El programa Comunidades Urbanas para esta gestión prevé construir más de 6.000 unidades nuevas. Las fiscalización es responsabilidad del Estado
Para Nora Sánchez hablar de una vivienda estatal es como darle una patada en el hígado.
Su casa de dos habitaciones, u03na cocina, baño y sala tardó en construirse en más de siete años y cuando ya llevaba viviendo dos años se enteró de que su techo no era seguro y que con el tiempo se podía desplomar.
La noticia impactó en unos 50 adjudicatarios de la urbanización Vida Nueva del kilómetro 9 de la carretera a La Guardia.
En ese tiempo varios beneficiarios hicieron mejoras en el piso, en las paredes y en el baño y ante la eventualidad del derrumbe se vieron forzados a que la Agencia Estatal de Vivienda (AEVI), a través de una constructora, les cambien los techos, lo que significó dejar sus hogares y correr el riesgo de perder el dinero que destinaron en la obra fina.
Este es un ejemplo de cómo el Programa de Vivienda Social (PVS) en algunos de sus proyectos adoleció de una adecuada fiscalización y control en la calidad de los materiales de construcción que las empresas utilizaron.
Por ello, el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, reconoció que el programa adoleció de algunas fallas que perjudicaron a los beneficiarios y que eso no iba a suceder con el programa habitacional encarado por la AEVI.
Nuevas reglas
Cabe recordar que en la elección del fiscalizador de obra participaban los beneficiarios y los técnicos del PVS y que en muchos casos el control a las empresas constructoras no era el más adecuado.
Para evitar malas experiencias se determinó que la AEVI sea la encargada directamente de fiscalizar y controlar la calidad de las obras que realicen las constructoras.
También se acordó que la empresa constructora presente a la AEVI un proyecto que incluya todas las especificaciones correspondientes que son obligatorias para desarrollar cualquier obra, que abarcan desde las estructuras hasta el tipo de materiales.
Antes de la firma de los contratos la AEVI tiene la obligación de examinar cada propuesta de manera integral y detallada, y aprobarla si cumple con las exigencias antes de la adjudicación.
Ya en la etapa de ejecución o construcción, la empresa tiene la obligación de cumplir con rigurosidad las especificaciones del proyecto que fue aprobado por considerarse óptimo en todas sus características.
Otras de las garantías con la que contará la AEVI, según Rodrigo Crespo, presidente de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), es la formalidad y trayectoria de cada empresa constructora, respaldada por su trabajo, lo que garantizará el cumplimiento de todas las especificaciones, por tanto se asegura que se entregará un producto de calidad.
¿A quién reclamar?
Otros de los puntos pensados en los beneficiarios es que según la normativa vigente, existe un periodo de prueba durante el cual la constructora es responsable en caso de presentarse algún problema estructural. En este caso, la AEVI es la encarga da de dar su visto bueno o conformidad antes de proceder con la recepción de las obras.
En este punto Crespo aclara que una vez finalizado y durante el periodo de prueba, la AEVI realiza las evaluaciones correspondientes antes de proceder con la recepción definitiva y emitir los documentos de conformidad a la empresa constructora y que de acuerdo con los términos del programa, cumplidas estas instancias, las viviendas pasan a AEVI, que se hace cargo de otorgarlas a los ciudadanos que califiquen.
Sobre las garantías y los controles de obra, Carlos de Chazal (hijo), de la constructora Apolo, que lleva adelante la construcción de 94 departamentos en el complejo habitacional Patujú (Satélite, en el norte cruceño) explicó que son los fiscalizadores (ingenieros) de la AEVI los únicos autorizados para evaluar las obras, verificar qué tipo de material se está usando y dar el visto bueno en el avance de las obras.
“Nosotros no tenemos trato directo con los adjudicatarios y está bien que así sea. Solo le debemos explicaciones a la AEVI y ella es la única que nos puede fiscalizar. La reglas son bien claras y las vamos a cumplir”, indicó De Chazal.
El proyecto Patujú logró la aprobación debido a la trayectoria de la empresa constructora que hace más de cuarenta años lleva realizando distintos proyectos de ingeniería civil.
La obra tendrá una inversión de $us 4,5 millones y a criterio de De Chazal, el nuevo sistema de contratación con venta directa al Estado es el más adecuado porque evita cualquier mal entendido y es una garantía de que las empresas constructoras una vez que finalicen sus obras tendrán la certeza de que su inversión será devuelta, sin tener que preocuparse en la venta de las viviendas.
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