El Comité Nacional de Lucha por la Renta Mensual pide que el beneficio favorezca a todo el sector, no sólo a los que tienen discapacidad grave o muy grave.
Al menos 5,5 millones de bolivianos mensuales tendrían que disponer los gobiernos municipales para pagar un bono a los discapacitados graves y muy graves. La cifra es producto de datos referenciales de 2012 que señalan una población de 22.256 personas con discapacidad «grave y muy grave”.
El Proyecto de Ley (PL) N° 296/16 establece que las alcaldías deben hacerse cargo del pago del mencionado bono. La iniciativa será tratada en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El pasado viernes el Comité Nacional de Lucha por la Renta Mensual (Conalur) denunció que el Gobierno pretende que sean las alcaldías las paguen ese bono y sólo a quienes tienen discapacidad grave y muy grave, no así a todos por igual.
«Los gobiernos autónomos municipales podrán financiar el pago del bono municipal para personas con discapacidad grave y muy grave con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), coparticipación y otros”, se lee en el parágrafo IV del artículo 3 del documento.
Según la Memoria del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad -elaborada en 2012 por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y el Ministerio de Salud-, ese año se identificó a 34.672 personas con discapacidad. De éstas 12.603 registraron discapacidad grave y 9.653 muy grave; 22.256 en total.
No obstante, si el proyecto de ley es aprobado por la Asamblea Legislativa y finalmente promulgado como ley, las alcaldías deberían destinar aproximadamente 5.564.000 bolivianos (cifra producto de la multiplicación del bono mensual por el número de posibles beneficiarios).
Bono «para todos”
El presidente de Conalur, César Ugarte, dijo que hubo un avance del Estado en reconocer que las personas con discapacidad necesitan otro bono, pero que no es lo único, por lo que piden que el beneficio sea inclusivo, no sólo para dos grupos.
«Queremos que el pago sea para todos, planteamos que los que tienen discapacidad moderada también sean tomados en cuenta, pero aún este tema está en análisis”, afirmó ayer Ugarte en declaración a Página Siete.
El fin de semana el alcalde de la urbe paceña, Luis Revilla, afirmó que el municipio no puede pagar el bono edil a discapacitados debido a la reducción del IDH, y principalmente porque el Gobierno pretende deslindar responsabilidades de Estado.
Por su parte, el anterior viernes la concejala Andrea Cornejo, del municipio de La Paz, explicó que se necesita un censo actualizado de personas con discapacidad para su respectiva clasificación «porque no todos sufren de la misma discapacidad”.
Página Siete buscó información en el Ministerio de Salud para obtener un registro actualizado de las personas con discapacidad y su clasificación; respondieron que la persona encargada del tema recién asumió el cargo.
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