Si hay indicios de irregularidad en los proyectos, estos serán anulados. Descartó que por las plantas de propileno y polipropileno se haya generado un daño económico
Las ondas expansivas por la anulación del proceso de adjudicación para la construcción de las plantas de propileno y polipropileno también se harán sentir en los otros 20 procesos de contratación que tiene YPFB y que según su titular, Óscar Barriga, serán revisados uno a uno para evitar cualquier indicio de ilegalidad o irregularidad técnica o administrativa como la observada a la empresas italiana Tecnimont.
Barriga señaló que su persona no firmará ningún contrato final sin antes revisar todos los procesos de contratación en su parte técnica-legal y administrativa, para luego a mitad de camino tener que impugnarlo y dejarlo sin efecto como ocurrió  con la empresa italiana y el proyecto de las plantas de propileno y polipropileno a construir en Yacuiba (Tarija).
La autoridad indicó que otra de las medidas para garantizar la transparencia es la modificación de la reglamentación para los procesos de contratación, para que los sistemas de control interno garanticen que este tipo de observaciones no vuelvan a suceder.
“No vamos a firmar ningún contrato en el cual la Unidad de Transparencia no hubiese revisado. Eso nos da la garantía de que nuestros procesos de contratación no van a tener ninguna observación”, dijo Barriga.
Sin daño económico
En cuanto a la suspensión del proceso de adjudicación del proyecto petroquímico, Barriga negó que se haya generado algún daño económico al país.
Barriga detalló que ante la deficiencia en el Documento Base de Contratación (DBC), debido a que no se establece con claridad el poder de representación que da facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, la participación de técnicos de una empresa subsidiaria (YPFB Refinación) en el comité de licitación en la etapa de evaluación de propuestas, contrario a lo que señala el Reglamento de Contrataciones y la enmienda sobre la forma de presentación de documentos legales, que no se encuentra prevista en el reglamento, se optó por dejar sin efecto el proceso de licitación.
En este punto, lo que se anula, según Barriga, es la ejecución de la etapa de Ingeniería  Básica Extendida (Feed) del proyecto de propileno y polipropileno por un monto de $us 12,3 millones, dinero que no se llega a dar pues se frena antes el proceso. “Debo aclarar que no es que se deja sin efecto un proyecto de $us 2.200 millones, pues no llegamos a la instancia de construcción de las plantas, dejamos sin efecto un proceso de licitación que todavía no había comenzado por lo que se iba a pagar unos $us 12,3 millones. Por eso, no hay daño al Estado y no se perjudicó a la empresa que iba a hacer este trabajo”, remarcó Barriga.
En cuanto a la responsabilidad de los funcionarios, Barriga sostuvo que la Unidad de Transparencia de Yacimientos hará un seguimiento para determinar quiénes y en qué circunstancia no cumplieron con las normas y, de ser necesario, se pedirá a la justicia su participación. “Desde esta presidencia no vamos a permitir conductas fuera de la norma”, subrayó Barriga.
Otras lecturas
Sobre el tema, el senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz, pidió ayer al Ministerio de Hidrocarburos y a YPFB que hagan público el informe que derivó en la anulación del trámite de adjudicación a la empresa italiana Tecnimont para la construcción de las plantas de propileno y polipropileno en Tarija.
“Vamos a presentar un requerimiento a YPFB y a la cartera de Hidrocarburos a fin de que se haga público el informe de la Unidad de Transparencia por el cual se establecieron las causas que dieron origen a la anulación del contrato”, dijo el legislador opositor.
En las últimas horas, el presidente de YPFB, Óscar Barriga, informó que su despacho hizo observaciones al proceso de contratación del Servicio de Ingeniería Básica Extendida del proyecto de construcción de las plantas de propileno y polipropileno, y advirtió que no firmará ningún contrato sin previa revisión.
El caso “debe ser procesado por la Contraloría General del Estado y por la Fiscalía General del Estado”, solicitó el senador opositor.
Para el analista político Marcelo Robles, la medida es acertada si es que se busca dar un cambio de timón y proyectar un YPFB profesional, técnico y con reglas transparentes.
“En poco tiempo han salido a la luz pública diferentes irregularidades que ponen en duda la transparencia de la principal empresa estatal del país y eso no es bueno para nadie”, sostuvo Robles.
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