Piden que el alcance del Decreto Supremo 2858, orientado a reprogramar deudas con la banca, se amplíe a los proveedores agrícolas e industrias. Cocarico anuncia reunión con casas comerciales
Doce días después de que el presidente Evo Morales promulgara un paquete de 12 decretos para aliviar a los productores afectados por la sequía, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Gobernación de Santa Cruz los ven insuficientes y observan los alcances de seis de estos. Piden con urgencia al Ejecutivo revisarlos para desahogar al sector agropecuario y no comprometer la seguridad alimentaria del país.
Desde la perspectiva del titular de la CAO, Julio Roda, el Decreto Supremo 2858, relativo a la reprogramación de deudas, no resuelve la mora del sector agropecuario porque el alcance solo toca a la banca y no a los importadores de insumos y maquinaria ni a los agroindustriales que son financiadores del pequeño y mediano productor, y que concentran $us 462 millones (97%), de $us 474 millones de la morosidad. El 3% ($us 12 millones) es la deuda con la banca.
Tanto el sector agropecuario como la Gobernación proponen reprogramar las deudas a través del Banco Unión y Banco de Desarrollo Productivo (BDP) y que estas entidades estatales habiliten un fondo de reactivación económica para garantizar la campaña agrícola de verano prevista para octubre y que ronda las 1,5 millones de hectáreas.
De las condiciones, proponen 10 años de plazo, con dos de gracia, y tasas de interés de fomento. Con datos de la CAO, el agro estima $us 1.200 millones para reprogramar la deuda en mora de los afectados y reactivar la producción regional.
También ponen reparo al decreto 2857, que fija la compra del quintal de maíz a Bs 80 hasta diciembre de este año y Bs 75 hasta enero de 2017, a través de Emapa. La CAO y la Gobernación plantean que la compra se amplíe hasta mayo de 2017.
Además, piden el funcionamiento del Comité de Bioseguridad para recibir pruebas sobre maíz, soya y algodón genéticamente mejorados. Además piden en el decreto 2860 incorporar la importación de repuestos con cero arancel -a la par de maquinaria e insumos agrícolas-; la liberación de la exportación de carne bovina hasta el 31 de diciembre de 2017; la exportación de grano de soya para que los productores reciban un precio justo y, por último, excluir el tema de verificación de la FES hasta que pase la emergencia.
En sintonía con la CAO, el secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación cruceña, Luis Alberto Alpire, dijo que el decreto 2858 no ofrece una alternativa de solución ni de alivio, a corto plazo, a los productores porque no incluye un capital operativo que garantice la siembra de verano y aleje la alta probabilidad de inseguridad alimentaria. Hizo notar que 7 de cada 10 bolivianos se alimentan con la producción de Santa Cruz.
Lectura gubernamental
El viernes en Santa Cruz, al cabo de una reunión con dirigentes del sector oleaginoso, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, señaló que esta semana se reunirá con representantes de casas proveedoras de insumos y maquinaria para intercambiar criterios con relación a la mora del sector agropecuario tomando en cuenta que es muy alta.
Anunció que se conformaron mesas técnicas de trabajo para evaluar otros pedidos del sector agropecuario.
De la propuesta de crear un fondo de reactivación para el agro a través del Banco Unión, la gerenta general de la entidad financiera, Marcia Villarroel, dijo no conocer nada, pero que cualquier decisión está sujeta a una evaluación de comportamiento sectorial en el primer semestre de este año
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