Habrían 600 personas implicadas en presuntos desvíos del Fondo Indígena. Óscar Ortiz critica que aún no aparecen autoridades de cargos jerárquicos
Desde la intervención del ex Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas -en febrero-, de las 600 personas involucradas en el supuesto daño al Estado con recursos de la entidad solo un 3%, tiene medidas cautelares, luego de presentarse ante un juzgado.
Según la liquidadora del Fondo, Lariza Fuentes, habrían cerca de 200 procesos iniciados y por iniciarse, donde están involucrados 600 nombres dentro de las causas judiciales para esclarecer los desvios de recursos por al menos Bs 102 millones.
“Se están presentando 89 denuncias más que involucran a otras 300 personas. En concreto estaríamos hablando de 200 procesos que involucran aproximadamente a 600 personas denunciadas en estos momentos”, señaló Fuentes en dos oportunidades, durante el informe oral que dio ante la comisión de naciones indígenas de la Cámara de Senadores.
Los detenidos
Mientras tanto, existen 10 representantes de las comunidades beneficiarias con los recursos del Fondo, que tienen detención preventiva en diferentes cárceles del país y otras 7, guardan detención domiciliaria, luego de la resolución de juzgado que lleva los procesos, a 9 meses de investigación.
Señaló que los procesos están siguiendo su curso normal dentro del
Ministerio Público tomando en cuenta las limitaciones que tiene, debido a la enorme carga procesal.
La funcionaria también pidió, a través de la Fiscalía General y fiscalías departamentales, tomar cartas en el asunto de supuesta corrupción y en su caso, designar más fiscales.
Comisión investigadora
El senador por Unidad Demócrata (UD), Oscar Ortiz y presidente de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas, demandó la realización de auditorías para los proyectos y encontrar responsabilidades.
En criterio de Ortiz, la liquidadora está procurando “evitar las responsabilidades del directorio” en todo el proceso de administración de los recursos del Fondo Indígena.
Considera que cada año, este directorio debería haber aprobado los estados financieros, la memoria anual y las auditorías previstas por las normativas que regían en la entidad, aspecto que se obvió por 6 años.
“Por eso, no es sostenible pretender evitar que el directorio asuma sus responsabilidades”, indicó.
Precisó que debe ser incluida la ex ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo (renunció por presiones sobre su responsabilidad en el tema), quien presidía el directorio del Fondo y se reunía hasta dos veces al año.
Post intervención
Luego de la intervención que se dio en febrero, el Gobierno decidió iniciar un proceso de cierre del Fondo y crear uno nuevo denominado Fondo de Desarrollo Indígena, a cargo de una administración, donde fueron traspasados 204 proyectos vigentes que tendrán recursos desde el 2016.
Mientras tanto, la liquidadora espera denunciar en total, 400 proyectos a la Fiscalía y otras 313 esperan auditoría especial.
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