Estado paga a petroleras el 97% de costos recuperables
ERBOL – Rolando Carvajal
El gobierno observó un 1.8% de los costos recuperables de las empresas petroleras y rechazó un 1%, mientras que la retribución de estas operadoras alcanza a unos 7.996 millones de dólares, con base en los 4.798 millones oficialmente reconocidos para esos costos, y una utilidad o ganancia de 3.198 millones entre 2007 y 2013
La retribución, paga final o remuneración de las empresas petroleras titulares de los contratos de hidrocarburos, podría sin embargo superar los 9.700 millones de dólares (MM/$us) si se agregan 587 MM en costos recuperables equivalentes de la gestión 2006 y un mínimo estimado de 650 MM para el 2014, sin contar ganancias de estos años (485 MM sólo el 2006)
Pese a la información contradictoria, oculta y parcial −con datos oficiales eliminados ahora de la página digital de la empresa petrolera estatal pero conservados en otros archivos, y cruzados con cifras de la Fundación Jubileo y otros centros de estudio−, se pudo establecer que los costos recuperables muestran un ascenso constante, de 295 MM/$us en 2007 a un estimado de 1.085 MM el año pasado, para cerrar en 4.931 MM reportados, de los que 133.3 MM fueron observados, por lo que el Estado resolvió reconocer y pagar el 97.2%.
El promedio anual que remesan en total las petroleras a sus centros matrices sumaría 1.142 por cada uno de los siete años transcurridos en el periodo 2007-2013.
En paralelo, cifras parciales de YPFB procesadas por Jubileo y otras más recientes mencionadas por el ministro Juan José Sosa en el último Congreso Gas & Petróleo, en mayo pasado, dan cuenta también del crecimiento de la denominada “Participación adicional” de la corporación estatal en la renta petrolera en general y en la renta estatal de este negocio.
Del 2007 al 2013 esta participación suma 3.999,8 MM/$us, respecto de los 30.797 millones que generó en ingresos la comercialización del gas de mayo del 2007 a julio del 2014, cifra destacada por el presidente de YPFB, Carlos Villegas, hace dos semanas.
De acuerdo con especialistas, YPFB participa de ingresos en al menos tres segmentos del caudal petrolero: en su asignación adicional desde el 2007, en los costos recuperables cuando forma parte de una sociedad petrolera y en las ganancias como titular asociado de un contrato.
Una “nebulosa” de 4.000 MM/$us
¿Qué hace Yacimientos con todo ese dinero, cómo lo administra, qué control ejerce la sociedad civil en ese presupuesto o qué rendición de cuentas efectiva existe sobre la gestión de la renta de los hidrocarburos?, se inquirió en el contexto de un diplomado sobre industrias extractivas, auspiciado por Jubileo y la Universidad Salesiana.
“Es una nebulosa; el principal problema es que no existe una norma sobre esto y no se sabe la incidencia. Sería interesante que haya una normativa para la participación de YPFB. No hay ninguna que establezca lo que YPFB puede hacer con los montos de su participación”, dijo el analista Raúl Velásquez, de la fundación Jubileo, vinculada a la Iglesia Católica en Bolivia.
“La idea era que sirva para reinvertir en exploración pero no se ha plasmado en una norma que diga en qué debe invertir. No está claro este restante 50 % (aparte de regalías e IDH). Se sabe cómo está compuesto: costos recuperables, ganancia del titular y ganancia de YPFB, pero no los montos y destinos, tampoco cómo se los administra efectivamente”
La estatal petrolera puede traer al cantautor Silvio Rodríguez o presentar a Los Kjarkas, auspiciar homenajes a la madre tierra, etc. Y apoyar al bono Juancito Pinto. “Pero en gastos, todo eso es una nebulosa”, coincidieron otros analistas.
“Sería fácil decir, como sociedad civil, que YPFB usa esta partida para determinados rubros pero como no está transparentado, no se sabe. Un primer paso sería pedir que se transparente en qué se gasta esta participación”, sugirió Velásquez.
Contradicciones y falta de transparencia
Tan solo al 2011, se registraba que, entre costos recuperables y utilidades, la retribución de las empresas crecía a 6.623 MM desde el 2006, y a 7.657 MM desde el 2005.
El presidente Evo Morales señaló en septiembre pasado que, con excepciones, el promedio de la participación estatal y de las operadoras es de 75-25.
Pero varias versiones oficiales contradictorias se han registrado desde entonces, a lo que se suman cuestionamientos a la falta de transparencia en la gestión de los hidrocarburos, entre ellos, la crítica del Centro de Estudios para el Desarrollo Agrario y Laboral (CEDLA) a los costos recuperables reconocidos pero que no son directamente atribuibles a la producción.
Al comenzar el año, las operadoras solicitaron incluso que el doble aguinaldo de sus ejecutivos y sus trabajadores de élite sea pagado como un costo de este tipo.
Carlos Arze, analista del CEDLA refirió que los gerentes petroleros incluyen gastos personales, mientras el presidente de YPFB ya había “reflexionado” en agosto pasado, a los afiliados de la Cámara de Hidrocarburos para que reduzcan sus costos incrementados entre 2 y 10%.
En el seminario patronal, Carlos Villegas, anticipó el debate: “Creo que conjuntamente podemos realizar una correcta administración de costos”, dijo mientras la presidenta de la Cámara, Claudia Cronembold, refería: “los costos son como las uñas, hay que cortarlas todo el tiempo”.
Otros expertos como el economista Armando Méndez, se inclinan por un punto de vista contrario: que las petroleras en realidad han reducido sus costos porque ya han recuperado hace años sus inversiones, aunque siguen logrando un tanto del Estado, que lo permite.
En un encuentro del CEDLA, a comienzos de octubre, buena parte de los participantes coincidieron en que las transnacionales se habían cobrado largamente sus inversiones, además que a título de amortización de inversiones, las petroleras sólo estaban dejando “fierros” y equipos cada día más afectados por las depreciaciones aceleradas en tecnología.
Pero, sobre todo, que el costo de producción y precio de los hidrocarburos, ya incluía una renta o utilidad, al margen de la ganancia o utilidad mayor de las empresas.
Para entonces, el vicepresidente Alvaro García Linera insistía que el negocio de los hidrocarburos en Bolivia tiene esta distribución: IDH y regalías 50%, participación de YPFB 14,1%, patentes e impuestos para el Tesoro General de la Nación 10,6%; ganancia empresas extranjeras 10,9% y costos recuperables 14,4%, totalizando la porción nacional 74.7 %, lejos del 82-85 y aún 87 % publicitado por su gobierno.
Días después, en referencia a la renta del 2013, García Linera dijo que el Estado recibió 5.400 MM/$us y las empresas 1.500 MM, lo que representaba, sobre un total de 6.900 MM un 78.2 %, igualmente distante de lo que durante muchos años se hizo creer a la ciudadanía, sin informarle con precisión ni explicarle en profundidad qué significaban las utilidades semi escondidas y cuánto eran los costos recuperables, que a final terminan siendo pagados en 97 %.
La misma cifra de 5.400 MM/$us sustentada por el Vicepresidente quedó en entredicho, puesto que el presidente de YPFB había asegurado el 16 de enero que la renta petrolera sobrepasaba el 2013 los 5.566 MM distribuidos en impuestos “Upstream” 850,1; patentes 11,4; participaciones YPFB 1.154,8; regalías 1.254,4 e IDH 2.314,8 millones.
A fines de septiembre, Villegas había calificado como “pequeño” el monto de los 4.798 MM en costos recuperables respecto de la magnitud del negocio y más bien aseveró que había contribuido al pago de bonos sociales, estos, según analistas, equivalentes a 1 % de Producto Interno Bruto, o cerca de 238 MM/$us al 2011, cuando los ingresos por la venta de eran 19 veces mayores superando los 4.024MM/$us.
También negó que haya un manejo “discrecional” en el pago de los costos recuperables o que estos supongan un gasto de esa naturaleza.
Razonabilidad y más problemas
Los costos recuperables rigen desde el 2006 con los contratos de operación que las empresas realizan por su exclusiva cuenta y riesgo a cambio de una retribución de YPFB, compuesta precisamente por costos recuperables y las ganancias o utilidades
El anexo D establece qué conceptos comprenden, principalmente costos de operación, llamados Copex, y amortización de capital invertido, Capex, recordó Velásquez.
“Si se ha registrado un aumento de la producción se debe a fuertes inversiones (ejemplo los campos Sábalo, Margarita) y obviamente esa inversión implica mayor amortización. Una vez pagada, los activos pasan a propiedad de YPFB”.
“Es razonable que se hayan incrementado seguramente por el componente de amortización”, concluyó.
Sin embargo las tribulaciones de YPFB, si sus ejecutivos asumían así el momento, pasaban también, según registros externos, dado que la estatal no los alude, por dificultades para la ejecución del presupuesto general y del de inversiones, dos problemas crónicos en la estatal petrolera.
Por una parte, no se informó el grado de avance semestral de la ejecución presupuestaria ni tampoco al III trimestre.
Y si al 31 de diciembre pasado oficialmente Yacimientos registraba un crédito vigente de 99.670 millones de bolivianos (equivalente a 14.238 MM/$us) y un devengado de 71.152 MM/Bs. [10.164 MM/$us), la diferencia sumó 28.518 MM equivalentes a unos 4.074 MM/$us sin ejecución el 2013.
Para el 2014 el Presupuesto General del Estado, le había asignado a la corporación 88.911 MM/Bs. (12.701 MM/$us) de un total de 101.995 MM/Bs. (14.570 MM/$us) para 35 “empresas públicas”, según reporte del diario cruceño El Deber.
En ejecución de inversiones, comprometidas por 3.029 MM/$us para esta gestión, las autoridades daban por hecho a mediados de año que se ejecutaría el total, dados los altos gastos en plantas separadoras y la planta de amoniaco y úrea en el Chapare, que operará desde el 2015, retrasando los planes de industrialización, puesto que la separación de licuables no lo es, según expertos de Jubileo y el CEDLA.
En todo caso, YPFB en los últimos cuatro años desde el 2010, no cumplió con su ejecución programada de 7500 MM/$us, de los que ejecutó realmente 5.500 dejando un acumulado no ejecutado de unos 2.000 millones de dólares, casi el costo de dos plantas de urea y sus ferrocarriles, similares a los de Bulo bulo, cuando los principales retos son resultados positivos en la exploración para compensar la intensa monetización de las reservas nacionales de hidrocarburos.
Para ironía de las políticas de transparencia, participación social y rendiciones de cuentas públicas, la última contiene 10 firmas en la columna del MEH, 14 en la de organizaciones sociales y 11 en la de representación del Ministerio de Transparencia, la mayoría correspondiente a funcionarios de estado, con sus respectivos sellos. (Ver http://www.ypfb.gob.bo/8-ypfb-corporacion/acerca-de-ypfb/102-transparencia.html)
Como observara no hace muchos meses, el director ejecutivo de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, “hoy por hoy, en muchos casos, YPFB acaba siendo juez y parte en el tema hidrocarburos”.
Y la misma Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el organismo fiscalizador, depende en su designación directiva actualmente interina, de una resolución suprema del Órgano Ejecutivo encabezado por el presidente del Estado.
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