La relatora de Naciones Unidas para Bolivia dijo que se tomó conocimiento de la represión violenta que sufrieron los discapacitados este año en el país. Dijo que la situación económica no justicia esas acciones. Hizo esta afirmación luego de escuchar a la dirigente Rosemary Guarita y a las representantes del Gobierno: Virginia Velasco y Nardi Suxo. El Gobierno debe responder ese tema y otros este jueves.COMPARTE:
NNUU cuestiona al Gobierno de Bolivia por la represión a discapacitados y pide un compromiso para escucharlos
La ministra Velasco y la embajadora Suxo en la sesión de Naciones Unidas este miércoles. Foto: Casptura de pantalla
La Paz, 17 de agosto (ANF).- Durante la Sesión 16 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (PDC) en las Naciones Unidas, que se celebra entre este miércoles y jueves en Ginebra, el organismo internacional ha cuestionado al Gobierno boliviano por “la violencia y la represión” que se aplicó en contra de las personas con discapacidad que este año se movilizaron en el país y también ha pedido que la delegación nacional, encabezada por la ministra de Justicia, Virginia Velasco, asuma un compromiso para escuchar las demandas.
La relatora especial de Naciones Unidas para Bolivia, Silvia Quan-Chang, puso sobre la mesa del debate la situación de las personas con discapacidad que se movilizaron y que no fueron atendidas por el Gobierno de Evo Morales.
“Quiero ahora llamar la atención de la distinguida delegación del Estado parte, debido a que las carencias de recursos económicos que dificulta la implementación de los servicios básicos no deben ser nunca motivo para restringir los derechos de las personas con discapacidad. Particularmente cuando éstas se manifiestan públicamente y demandan que sus derechos sean cumplidos. Me refiero a la caravana, una movilización de personas con discapacidad que se trasladaron 375 kilómetros desde Cochabamba hasta la ciudad de La Paz y que pretendían ser escuchados por el presidente Evo Morales para solicitar su apoyo con la asistencia de un bono social, para la asistencia de personas con discapacidad que viven en pobreza y pobreza extrema”, sostuvo.
“Este comité tiene información sobre la violencia y represión de la cual fueron víctimas a manos de la policía de ese país, la que dejó como consecuencia un número considerable de personas con discapacidades de todo tipo, incluyendo a madres, mujeres y niños, lesionados y heridos y sus demandas sin ser escuchadas”, agregó en la sesión que fue transmitida en vivo por internet.
En ese marco, Quan-Chang pidió que la delegación nacional emita un compromiso para escuchar las demandas del sector. “Quisiera escuchar, al finalizar, que existe un compromiso verdadero para escuchar las demandas de las personas con discapacidad pertenecientes a los manifestantes”, enfatizó.
La declaración de Quan-Chang se produjo luego de escuchar en privado el testimonio de la dirigente Rosemary Guarita y de conocer los avances presentados por el Gobierno boliviano respecto a la vida de las personas con discapacidad.
La relatora remarcó que hay un gran avance al haber establecido la ley 223 de personas con discapacidad, sin embargo señaló que quedan por cumplir muchas disposiciones establecidas en la norma.
“Las personas con discapacidad sin embargo aún enfrentan grandes desafíos en su reconocimiento como titulares de pleno derecho”, señaló.
“Hay retos significativos por superar y confío en que conjuntamente a mis colegas podamos tener un intercambio abierto y trasparente con la delegación del Estado Plurinacional de Bolivia para identificar el mejor camino para cumplir con los derechos de las personas con discapacidad”, agregó.
La relatora reconoció que los retos son enormes ya que Bolivia se ha caracterizado por estar ubicada entre los países con más bajos ingresos económicos, sin embargo, aseguró que tal situación no puede ser excusa para que el Estado incumpla con las garantías y el ejercicio pleno de los derechos humanos de este sector. “Esta situación no debe ser justificación para que el Estado incumpla con las garantías y derechos”, indicó.
La delegación boliviana estuvo encabezada por la ministra de Justicia, Virginia Velasco, y la embajadora ante Naciones Unidas, Nardi Suxo.
Durante la primera intervención, Velasco expuso los avances normativos, indicando que la “inclusión social de las personas con discapacidad está garantizada, con los servicios de salud, educación, fondos concursables, accesibilidad, rebaja de pasajes y otras acciones afirmativas”.
“Son sujetos activos de derechos (…) Es una manera de erradicar la extrema pobreza”, dijo en otro momento.
Si bien en Bolivia el Gobierno rechaza la dotación de un bono mensual de 500 bolivianos a las personas con discapacidad por considerar que es una política asistencialista, Suxo aseguró en la sesión que el nuevo modelo económico boliviano ha permitido la redistribución equitativa de los ingresos y permite que el país esté en la posición de pagar bonos a otros sectores. Señaló que el Estado asiste “a las personas con escasos recursos a través de bonos a mujeres, a niños, ancianos (…) El modelo tiene una visión comunitaria”, insistió.
Asimismo, Suxo señaló que el Gobierno boliviano tomará en cuenta y asumirá las recomendaciones del organismo internacional, sin embargo, la respuesta ampliada y final sobre los cuestionamientos planteados por Naciones Unidas se conocerán este jueves.
Posteriormente se procedió a la primera ronda de preguntas, las que abundaron sobre las jornadas violentas de meses pasados, cuando más de 100 personas con discapacidad llegaron a la sede de Gobierno luego de recorrer cientos de kilómetros para expresar su demanda de un bono mensual de 500 bolivianos ante el Primer Mandatario.
Sin embargo, en la escueta respuesta que estuvo a cargo de un técnico del ministerio de Justicia, se señaló que el gobierno buscó los mecanismos de diálogo con el sector.
En la segunda ronda de preguntas de los miembros de Naciones Unidas, así como de la relatora, se insistió en que el Estado explique la excesiva violencia con la que fueron reprimidas las personas con discapacidad.
Poco antes de la sesión, en una encuentro que no fue transmitido y en el que estaban presentes autoridades del gobierno y representantes sectoriales, la dirigenta de la movilización de los discapacitados de Bolivia, Rosemary Guarita, denunció que su sector ha sufrido una violenta represión de parte de la Policía, exigió que se establezcan responsabilidades por esos hechos y pidió a Naciones Unidas ayuda para defender los derechos de su sector.
Las personas con discapacidad partieron un 21 de marzo de Cochabamba hacia La Paz, recorrieron 379 kilómetros y llegaron en 35 días. Pese a mantener una vigilia por más de tres meses en la sede de Gobierno, hasta el 29 de julio, el presidente Evo Morales nunca los recibió.
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