27 de febrero de 2014

La deuda pública subió en 76.891 millones en 2013 y ya supera el 94% del PIB. El conjunto de las Administraciones cumplieron el año pasado con el tope de endeudamiento que Hacienda les marcó (incluso con un margen de casi dos décimas), aunque, como ha ocurrido en otros ejercicios, el Ministerio recurrió a algunas ayudas en la contabilidad, especialmente en lo que respecta al cumplimiento del tercer plan de pago a las empresas y autónomos que trabajan con el sector público.

No en vano el departamento que dirige Cristóbal Montoro anunció, a finales del año pasado, que se posponían a 2014 los pagos previstos en el tercer (y último) plan de proveedores que Hacienda ha puesto en marcha; es decir, técnicamente, esos compromisos ya no computaban dentro del ejercicio que se acaba de cerrar y cuyas cuentas había que cuadrar. De hecho, Hacienda ha empezado a abonar hoy el último tramo del plan de pago a proveedores.
Así, el sector público las ha cuadrado con nota, con una deuda total equivalente al 94,02% del PIB, según informó ayer el Banco de España, cuando el tope se encontraba en el 94,2%.
¿Y cómo pueden haber influido en ello los retrasos que soportan los proveedores? Fuentes del propio Ministerio explican que, en efecto, toda factura pendiente de pago que sale de un cajón de la Administración para integrarse en un plan de pago «deja de tener consideración de deuda puramente comercial, y pasa a considerarse como deuda financiera», en este caso, cargada a 2014.
En dinero contante y sonante, eso significa que se vio retrasado el desembolso de 8.000 millones de euros que las comunidades autónomas todavía adeudan a sus proveedores. ¿Hasta cuándo? Hasta esta misma semana, ya que el propio ministro Montoro anunció ayer que, a partir de ese mismo día y a lo largo de esta semana, las Administraciones se iban a poner «prácticamente al día» en lo que a su morosidad concierne.
En esta fase, que incorpora las facturas emitidas hasta el 31 de mayo de 2013, se incluyen los contratos de obras, la concesión de obras públicas, la gestión de servicios públicos, los suministros, e incluso espectáculos, contratos privados de creación artística e indemnizaciones por expropiaciones.
Instantes antes de inaugurar las XVIII Jornadas de Presupuestación, Contabilidad y Control Público, Montoro expresó su confianza en que las Administraciones no vuelvan a incurrir en este tipo de demoras en los pagos a sus proveedores. A ello contribuirán, en su opinión, las leyes de factura electrónica y de deuda comercial, que han entrado en vigor este año.
El Ministro de Hacienda incidió en la necesidad de que el sector público no gaste ni un euro más del presupuestado y citó a uno de sus antecesores, José Echegaray, al asegurar que cualquier titular del ramo tiene «un santo temor al déficit».
Las cifras de déficit relativas a 2013 todavía están por conocerse, pero, volviendo a la deuda, no por previstas, e incluso cumplidoras de los márgenes establecidos (lo cual no es discutible) dejan de asustar menos.
En efecto, el Banco de España certificó ayer que la deuda pública cerró 2013 en un nivel histórico récord, al situarse en 961.555 millones de euros, representativos del 94% del Producto Interior Bruto (PIB) del país, tras crecer en otros 9.542 millones en diciembre y en la friolera de 76.891 millones en el conjunto del pasado año.
Eso significa que entre 2007, pistoletazo oficial de la crisis, España ha incrementado su pasivo público en casi 60 puntos de PIB -desde el 36,3% que sumaba la deuda en 2007 hasta el actual 94%-, es decir, prácticamente 580.000 millones de nueva deuda amasada en tan sólo seis años.
Y hay más. De esos 60 puntos, prácticamente 25 -en concreto, 24,7- se han acumulado en los dos años de legislatura de Mariano Rajoy: desde el 69,3% del PIB que suponía la deuda a finales de 2011, hasta el 94% actual. Las razones de este fuerte repunte hay que buscarlas, según el Gobierno, en el rescate bancario -más de 40.000 millones contabilizados a finales de 2012-, en el coste de financiar el déficit y en la factura social de la crisis, que ha elevado las partidas sociales, entre ellas, las prestaciones por desempleo.
Ayer mismo, el ministro de Economía, Luis de Guindos, se apresuró a resaltar que la deuda ha quedado «ligeramente por debajo» de las previsiones del Gobierno, que esperaba un 94,2%. Se cumpliría así la última proyección del Ejecutivo, pero tras haberla rectificado al alza en tres puntos, dada la imposibilidad de ajustarse a su cálculo inicial del 91,4%.
En declaraciones a su entrada a la reunión del Eurogrupo, Guindos excusó ayer el repunte de 2013 justificándolo, entre otras, en los planes de pago a proveedores (ya que se han llevado a cabo tres hasta el momento) o el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
Lo cierto es que la espiral de la deuda es tan incontenible, que el Gobierno da por seguro que el pasivo superará el 100 por ciento del PIB en 2015 y no bajará de esa cifra al menos hasta 2016.
Y está, además, el enorme lastre de los intereses de esa deuda: la Administración Central necesita cada mes una media de 2.400 millones tan sólo para hacer frente a la carga financiera de los intereses, según las estadísticas del Banco de España sobre los recursos y empleos del Estado según la Contabilidad Nacional, contenidas en su boletín del pasado diciembre.
No en vano conviene tener en cuenta que el servicio de la deuda entre 2007 y 2012 ha sido responsable del 20 por ciento del aumento de la cifra total del pasivo español, según puso de manifiesto el Banco de España en su boletín de julio-agosto.
El aumento de la deuda pública es un problema en toda la periferia de la zona euro y no faltan quienes defienden la necesidad de aplicar quitas y reestructuraciones para que la unión monetaria salga del atolladero.

Para revisar la página de origen haga click aquí