El experto acaba de presentar el libro Pacto fiscal: Cómo conciliar eficiencia con equidad.
“Las iniquidades son tremendas”. Es una de las expresiones con las que el economista Iván Finot se refiere a la distribución de recursos fiscales que rige en la actualidad en Bolivia. Este experto en descentralización acaba de presentar Pacto fiscal: Cómo conciliar eficiencia con equidad , un libro en el que lanza una propuesta para una redistribución nueva de recursos.
En el estudio se anota que Bolivia es uno de los países más descentralizados de Latinoamérica; no obstante, también se subraya que pese ello falta mucho por hacer para que se consolide la autonomía. Finot al respecto afirma: “La autonomía sólo se puede hacer efectiva cuando haya autonomía fiscal, eso es lo que nos falta y la mayor parte de los gobiernos departamentales y municipales no tienen esa autonomía efectiva. Son altamente dependientes de transferencias del Gobierno central”.
La redistribución actual, subraya Finot, es una herencia del pasado y por tanto una tarea pendiente por resolver. ¿Hay algún punto de referencia? El IDH (Impuesto Directo sobre Hidrocarburos), que aprobó el Congreso en 2005. Para el autor es inequitativa la distribución de recursos que se hizo con ese impuesto. ¿Las razones? “Le da un poco más al que ya tiene, hablando de departamentos; y distribuye el resto, digamos, por igual sin tomar en cuenta para nada las diferencias de población que hay entre los departamentos”.
Una primera constatación, entonces: “Lo más importante para hacer un pacto fiscal es cambiar el sistema de distribución del IDH y eso es lo que estamos proponiendo”, sostiene.
En aras de conocer mejor los motivos que llevaron a una redistribución cuestionable, vale la pena rastrear a qué se debe. Finot da una respuesta en ese sentido: “En la presentación del libro comentaban que el IDH fue una repartija que se hizo sin estudios previos. Yo añado: y durante una crisis de los partidos políticos, donde el Legislativo se dividió en brigadas por departamentos. Ya los partidos no tenían mayor importancia. Y por eso se hizo una repartija tan mal hecha”.
La nueva Constitución Política del Estado, puesta en vigencia en 2009, no definió “los aspectos fiscales de las autonomías”, dice el autor, quien cree que la actual coyuntura es ideal para abordar el tema de forma adecuada. “Es urgente, y ahora ya estamos maduros y ahora sí podemos hacerlo bien”, asegura.
Sin embargo, emprender un proceso de esta naturaleza puede provocar conflictos, dado que –indica Finot- hay “privilegios ganados”, como los ingresos que detentan las regiones donde hay hidrocarburos. Este tipo de factores obligan, por tanto, a buscar una redistribución sin quitar derechos adquiridos y sin restarle al Gobierno central una parte importante de sus ingresos, dice el investigador.
“Este trabajo –agrega-trata de dar una respuesta a eso… No se van a reducir las regalías ya constitucionalmente adoptadas, pero hay otras formas de financiamiento que restan muy pocos recursos al Gobierno central, pero que sí son muy importantes para que las autonomías funcionen efectivamente y además de ello sea más equitativa la distribución de recursos”.
¿Cuál debe ser el criterio para que prime la razón y no las discrepancias? Responde el autor: “Hay un criterio que sería solamente de equidad. Hay buenos antecedentes. Por ejemplo, en la Ley de participación popular la coparticipación municipal, el 20% de los impuestos nacionales y se distribuye según número de habitantes. Algunos gobiernos departamentales quieren que se haga algo parecido, que haya una coparticipación también departamental. Eso sería equitativo, pero no estimula la eficiencia. Es recibir plata gratis, sin que haya ningún esfuerzo fiscal local”.
Lo anterior cruza con la tesis fundamental del libro que presentó Finot: “Las transferencias deben ser de libre disponibilidad, pero proporcionales a los aportes locales, a lo que la gente quiere darle a su gobierno municipal o departamental”.
Un ejemplo es más aclarador: “En La Paz ahora estaríamos felices de que nuestros impuestos contribuyan para que tengamos agua potable de calidad y sin cortes… Es decir, cuando tenemos necesidades estamos dispuestos a aportar en función de nuestros ingresos para que se resuelvan esos problemas. Ése es el núcleo de esta propuesta que el gasto departamental y municipal tiene que basarse en lo que necesitan y requieren los ciudadanos a lo cual están dispuestos a aportar a través de impuestos y de contribuciones especiales”.
¿Y qué es una contribución especial? Finot lo explica en estos términos: “Cuando la gente está dispuesta a pagar adicionalmente a sus impuestos porque se va a beneficiar de una obra en especial”. Incluso, el autor considera que este elemento puede llegar a ser una fuente de ingresos muy importante, más que la de los impuestos. Con todo el investigador hace notar que hay marco legal que posibilita aquello, pero que no se aprovecha la veta.
Una duda de rigor: ¿Qué actitud debe tener el Gobierno para emprender un proceso de esta naturaleza? “El Gobierno tiene que estar dispuesto a ceder porque si hablamos de autonomías no puede haber autonomías sin impuestos propios, sin contribuciones propias. Tiene que ceder algunas bases impositivas”.
El corazón de la propuesta que plantea Finot está relacionado con el desarrollo local. El autor menciona tres objetivos le impulsaron a emprender el estudio: 1) Hacer a los gobiernos departamentales y municipales menos dependientes de lo que pase con la casualidad de encontrar o no recursos naturales; 2) que los ingresos de estos gobiernos se basen más en los aportes de la gente que en esas casualidades; y 3) que es la menta final y trascendental: “que Bolivia empiece a liberarse del extractivismo”.
Para ver la página de origen haga clic aquí.