El 7% de incremento salarial es el mínimo que las empresas privadas deberán dar a sus trabajadores y el  retroactivo tiene que ser cancelado hasta el 31 de mayo. Sin embargo, no es obligatorio el aumento para cargos ejecutivos, según el reglamento emitido por el Ministerio de Trabajo.

“Las empresas o instituciones privadas podrán determinar otros porcentajes de incremento salarial a favor de sus trabajadores que en ningún caso serán inferiores al 7% conforme a lo establecido en el decreto”, detalla la resolución ministerial.

“El pago retroactivo debe cumplirse hasta el 31 de mayo de la presente gestión, y las empresas  deben presentar al Ministerio de Trabajo a través de la oficina virtual de trámites, el formulario, la planilla de incremento salarial y el convenio colectivo hasta el 30 de junio”, declaró la directora general de Trabajo, Elizabeth Molina.

Además, la norma emitida por el Ministerio detalla que “no es obligatorio (el incremento) para el personal de la empresa o institución privada que ocupe cargos de: presidentes, vicepresidentes, miembros de directorios, gerentes, subgerentes, directores generales, directores o subdirectores ejecutivos o de cargos de igual jerarquía  que tengan un nivel salarial acorde al cargo asignado”.

Sin embargo, este reglamento no detalla cuál será el tratamiento que recibirán las empresas estatales. Molina  afirmó que “los plazos que nosotros estamos señalando es para el sector privado, las públicas también deberían regirse  hasta el 31 de mayo, para el pago retroactivo  para el incremento salarial”.

La interrogante surge luego de las declaraciones hechas por el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Alfredo Rada. La anterior semana declaró que el incremento considera un régimen de excepciones para las empresas estatales.  “Creemos que el sector privado está en condiciones (de pagar el incremento), el sector público también, salvo algunas empresas que en el decreto se van a  establecer en un régimen de excepciones”, dijo.

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas, reclamó  que para definir el incremento salarial el Gobierno considere variables como la sostenibilidad y la productividad cuando se trata de empresas públicas, pero para privadas se acordó por un criterio político sin tomar en cuenta su situación.

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