Conversatorio en la vicepresidencia
“Pregúntenme lo que quieran, lo que sea”, ofrecía el vicepresidente Álvaro García Linera al inicio de un conversatorio con estudiantes próximos a salir bachilleres, quienes fueron invitados este jueves a la vicepresidencia. En el evento, Jacqueline, una colegial cuyo familiar sufre retraso mental, sorprendió con el actual conflicto con los discapacitados y cuestionó por la negativa a pagar el bono de 500 bolivianos mensuales.
¿Por qué me preguntas? replicó el mandatario. “Tengo una hermanita que tiene discapacidad, tiene retraso mental y a lo que veo y he vivido, ellos no pueden trabajar. En sí, yo pienso que usted o el gobierno deberían dar un bono mensual a diferentes tipos de discapacidad, porque no consiguen fácil trabajo y a medida que van creciendo, necesitan distintos tratamientos”, justificó la muchacha.
De las cinco primeras preguntas, García escogió esta última para asegurar que en el país hay entre 80 mil a 100 mil personas con algún grado de discapacidad y que atender la demanda equivaldría a financiar unos 600 millones de bolivianos, que el Estado no dispone, porque tiene cada vez menos ingresos por las exportaciones.
El vicepresidente le dijo a la colegial y al auditorio que “no es tan fácil conseguir esos 600 millones” y que el gobierno no está en condiciones de dar el bono que, además “no es la mejor solución”.
Explicó que cada año el Estado por medio del gobierno central, gobernaciones y municipios, destina entre 65 a 70 millones de bolivianos para el servicio de educación en favor de los discapacitados y cerca de 60 millones de bolivianos en temas de salud. A parte da otros 40 millones de bolivianos anuales de los cuales la mitad se destina a pagar un bono anual de 1.000 bolivianos a personas con extrema discapacidad y el resto en temas productivos.
“Tienes razón que no es suficiente. Yo me sentiría contento que todas personas que tienen algún tipo de enfermedad, discapacidad, tengan atención médica gratuita. Eso se llama Seguro Universal de Salud”, manifestó.
García Linera explicó que para poner en marcha el Seguro Universal, el gobierno tiene previsto construir entre el 2016 y 2018, cuatro hospitales de cuarto nivel, 31 de tercer nivel y 60 de segundo nivel con una inversión de 1.600 millones de dólares.
Entre tanto, recomendó esperar a que concluya la construcción de los centros hospitalarios, para mejorar la atención del Estado en favor de los discapacitados, con operaciones de corazón, de la cabeza, pulmones, órganos internos, columna vertebral y temas de cáncer.
Por ahora, el gobierno ofrece a los discapacitados planes de atención integral y acceso a fuentes de empleo, para que cuatro de cada cien funcionarios públicos sean discapacitados y si éstos no pueden, disponer que un familiar ingrese a trabajar para mejorar sus condiciones económicas.
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