De las 41 operaciones, 35 son Autorizaciones Transitorias Especiales y seis son contratos. El SERNAP y la AJAM buscan rezonificar las áreas con los operadores.
En el Parque Nacional y Área de Manejo Integrado (ANMI) Madidi y la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Pilón Lajas existen 41 operaciones mineras, de acuerdo con información de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) dependiente del Ministerio de Minería.
Página Siete envió un cuestionario al Ministerio de Minería el pasado martes para plantear interrogantes con respecto a la legalidad de estas operaciones en las áreas protegidas, así como sobre los requisitos y controles que las empresas y cooperativas deben cumplir. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no se recibió respuesta.
De las 41 operaciones, 35 son Autorizaciones Transitorias Especiales (ATE) o exconcesiones mineras y seis contratos mineros. Además, hay 13 solicitudes de contratos mineros y nueve áreas mineras en trámite dentro de los dos parques nacionales.
En su mayoría, estas concesiones y contratos mineros explotan oro y son operados por cooperativas.
De acuerdo con el artículo 220 de la Ley 535 de Minería, está permitida la minería en áreas protegidas siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos concernientes a la protección del medio ambiente.
«Los actores productivos mineros podrán realizar actividades mineras en áreas protegidas y forestales previo cumplimiento de la normativa ambiental y conexa específica, y cuando dichas actividades no afecten el cumplimiento de los objetivos de protección del área. Las actividades mineras con inicio anterior a la declaración de área protegida deberán adecuarse a la normativa ambiental respectiva”, especifica la norma.
En los artículos siguientes se establece que el Ministerio de Minería velará por el cumplimiento de la normativa ambiental.
El Servicio Nacional de Parques Nacionales (SERNAP) define qué zonas dentro de las áreas protegidas pueden ser explotadas por los diferentes actores mineros. Sin embargo, en junio pasado el SERNAP y la AJAM firmaron un convenio para la rezonificación de las áreas protegidas, con el concurso de los operadores mineros.
«El SERNAP está haciendo una rezonificación con participación de actores mineros interesados en demostrar que en ciertas áreas (protegidas) se puede hacer actividad minera. Una vez que termine ese trabajo en mérito a ese convenio se podrá avanzar donde se pueda hacer minería y donde no, la actividad debe ser rechazada”, dijo el entonces director de la AJAM, Carlos Soruco, en ese momento.
Esta decisión fue duramente criticada por el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) que considera que no corresponde la propuesta. Argumenta que se trata de áreas de conservación que cuentan con planes de manejo de los recursos naturales sobre la base de estudios y acuerdos con las comunidades.
«No les corresponde hacer la rezonificación. Son áreas de conservación que se establecieron sobre estudios y acuerdos con sus habitantes (…). Las áreas protegidas que tienen planes de manejo se construyeron en varios años y en base a un gran aporte de la propia cooperación internacional, el Estado y la población”, señaló el investigador Marco Gandarillas.
En su criterio pretender, por ejemplo, que el área núcleo de una AP deje de serlo para permitir actividades mineras puede suponer el desconocimiento de todo lo estudiado y concertado hasta ahora para favorecer a un sector ajeno al área como es el sector extractivista.
Peligros
De acuerdo con Patricia Molina del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade), la actividad minera en áreas protegidas puede tener consecuencias irreparables. Para la experta, en especial es preocupante la explotación de los ríos en busca de oro.
«Una buena parte de la producción del oro en el país proviene de la explotación aluvial y en vetas cercanas a los ríos en la Amazonia. Precisamente las cabeceras de las grandes cuencas amazónicas son zonas de explotación aurífera que arrojan mercurio en los ríos adyacentes «, advirtió.
La investigadora sostiene que al trabajar con mercurio en la cuenca amazónica se contamina no sólo el suelo y el agua, sino también los peces de cuya pesca viven muchos pueblos indígenas de la zona.
Este elemento es altamente tóxico y no se degrada, así que permanece en los lechos de los ríos, en los peces, en los árboles, o se evapora y viaja grandes distancias hasta asentarse en otro lado, multiplicando los daños.
Otros impactos
Por otro lado, la actividad minera en estas áreas genera deforestación, ya sea por talado de árboles, quema de porciones de bosque o contaminación de los suelos por el derrame de combustibles o aguas ácidas resultantes de los procesos mineros.
«Se puede talar el bosque para la construcción de caminos, para el establecimiento de campamentos, o para aprovechar áreas donde buscar minerales”, sostiene un estudio realizado por Ricardo Calla para el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).
Por otra parte, el documento indica que la recuperación del bosque luego de que las operaciones mineras se retiran, es mucho más lenta que la relacionada con otras actividades.
En Bolivia existen 22 áreas protegidas, de las cuales, según declaraciones del ex defensor del Pueblo Rolando Villena 20 se encuentran en riesgo por la explotación petrolera, minera y construcción de hidroeléctricas.
La declaración fue vertida en octubre de 2015 a propósito de la celebración de la cumbre climática en Cochabamba, según una nota de ANF de entonces.
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La minería del oro en el país genera 1.500 millones de dólares
De acuerdo con Héctor Córdova, experto en temas mineros de la Fundación Jubileo, la minería del oro en el país genera al año cerca de 1.500 millones de dólares al año; de los cuales sólo aporta aproximadamente 30 millones en regalías al Estado.
Según el especialista, la explotación aurífera en el país está actualmente en manos de más de 1.400 cooperativas que manejan el proceso de producción. Recalca que, en su opinión, ésta debería recaer en manos del Estado.
«Es necesario hacer un alto en el camino para que el Estado retome las riendas del proceso de producción, hoy son los empresarios privados los que deciden cómo desarrollar la minería en Bolivia: se burlan del Estado porque ellos mismos comercializan el mineral y no reportan utilidad para no pagar regalías”, explicó.
Córdova añadió que sólo el 15% de las más de 1.000 cooperativas auríferas cuenta con licencias ambientales.
«Sólo 252 cooperativas mineras de las 1.400 que operan en Bolivia tienen licencia ambiental y por eso se planteó reducir las exigencias para facilitar sus operaciones durante el último conflicto cooperativista”, señaló Córdova .
Áreas Protegidas
Parques Bolivia tiene 22 áreas protegidas como parques naturales, territorios indígenas, áreas de manejo integrado, reservas de biosfera y reservas naturales. Estos son Madidi, Manuripi, Apolobamba, Pilón Lajas, Noel Kempff, Cotapata, Isiboro Sécure, Tunari, Carrasco, Amboró, San Matías, Toro Toro, El Palmar, Iñao, Aguarague, EBB, Kaa Iya, Otuquis, Sama, Tariquia, Eduardo Abaroa y el parque Sajama.
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