Reforma Agraria
Con los pies en la tierra…
En respuesta a una nota publicada en Ideas por Enrique Ormachea, el Fernández aclara lo que considera son “tergiversaciones” sobre el tema tierra.
Juan de Dios Fernández / doctorante de la UNAM

Animal político 26/10/2014.- “Desde 2006 a la fecha se ha transitado de una injusta estructura de tenencia de la tierra (1953-1993), donde una minoría concentraba la mayor parte de la propiedad rural, a una nueva estructura de tenencia con acceso democrático”.
En la edición de Ideas del 12 de octubre  pasado se publicó el artículo de análisis “García Linera, Agroindustria y Tierras”,  de autoría de Enrique Ormachea, investigador del CEDLA.
El artículo de referencia señala que los resultados de la actual reforma agraria, en realidad sólo están permitiendo que los sectores empresariales del oriente del país, que consolidaron en el pasado  (1953-1993) alrededor de 39 millones de hectáreas (M ha), obtengan en propiedad, con la Reforma vigente cerca 36 M ha,   lo que implicaría que la Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria impulsada por el Gobierno, en los hechos sólo habría servido para regularizar sus antiguos derechos propietarios, en especial en Santa Cruz y Beni.
Antes de entrar a mi análisis es necesario precisar que Bolivia tiene una superficie de 109 M ha  de las cuales 106,7 M ha  son áreas rurales. De éstas, a la fecha el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) ha saneado y titulado 70,5 M ha  y todavía están sin sanear y titular 36,2 M ha.
Ahora bien, Ormachea afirma que “el Vicepresidente  evita  señalar que de la cantidad de tierras pendientes de titular,  alrededor de 33 millones hectáreas corresponden a  medianas y grandes propiedades  de Santa Cruz y el Beni…”,  y que de aquí salen los 17 M ha  que el Vicepresidente perfila consolidar -vía proceso de saneamiento- como derecho propietario empresarial y, para finalizar, concluye que “de persistir esta tendencia”, este tipo de empresas no terminarán consolidando como sostiene García Linera, unos 15 M ha  en propiedad, sino entre 35 y 36 M ha  al amparo del socialismo comunitario.
Al respecto cabe aclarar  que de los 36,2 M ha  pendientes de titular, 15,2 M ha  se encuentran en las regiones de altiplano y valles del país (donde la propiedad empresarial es casi inexistente), y 21 M ha  en los departamentos de Beni y  Santa Cruz. Luego ni haciendo “magia”, parafraseando a Ormachea, se puede encontrar para sanear y titular las 33 M ha  para el sector empresarial en esas regiones y ni siquiera en todo el país.
De las 21 M ha  pendientes de titulación en Santa Cruz y Beni, alrededor de 12 M ha  corresponden a demandas del sector mediano y empresarial, siendo las restantes 9 M ha  demandas de otros sectores y áreas todavía sin intervención. En consecuencia, si el INRA  reconocería en su mayor parte la demanda del sector empresarial,  sumada a lo que ya tiene en propiedad (5,6 M ha), la superficie final que consolidarían estaría alrededor de 17 M ha  como afirma el Vicepresidente. Por lo que tampoco por este lado se podrá “al amparo del socialismo comunitario” como imagina Ormachea consolidar de 35  a 36 M ha  a favor del sector empresarial.
La realidad, para bien de todos, es otra. Me explico. Si finalmente el sector empresarial logrará consolidar 17 M ha, de 39,2 M ha  que poseía, se puede deducir, por simple aritmética, que 22,2 M ha  (casi el 60% de sus otrora propiedades) han cambiado y están cambiando de dueño, siendo  sus nuevos propietarios los pueblos indígenas, comunidades campesinas, interculturales, afrobolivianos y otros pequeños propietarios, además del mismo Estado con las tierras fiscales.
En el período 1953-1993 las mayorías rurales de Bolivia recibieron derechos de propiedad sobre 17 M ha  y hoy consolidan a su favor más de 40 M ha. El Estado también registra a su favor  24 M ha como tierras fiscales, de las cuales 17,4 son no disponibles (áreas protegidas, parques nacionales y otros).
En conclusión, desde 2006 a la fecha se ha transitado de una injusta estructura de tenencia de la tierra (1953-1993), donde una minoría concentraba la mayor parte de la propiedad rural, a una nueva estructura de tenencia con acceso democrático. Lo relevante del actual proceso de Reforma, que no ha estado exento de conflictos, es que en general se ha construido de manera pacífica,  algo poco común en la historia de las reformas agrarias, hecho que además permite hoy plantear acuerdos entre Estado y los sectores productivos del agro para proponer agendas de desarrollo concertado.
Como cierre, sólo resta señalar que quien  escribe sobre la tierra requiere no sólo tener los pies sobre ella, sino también que lo escrito esté “con la pura verdad por delante”, como decía aquella vieja canción del Puma Rodríguez.

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