A la fecha, Bolivia carece de una Ley de Acceso a la Información Pública, situación similar se presenta en Argentina, Venezuela y Costa Rica. Sin embargo, en el país se han planteado por lo menos cinco proyectos de ley que no fueron considerados o no llegaron a buen puerto.
En 2015, en un encuentro propiciado por la Organización de Estados Americanos (OEA) en La Paz, se instó al país contar con una norma que permita a los ciudadanos a conocer la gestión pública y evitar la reserva de información en la administración o función pública.
Uno de los últimos intentos en llevar adelante la consideración de este instrumento legal fue el planteado, el pasado 11 de abril, por las diputadas Jimena Costa, Fernanda San Martín de Unidad Demócrata (UD) y Jhovana Jordán del Partido Demócrata Cristiana (PDC) ante la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) pero que su trámite no prospera porque, al parecer, duerme el sueño de los justos en una de las comisiones.
El documento presentado, que consta de 34 artículos y dos disposiciones transitorias, establece una serie definiciones y especificaciones mínimas sobre la información mínima que deben difundir o entregar las entidades estatales, por lo menos 20, entre las que destacan revelar “el contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado la entidad pública y afecte al público como también sus fundamentos e interpretación de las mismas”.
Asimismo, se pide que se informe sobre “la relación de los convenios suscritos mencionando las partes, el objeto, el plazo de duración y las modificaciones realizadas”, entre otros aspectos que se contempla en el proyecto.
Por otro lado, debemos destacar que se plantea cinco excepciones para acceder a la información: cuando se trate de temas de “seguridad nacional, políticas de relaciones exteriores, seguridad pública, las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, y protección de carácter personal”.
Bajo este concepto, el derecho a la información es una de las principales garantías constitucionales de los ciudadanos. Éste permite supervisar y controlar la gestión pública, evita la corrupción y promueve la rendición de cuentas de las autoridades y servidores públicos.
El proyecto propuesto por las diputadas de oposición plantea la creación de la “Comisión de Acceso a la información y Documentos Públicos” que tiene como finalidad el promover el acceso a la información y documentos públicos, la transparencia y publicidad de la información pública, fiscalizar el cumplimiento de la normativa sobre acceso a la información pública y promover la transparencia en las entidades públicas.
OTRAS INICIATIVAS LEGALES
De acuerdo a datos, el 2 de febrero de este año, la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) presentó a la presidencia de la Cámara de Senadores el “Proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública”; el 11 de abril, la bancada de oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional también planteó el proyecto de “Ley de Acceso a la Información y Documentos Públicos”. El sociólogo Henry Oporto publicó una tercera propuesta, el proyecto de “Ley Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno”.
A mediados de 2013, el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción difundió la versión del proyecto de “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, de 47 artículos. Pero, en diciembre de 2006, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos había presentado un proyecto similar, pero con la particularidad de que sólo contenía 27 artículos.
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