Jornada – Susana Gonzáles G.
México, DF. México obtuvo calificaciones de 33 y 50 puntos de un máximo de 100 sobre la transparencia en concesiones y contratos mineros, así como en los requisitos para evaluaciones de impacto social y ambiental en proyectos de extracción de minerales, gas y petróleo, indica un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre las industrias extractivas en América Latina y el Caribe.
A diferencia de Perú, que divulga todos sus contratos petroleros por internet, el BID indica que en México hay una “baja facilidad de acceso” a los contratos de industrias extractivas porque, por ejemplo, los de Pemex sólo han sido publicados a partir de solicitudes de información y después de procesos muy largos.
El BID destaca que América Latina y el Caribe es el primer productor de metales en el mundo y la segunda fuenta más importante de petróleo, por lo que concentra la tercera parte de las inversiones minerales en el mundo y es el principal objetivo de los inversionistas globales en este sector.
Tan solo nueve países latinoamericanos, México incluido, generan 10 por ciento de todo el petróleo mundial, 5 por ciento del gas natural, 15 por ciento de oro, 45 por ciento de la plata y 40 por ciento del cobre. Para todos ellos, los combustibles y minerales representan 60 por ciento de sus exportaciones totales y los ingresos del sector extractivo les proporcionan la tercera parte de sus ingresos públicos.
Sin embargo, el organismo advierte que paralelamente la minería y las industria petrolera y gasera “también han creado importantes problemas como corrupción, impactos medioambientales negativos y pérdidas económicas. Las comunidades han expresado su preocupación por la falta de beneficios tangibles para el desarrollo local”.
Así que considera que es necesario que los gobiernos latinoamericanos fortalezcan sus marcos de gobernanza para aprovechar adecuadamente los productos extraídos del subsuelo, a fin de que contribuyan al desarrollo económico y social, la innovación tecnológica y la construcción de infraestructura de la región, para lo que resulta esencial la transparencia en el sector.
El BID incluye en su estudio el Índice de Gobernanza de los Recursos Naturales (RGI, por sus siglas en inglés), elaborado por el Natural Resource Governance Institute, que mide las condiciones de transparencia y gobernanza en las industrias minera y de hidrocarburos de 58 naciones, entre ellas 11 de América Latina y el Caribe. La calificación promedio que alcanzaron los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) fue de 88 puntos, en tanto que para los países de América Latina fue de 69 puntos.
Noruega es la nación mejor calificada al obtener 98 de 100 puntos, seguido de Estados Unidos con 92, Reino Unido con 88, Australia con 85 y Brasil con 80. México se ubica en la posición número seis con 77 puntos en la calificación general, realizada a partir de cuatro categorías generales: entorno institucional y legal, prácticas de acceso a la información, salvaguardias y controles de calidad, así como un entorno favorable. Con ese puntaje, México fue incluido en el grupo de países que el RGI considera que tienen un resultado “satisfactorio” en la gobernanza de sus recursos naturales, porque debajo de los 71 puntos se considera que tienen puntaje “parcial”, de 41 a 50 “débil” y de cero hasta 40 puntos “deficiente”.
Sin embargo, dentro de esas cuatro categorías generales hay subrubros donde México tuvo calificaciones muy bajas, como en “requisitos de evaluaciones de impacto ambiental y social” donde consiguió 50 puntos lo mismo que en la “publicación de evaluaciones de impactos social y ambiental. En “el proceso de concesión de licencias” y en “transparencia de contratos” obtuvo una calificación de tan sólo 33 puntos.
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