tuvieron un menor grado de contaminación estando aptos para retornar al trabajo, resolución que fue bien aprovechada por PETROBRAS Bolivia dando por cerrado el caso y que no cabía reclamo alguno.[13]

En el año 2012 las denuncias de fallecimiento de 4 de los 31 afectados permitieron retomar el caso[14]. La federación mencionada informó que los obreros sufrieron entre 6% y 44% de contaminación, existiendo casos graves con 200% de intoxicación, quienes serían los probables fallecidos. Los denunciantes sufrieron represalias y amenazas por parte de la transnacional.[15]

Otro hecho irregular fue la no difusión de la lista de afectados por parte de la petrolera y de las autoridades de Salud y de Trabajo, la que, según los dirigentes se guardó por más de dos años como un “secreto de estado”. De acuerdo a la denuncia de una diputada, 6 de los 31 afectados no figuraban en la lista quienes podrían ser los fallecidos o con mayor grado de contaminación.

Lo ocurrido no fue excepcional ya que en mayo de 2012 se produjo un nuevo incidente en la planta de San Alberto, administrada por PETROBRAS al estallar un tubo de mercurio que afectó a “más de un millar de trabajadores”[16], quienes luego de una parcial evacuación, continuaron trabajando sin indumentaria y otros implementos de seguridad industrial. No se sabe si la empresa contó con un plan de evacuación y si los trabajadores fueron sometidos a exámenes médicos La petrolera se negó a brindar información sobre el incidente y advirtió “con represalias a los trabajadores que se quejen por las condiciones laborales”.

Trabajando y viviendo en condiciones precarias

Además de los bajos salarios y las insuficientes medidas de seguridad industrial, los obreros de las empresas subcontratadas, trabajan y viven en condiciones muy precarias. Según la asesora legal de la Federación de Trabajadores en Servicios Petroleros del Chaco, Rosa Colpari:

“En el tema de condiciones no hay, están durmiendo en contenedores de 6 metros por 5, están durmiendo entre 20 a 30 personas, 500 trabajadores están realizando sus necesidades en 15 baños, entonces, es atroz la situación”; (…)“Llama la atención que haya diferencias entre comedores en las empresas petroleras, (…) por ejemplo hay uno de categoría A, donde comen los altos ejecutivos y los de la clase B, en la que los obreros reciben su alimentación”[17].

En septiembre de 2012, los sindicatos y representantes de varias entidades públicas de Tarija rubricaron un acuerdo para la mejora de las condiciones laborales y el cumplimiento de derechos en las plantas denunciadas, convenio que no fue efectivizado hasta ahora y provocó más bien represalias contra los dirigentes sindicales.[18]

Se desconocen los derechos laborales colectivos

En noviembre de 2011, en represalia a las denuncias de dirigentes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de PETROBRAS Bolivia con relación a que el consorcio era beneficiado por el gobierno con la devolución de costos recuperables por la explotación de hidrocarburos y porviolar derechos laborales, la transnacional “en complicidad con la Federación Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia y el Ministerio de Trabajo, desconocieron al Sindicato, creando un sindicato amarillo paralelo, al cual reconocen”.[19] En respuesta, los dirigentes se movilizaron demandando el reconocimiento del sindicato genuino, fuero sindical y la declaratoria en comisión.

El desconocimiento derivó en la pérdida de la personalidad jurídica del sindicato a tono con el propósito de la transnacional en invalidar a la organización e imponer otra afín. Para colmo, en agosto de 2013, “a la madrugada un grupo de personas ingresó sin permiso al domicilio particular (del) secretario general del Sindicato (…), robando una computadora portátil y documentos del sindicato”, evidenciando “la intencionalidad de sustracción de documentos y amedrentamiento”[20], hecho que involucra a la empresa.