Organizaciones indígenas, como la Cidob (Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano), Conamaq (Consejo Nacional de Marcas y Ayllus del Qollasuyo), APG (la Asamblea del Pueblo Guaraní), ambientalistas e intelectuales cuestionan algunos puntos de la Ley Marco de Hidrocarburos que el ejecutivo ya hizo pública, las observaciones están enmarcadas en una supuesta flexibilización en la protección del medio ambiente, y en la reducción de la participación y la consulta de los pueblos indígenas originarios y campesinos en las actividades hidrocarburíferas que se desarrollen en su territorio. Según indica un diagnostico del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, existen 5 amenazas de carácter ambiental que frenarían el desarrollo de la exploración y explotación del gas y el petróleo en el país. La información es revelada por la Plataforma Energética del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla). Los obstáculos que indican son los siguientes: Carácter de la negociación sobre las compensaciones entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y los pueblos Indígenas Originarios y campesinos. Preservación estricta de las áreas protegidas. Procesos de consulta y participación. Procesos de obtención de la Licencia Ambiental Y de los pasivos ambientales.[1] [2] A pesar que en la Nueva Constitución Política del Estado establece la consulta obligatoria de los indígenas para la explotación de los recursos naturales, pero el informe señala que es otro factor negativo para el desarrollo de la actividad petrolífera. Además señala que todo impacto socio ambiental negativo, será compensado por YPFB, y no así por las empresas privadas. En las consultas que se debieran hacer a los pueblos indígenas y campesinos, indica que YPFB debe financiarlas, lo cuál implica otro ahorro de tiempo y dinero a las empresas transnacionales. La propuesta de ley petrolera solo habla de mitigar efectos, en contraste de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblo Indígenas que señala que deben ser consultados antes del inicio de cualquier proyecto que afecte a su territorio. En un comunicado, las instituciones señalaron que “este intento de flexibilizar los recaudos socio-ambientales contradice la voluntad expresa de los bolivianos y bolivianas de proteger el patrimonio natural y cultural del Estado Plurinacional, en la medida que ponen en tela de juicio las conquistas alcanzadas por las organizaciones sociales y el movimiento ambiental, en las luchas contra los gobiernos neoliberales”. Agregan que “la dimensión ambiental, así como la social, no son un obstáculo para el desarrollo, sino la garantía para su sostenibilidad”. Para mayor información haga clic aquí