Quiénes somos

A pocos meses de iniciada la crisis financiera de 2008, varios organismos internacionales sostuvieron que los países de América Latina se encontraban en una situación económica favorable, indicando que muchos de ellos alcanzaron una solidez macroeconómica que les posibilitaría hacer frente a los embates de la crisis internacional. Ese escenario favorable se expresó en una mejora en el balance fiscal del sector público, en la gestión de la deuda pública externa y en el aumento de las reservas internacionales. En términos de la CEPAL, “los países aprovecharon, como no habían podido hacerlo en otras oportunidades, un excepcional período de bonanza en la economía y las finanzas internacionales”.

Bajo esas condiciones, los gobiernos de la región habrían asumido políticas dirigidas a reactivar la demanda agregada y a dar señales de confianza en los mercados financieros. Lógicamente esas políticas se diferenciaban de un país a otro.

En el caso boliviano, las medidas se expresaron en i) un incremento de la inversión pública, ii) mantener y crear bonos, iii) en la ampliación de créditos mediante el Banco de Desarrollo Productivo (BDP), iv) en incremento del gasto corriente entre otras medidas. Asimismo, para el Gobierno y organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la situación macroeconómica de Bolivia es auspiciosa: las reservas internacionales han alcanzado niveles históricos (según cifras del BCB sobrepasan los $us 14.000 millones), se tiene control en la variación de precios y, por séptimo año, en 2012 se registró un superávit fiscal.

Sin embargo, este escenario fiscal positivo no fue acompañado por un debate sobre la estructura y orientación del financiamiento y el gasto público, buscando que la política fiscal tenga un carácter progresivo y el de prever las presiones y/o tensiones que genera un mayor gasto público en el largo plazo. Cabe recordar que en los últimos cinco años sólo por regalías al sector de hidrocarburos y por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) el Estado recibió alrededor de Bs 10.000 millones (alrededor de USD 1.428 millones).

Aspectos como la regresividad del sistema tributario, las exenciones y tratamientos especiales, la progresividad del gasto, la efectividad y eficiencia de la inversión pública, la política fiscal como un mecanismo de estímulo económico y otros, son elementos que en un contexto de bonanza fiscal, no han sido reflexionados.

En ese contexto, el 9 de mayo de 2013 fue lanzado en la ciudad de La Paz el Grupo sobre Política Fiscal y Desarrollo (GPFD) en un evento al que asistieron varias ONG, agencias de cooperación y centros de investigación.

El Grupo sobre Política Fiscal y Desarrollo (GPFD) es una iniciativa de sociedad civil que pretende:

–  Ser un espacio plural y participativo que busca aportar al debate público y a los actores de la sociedad boliviana con conocimiento y propuestas para una reforma fiscal progresiva, sostenible e integral en Bolivia.
–  Promover, desarrollar y apoyar en la elaboración de análisis, información y propuestas de política fiscal de forma coordinada con actores de la sociedad civil para incidir en el proceso de reforma fiscal.
–  Priorizar la incidencia en mecanismos fiscales orientados a mejorar la producción, el empleo y la sostenibilidad fiscal con base progresiva.

El lanzamiento ratificó la pertinencia en la generación de este tipo de mecanismos. Asimismo, por el proceso de diálogo en dicho espacio, permitió estructurar cuatro grupos o mesas técnicas de trabajo: i) mesa sobre autonomías y pacto fiscal, ii) mesa fiscalidad y seguridad alimentaria, iii) mesa sistema tributario y desarrollo, y iv) fiscalidad y seguridad social.

A diferencia de otras iniciativas, el GPFD considera que para un proceso de incidencia se debe generar una agenda de conocimiento que permita aportar con información, análisis y argumentos para una reforma fiscal integral, progresiva y sostenible en el país. En ese marco, las mesas están construyendo una agenda de investigación de forma coordinada con actores especializados en las temáticas que cada mesa desarrolla.

En el mediano plazo se prevé integrar más organizaciones e instituciones de la sociedad civil a fin de enriquecer desde distintos puntos de vista el debate de la reforma fiscal en el país.

En sus primeros meses de vida, la iniciativa tiene al Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) como un primer nivel de coordinación. Sin embargo, en este momento se está constituyendo un comité de coordinación más ampliado y diverso, que asegure el cumplimiento de los objetivos del GPFD y la pluralidad en el debate y análisis sobre este tema que es vital para el desarrollo del país.

Por el momento, los contactos pueden efectuarse mediante los siguientes medios.

Av. Jaimes Freyre No 2940, esq. Muñoz Cornejo.
Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA)
Teléfonos: (591) 2-2413175  /   2-2412429
Javier Gómez Aguilar: jgomez@cedla.org
Juan Luis Espada Vedia: jlespada@cedla.org

2 comentarios sobre “Quiénes somos

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *